El Ing. Carlos Heisele, ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) durante el gobierno de Federico Franco (2012-2013), fue imputado por el Ministerio Público en la jornada de ayer por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de autor.

Los fiscales José Dos Santos y Martín Cabrera, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, fueron los encargados de dar seguimiento al caso y solicitar la imputación del Ing. Heisele.

Además del ex titular de la ANDE, también fueron imputados Mónica Rodríguez (asesora jurídica de la ANDE), Jacinto Bernal (ex asesor de presidencia de la ANDE), René Aranda y Ángel Javier Galeano (abogados vinculados a la indemnización).

El caso originalmente se remonta a la época en la que Carlos Heisele se desempeñaba como presidente de la institución (entre 2012 y 2013). En aquel entonces, en su carácter de administrador de la ANDE, habría autorizado el pago indebido de indemnizaciones para varios propietarios de inmuebles de la franja de dominio de la línea de 500 Kv que se encontraba en proceso de construcción.

La investigación señala que los montos eran mayores a los fijados por el Departamento de Topografía de la ANDE. Este hecho generó un perjuicio patrimonial para la institución superior a los G. 9.000 millones.

En comunicación con ABC Cardinal, el Ing. Heisele manifestó que la noticia de la imputación lo tomó de sorpresa y ni siquiera estaba enterado de que se había dado algún seguimiento al caso. “Nunca fui llamado a declarar ni tampoco fui consultado por ningún organismo de investigación”.

El mismo señaló que, en el momento que salió a la luz pública la denuncia del caso, había llegado hasta el Ministerio Público para manifestar su interés de que todo llegue a esclarecerse y además prestando el apoyo necesario para dar seguimiento a la investigación.

“Me puse a disposición de la Fiscalía en aquella oportunidad, más o menos en febrero del 2013, desde aquella vez nunca me notificaron ni me pidieron aclaración, porque sobre ese tema era realmente una cuestión bastante delicada. Siempre hemos manifestado en medios periodísticos la situación y se han tomado notas de violencias que había en el proceso de liberación de franjas”, expresó a la 730 AM.

Heisele también recordó que cuando asumió la presidencia de la ANDE en julio de 2012, la prioridad era tener la línea de 500 Kv lista, asegurando inclusive que “si esa línea no se terminaba, hoy día la situación iba a ser dramática”.

El ex presidente de la ANDE cuestionó a sus antecesores y dijo: “Los administradores anteriores avanzaron poco y nos quedamos con el grueso del trabajo. Es un trabajo grande, transparente, tuvo participación toda la gente, eso se ha demostrado y se han tenido todas las documentaciones al respecto que avalan nuestro proceder y por qué se hizo de esa manera”.

Reiteró que dentro de todo lo ocurrido, lo sorprendió de sobremanera el hecho de que se lo haya imputado en categoría de autor de un daño patrimonial, pero de igual manera se pone a disposición de la justicia para que el hecho pueda ser aclarado.

Según la Resolución SDCU N.º 1234/2024, la firma incurrió en una infracción a la Ley 1334/98 de Defensa del Consumidor, al ofrecer en redes sociales vehículos con una entrega inicial de G. 2.000.000 y cuotas mensuales de G. 750.000, sin dejar claro que dichas condiciones estaban sujetas a un contrato posterior con cláusulas poco accesibles para el consumidor.

El denunciante señaló que abonó los G. 2.000.000 en concepto de entrega inicial, pero nunca recibió el vehículo prometido. Al solicitar la devolución del monto, la empresa argumentó que se trataba de una “cuota de suscripción no reembolsable”, algo que no fue informado con claridad al momento de la contratación.

Tras el análisis del caso, SEDECO resolvió ordenar la devolución íntegra del dinero abonado por el afectado, imponer una multa de 100 jornales mínimos (G. 10.762.700) a la empresa, declarar a Auto Fácil responsable de violar el derecho a la información clara y veraz, además de ordenar medidas correctivas, como mejorar la redacción de contratos y brindar atención inmediata a los reclamos.

