Iglesia denuncia condiciones penales tras motín en Tacumbú

La Iglesia católica expresó este viernes su preocupación por las pésimas condiciones de vida en las cárceles del país e hizo énfasis en el hacinamiento, la corrupción del sistema penitenciario y una violencia por parte de grupos criminales como la que este martes dejó siete muertes en el penal de Tacumbú.

Los presos fallecidos fueron víctimas de un guerra interna entre 2 clanes por el control de esa prisión, en medio de un motín organizado en protesta por el traslado ese día a otro centro de uno de los líderes de esos grupos.

Ante esos acontecimientos, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), manifestó en un comunicado que ello muestra el estado en el “que se encuentran nuestros reclusorios y todo el sistema penitenciario paraguayo”

“Los hechos evidencian que de nada sirve una superestructura para recluir a las personas que tienen cuenta pendiente con la Justicia si sigue imperando la alta corrupción en las cárceles y si no se realiza una profunda reforma penitenciaria”, según la nota.

En ese sentido, los obispos lamentan “la falta de una acción – gestión eficaz y acertada para disminuir la población penal sin condena y evitar el hacinamiento que va en detrimento de los derechos básicos de toda persona humana”.

Asimismo, la CEP manifestó su preocupación por “la extrema violencia con las que actúan grupos criminales que condicionan con chantajes a las autoridades nacionales y tienen control sobre la población carcelaria”.

“Exhortamos al Gobierno nacional, el poder Judicial y al Legislativo a redoblar esfuerzos y desafiarnos a una mirada mucho más humana y humanizante a favor de las personas privadas de libertad”, concluyó el comunicado.

Durante el motín, protagonizado por alrededor de un centenar de presos, los internos causaron destrozos, quemaron colchones y tomaron como rehenes a 18 guardianes que fueron liberados tras la llegada de la ministra de Justicia, Cecilia Pérez.

Después de hablar con los líderes de la revuelta, la ministra dijo a los medios que sus exigencias fueron que no se iniciaran represalias por el motín, antes de conocerse que había fallecidos, e igualdad procesal para la población penitenciaria.

Los cadáveres presentaban heridas de arma blanca y tres ellos estaba decapitados.

Chaco: incautan cocaína, crack y armas

Los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Filadelfia, Chaco paraguayo, realizaron dos operativos contra el microtráfico en Loma Plata, en el marco del Plan SUMAR.

Primeramente, los agentes de la Senad allanaron una vivienda ubicada en el barrio Villa Paraguaya Nueva, núcleo A de la ciudad de Loma Plata, departamento de Boquerón.

En el lugar desmantelaron un sitio de venta de drogas al menudeo que estaba siendo dirigido por Victor Antonio Coronel Servín, paraguayo, de 36 años.

En el sitio fueron incautados 210 gramos de cocaína, equivalentes a 420 dosis; 64 gramos de crack, equivalentes a 450 dosis, 43 millones de guaraníes, dos revólveres de calibre 38 y 22, una motocicleta de la marca Honda, celulares, puñales y otros elementos.

Otro foco desarticulado

Posteriormente, la comitiva se trasladó hasta una vivienda ubicada en la Villa Primer Intendente de la misma ciudad. En dicho lugar procedieron a la detención de Pabla Ríos García, de 55 años. De su poder fueron incautadas dosis de cocaína, una escopeta y varios proyectiles, entre otras evidencias.

El IPS de CDE incorpora médicos especialistas y crea el servicio “Gineco-oncología”

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que son cuatro exresidentes que, anteriormente, prestaban servicios en la sede central y ahora brindarán atención en Alto Paraná.

Los médicos que se unen al equipo son: el endoscopista Paulo Sosa; la ginecóloga y oncóloga, Andrea Enciso; la ginecóloga Azaria Álvarez y el especialista en medicina interna, Rodrigo Mereles.

Con las nuevas incorporaciones, se habilitara el servicio de Gineco-oncología y se amplía los servicios de gastroenterología y endoscopia con la incorporación de más profesionales de salud al equipo médico del Hospital Regional de Ciudad del Este IPS.

Estos profesionales agilizaran la atención, además se evitará que los asegurados se trasladen hasta la capital para recibir atención de especialistas.

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La directora médica, Rocío Martínez, destacó que lo más importante es la creación del servicio de gineco-oncología en IPS-Alto Paraná, además del valor que representa la ampliación del personal médico para mejorar la atención a los asegurados.

Desde el IPS mencionaron que en muchas ocasiones los especialistas deciden trabajar por Asunción y alrededores, y no ir al interior del país, pero en este caso la predisposición de los médicos y el apoyo de las autoridades de la previsional hicieron que los asegurados del Alto Paraná cuenten con más médicos.

Para agendar citas, se puede hacer vía telefónica llamando al 080011 5000, opción gratuita para líneas baja, Claro y Vox, y desde cualquier línea al (021) 219 3000. Además, está disponible la opción de agendar citas a través del Aplicativo Mi IPS.

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Senado pide criptoinformes: datos serán claves para ley de regulación

Tras descubrirse la existencia del criptoshopping de la familia Zuccolillo que presuntamente evadió 300.000 dólares de pago a la ANDE, desde el Senado solicitaron informes a instituciones como Ingresos Tributarios y a la propia ANDE acerca de los números de las criptominerías legalmente establecidas.

En la sesión de ayer, la Cámara Alta aprobó varios pedidos de informes relacionados a la criptominería en Paraguay.

El primero va dirigido a la ANDE a la que se le solicita datos sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras.

El segundo, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios sobre los impuestos que efectivamente pagaron estas 52 empresas en los últimos años, a fin de verificar el nivel de aportes al fisco.

Este punto lo había adelantado ayer el senador Gustavo Leite, quien explicó que las criptominerías, en general, generan pocas fuentes de trabajo y que, probablemente, no pagan muchos impuestos en comparación a la cantidad de energía valiosa que se llevan del país, electricidad que será muy necesaria en un par de años.

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Igualmente, se solicita un informe sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras. Además, al Instituto de Previsión Social sobre los trabajadores inscriptos por las criptomineras en la seguridad social.

Otra solicitud va dirigida al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el cumplimiento de la legislación ambiental y acerca del impacto de la actividad criptominera en el ambiente. Todos los datos serán utilizados para terminar de laborar un proyecto de ley de regulación de la criptominería, aunque también existe otro que plantea directamente la prohibición.

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Esta serie de pedidos se da en coincidencia con un momento en el que las criptominerías están en la mesa de conversación de varias instancias, pero no precisamente por hechos positivos.

En el caso de la ANDE, está en marcha un operativo de caza de criptominerías clandestinas que son grandes consumidoras de energía, sin pagar un solo guaraní por ella y causando un desequilibrio al sistema eléctrico. Hay 64 denuncias ante el Ministerio Público.

A esto se suma el descubrimiento del criptoshopping de la familia Zuccolillo que, según una investigación periodística, utilizó el Nis del centro comercial declarado para actividad coporativa, pese a que se dedicaba a la criptominería, según detectó la propia ANDE, que le remitió una nota para notificarle sobre la detección de “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desa­rrollando actividades aso­ciadas a la minería de criptoactivos” y de la existencia de otro grupo de consumo mayor para este tipo de rubros.

En los meses en que se dedicó a esto, se produjo una pérdida de más de 300.000 dólares a la ANDE, monto que está a cargo del equipo jurídico de la institución, en lo relacionado al eventual reclamo.

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