Entre esos herbicidas destaca el paraquat, con un volumen de importación un 62 % superior al de 2014, y que está prohibido en al menos 36 países, entre ellos todos los de la UE por su “alta toxicidad” y sus efectos nocivos sobre la salud humana, la fauna y la vegetación, según la organización paraguaya Base Is.

Sin embargo, Base Is señaló que Paraguay importó este año un 8 % menos del herbicida glifosato, declarado en marzo como “probablemente cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (de la Organización Mundial de la Salud, OMS).

Entre 2009 y 2013, el país quintuplicó la cantidad de agroquímicos y herbicidas importados para su uso en los cultivos extensivos de soja y maíz, de los 8,8 millones de kilos de 2009, a los 43,8 millones adquiridos en 2013, de acuerdo con la fuente.

La preferencia por herbicidas como el paraquat frente al glifosato implicaría que Paraguay está optando por agroquímicos más potentes para uso en los cultivos de soja, debido a las resistencias que han desarrollado algunas malezas frente a ciertos compuestos, según la investigadora Inés Franceschelli, de Base Is.

La organización lamentó además que la liberación de 19 variedades de cultivos transgénicos en Paraguay en los últimos cuatro años haya incrementado el uso de agroquímicos, que tienen como resultado “el envenenamiento de comunidades enteras”.

Desde la Asociación de Guerreros de la Artritis (AGA), manifestaron una profunda preocupación por los casos de pacientes que han debido interrumpir su tratamiento debido a la falta de medicamentos esenciales para tratar su enfermedad, como el original de Adalimumab y el Tocilizumab.

Ambos son anticuerpos monoclonales, incluidos en el grupo de fármacos utilizados en el tratamiento de la artritis reumatoidea.

Señalan que llevan más de tres meses sin recibir los medicamentos indicados por su médico tratante, lo que ya está afectando su salud y bienestar.

Según denunciaron, las últimas dosis de Adalimumab se entregaron en octubre y las últimas dosis de Tocilizumab se entregaron en diciembre.

Aproximadamente 300 pacientes con la enfermedad dependen de estos medicamentos en el IPS y hacen un llamado urgente a las autoridades para que puedan tomar medidas ante la falta de suministros.

Hernán Giménez, director de la Agencia Nacional de Tránsito, expresó que la Ley Nº 7447/2025, es una normativa que si bien ya está en vigencia, se irá aplicando paulatinamente en cada municipio.

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En algunas localidades ya se comenzaron a implementar los nuevos costos de las habilitaciones vehiculares, así como indica la ley, sin embargo, en otras rechazan la medida, como Villa Elisa y Ñemby. Ante eso, Giménez aclaró que la normativa debe ser aplicada sí o sí.

“Tenemos la información de que algunos municipios no quieren aplicar, pero esto es ley hoy día y me obliga a mí al control y aplicación de la misma”, expresó en conversación con la radio Universo 970/Nación Media.

La legislación promulgada el 6 de enero y en vigencia desde el 13 de enero establece el método para fijar los costos mínimos de las habilitaciones de motocicletas, automóviles, autobús, ómnibus, automóvil de carga, camioneta, camión, tractocamión, furgón, maquinaria de transporte y trenes tomando como base el jornal diario.

Giménez xplicó que, cada comuna está en su derecho de presentar una acción de inconstitucionalidad, así como lo anunció la Municipalidad de Villa Elisa, pero desde la Agencia Nacional de Tránsito también tomarán acciones legales y remitirán los casos a la Procuraduría General de la República.

“Están cometiendo a una falta grave que es no cobrar el impuesto que no corresponde, la Procuraduría tomará el timón e irá a analizar qué es lo que ocurre en el municipio”, agregó el titular de la Agencia Nacional de Tránsito.

Más de 14 organizaciones fueron convocadas para una manifestación pacífica en rechazo a la nueva Ley que unifica costos de patentes y contra las nuevas tarifas de los peajes.

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A las 8 hs de este martes 21 de enero, conductores de diferentes rubros se congregarán en el km 17/5, en zona del ex Aratiri, en Capiatá para exigir que se suspendan las nuevas disposiciones.

“Nuestra posición es firme, que se suspenda. Ya reculó el Gobierno en ciertas cuestiones, este es el momento que tiene que recular y su reculamiento va a tener un alto sentido social porque no podemos estar pagando esa suma que ellos de la noche a la mañana decidieron alzar”, expresó el presidente del Sindicato de Trabajadores en Moto, Federico Ferreira, a la radio 650 AM.

Bajo el lema de “No al aumentazo de habilitaciones y peajes”, se espera que muchas personas, principalmente trabajadores delivery, conductores de plataformas y taxistas, participen de la movilización.

“En su momento también estuvimos en las calles contra la suba del combustible, hoy nos vemos obligados otra vez a convocar a una gran manifestación. Hay mucha gente que depende para vivir trabajando sobre ruedas”, agregó.