La institución recordó que toda publicidad debe ser clara, completa y comprensible. El uso de términos ambiguos o engañosos constituye una práctica abusiva sancionada por ley. “El derecho del consumidor a recibir información clara y veraz es irrenunciable. SEDECO seguirá actuando con firmeza ante abusos en las relaciones de consumo”, señala el comunicado oficial.

Los consumidores pueden presentar sus denuncias a través de este enlace.

“Hay un equipo multidisciplinario coordinando los esfuerzos, no es la primera vez que nos ocurre, ya hemos enfrentado, estoy seguro de que encontraremos empresas del sector privado que no se van a adherir”, contestó Santiago Peña en relación al anuncio del paro del transporte para el 21 de julio por 72 horas.

En caso de que no se pueda evitar la medida de fuerza, las instituciones del Estado saldrán a las calles con sus buses para cubrir los itinerarios más importantes y evitar que la ciudadanía se quede sin movilidad.

En cuanto al largamente anunciado proyecto de la reforma del transporte público, el presidente anunció que, si todo sale bien, lo presentará oficialmente la próxima semana. Dijo que el problema es estructural y que ninguna de las partes se siente conforme con el sistema actual que está colapsado.

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Una de las bases de la reforma será el método del subsidio, que, en lugar de ser por pasajero, pasará a pagarse por kilómetro recorrido, tal cual ocurre hoy con el bus nocturno Búho.

“Hoy se paga en función al pasajero, cuando hay muchos pasajeros, todos salen a buscar, cuando hay pocos, no salen”, reconoció.

En cuanto a los buses eléctricos de Taiwán, Peña contó que las licitaciones ya están en curso y que en este momento se encuentran en etapa de construcción de las estaciones de carga, tomando en cuenta que son eléctricos.

Respecto a la suba del precio del combustible, recordó que Petropar contuvo el impacto en el momento en que los emblemas privados alzaron sus precios, y que, en ese entonces, los usuarios se volcaron a las estaciones de Petropar, lo cual disminuyó el stock antes del tiempo estimado. Agregó que el reajuste dispuesto ahora es apenas la mitad que lo establecido por los demás, por lo tanto, la estatal sigue teniendo los precios más bajos del mercado.

COMBUSTIBLE CATARÍ

Respecto a la demora del combustible catarí, Peña indicó que están tratando de incorporar un nuevo oferente, ya que Catar no es un proveedor tradicional, en cambio, tener otro les permitirá mayor competitividad.

“Tenemos todos los resguardos legales, están las pólizas, si no llega, no va a implicar ninguna pérdida, sino un ingreso”, afirmó.

Por otro lado, informó que el paquete de siete leyes económicas anunciado ayer por varios ministros del Poder Ejecutivo, también se presentará la próxima semana.

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El viceministro Emiliano Rolón indicó que la decisión tomada por los transportistas es innecesaria debido a que se está trabajando coordinadamente en cada ítems que los empresarios reclaman.

Para él, la medida solo perjudicará más a la ciudadanía, por lo que, ya adelantó que activarán un plan de contingencia en caso de que se lleve a cabo el paro.

“Si no da el resultado que queremos, ya estamos trabajando en nuestro plan de contingencia, que significa poner buses de distintas entidades del sector público a disponibilidad de la ciudadanía. He hablado con presidentes de dos gremios importantes ellos han manifestado a apoyar los días de paro con sus flotas también”, expresó a la radio 650 AM.

Fernández comentó que se trabajará con Asesoría Jurídica para determinar si la medida cuenta con sustento legal porque, de acuerdo a sus declaraciones, es desproporcional, injustificado y causa daño a la ciudadanía.

“Todo paro tiene que respetar todos los procesos y tiene que ser evidentemente un llamado que se justifique. No entiendo la lógica, ¿tres días a someterles a una amenaza de paro a la ciudadanía? Yo califico de desproporcionada, lastimosa, penosa e innecesaria a la medida", agregó.

Tras la asamblea que realizaron los gremios de transporte se determinó paro general para el 21 de julio.

La actualización de la tarifa técnica, el pago de subsidio y el subsidio al pasajero, son los pedidos principales de los gremios.