El fiscal Luis Piñánez se encarga de la investigación de oficio de presunto prevaricato que involucra al juez de San Estanislao, San Pedro, Crescencio González, quien con su resolución trabó por un momento la extradición del narco Jarvis Pavâo.

“La expectativa de pena del prevaricato es de hasta cinco años, sin embargo, en casos graves va hasta 10 años”, comentó el fiscal Piñanez en entrevista con la 970 AM.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá quitarle los fueros para así dar curso a la investigación.

El representante del Ministerio Público explicó que el prevaricato se da cuando un magistrado o árbitro viola la ley, con la finalidad de favorecer a una de las partes.

Señaló que la legislación tipifica este tipo de delitos, a los efectos de dejar en claro que nadie está por encima de la ley.

Jarvis Chiménes Pavâo fue extraditado esta mañana al Brasil, luego de compurgar su pena en Paraguay. En su país natal lo espera una condena de más de 17 años por lavado de dinero y narcotráfico.

La Dinavisa emitió una nueva alerta sanitaria tras recibir reportes de otras agencias internacionales, en este caso puntual, de la Anvisa de Brasil y de la FDA de Estados Unidos.

La advertencia guarda relación sobre casos de falsificación de toxina botulínica Botox 100U (toxina botulínica A), utilizado en el ámbito de la cirugía estética.

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Desde el año pasado hasta la fecha, se han identificado unidades adulteradas o falsificadas de los lotes: C7746C3 (val. 04/2025); C7211C4 (val. 08/2026); C3709C3 (val.05/2025); C6835C3 (val. 10/2024 y 12/2024); y C7654C3F.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) logró detectar versiones falsificadas e inseguras de Botox en varios estados y que llegaron a ser administradas a varias personas con fines cosméticos.

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Los síntomas en caso de recibir este tipo de productos adulterados incluyen visión borrosa o doble, dificultad para tragar, boca seca, estreñimiento, incontinencia, dificultad para respirar, debilidad y dificultad para levantar la cabeza después de la inyección, entre otros.

Dinavisa confirmó que, hasta el momento, no cuenta con registros sanitarios vigentes para la marca del mencionado producto, aunque de igual manera decide emitir esta alerta para poner en conocimiento a la población, principalmente a médicos cirujanos y pacientes.

Mediante gestiones hechas a través de Yacyretá, la Gobernación de Ñeembucú, las intendencias y el MOPC, el segundo del Ejecutivo, Pedro Alliana, concretó una serie de medidas para ayudar a los pobladores de este departamento.

“Hablamos con la ministra de obras, conseguimos más maquinarias para hacer la limpieza de los canales, por la cantidad de agua están inundados los campos y ciudades, es una situación muy difícil en Alberdi y Pilar”, comentó Alliana.

Lastimosamente, los cultivos se perdieron, prácticamente en su totalidad, con lo cual, los productores quedaron sin rubros de autoconsumo. Como un parche al problema fueron enviados kits de alimentos para abastecer a los afectados, a través de la SEN, Yacyretá y la Gobernación.

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Alliana reconoció que la situación es preocupante, no solamente en Ñeembucú, sino también en otros departamentos del sur del país.

Varios tramos de los caminos reparados tras el temporal nuevamente quedaron destrozados con las últimas lluvias y tormentas. “Esperemos que calmen las lluvias y podamos volver a trabajar”, expresó Alliana.

Una vez que el fenómeno dé una tregua, el Ministerio de Agricultura y Ganadería asistirá a los productores con semillas y mediante la preparación de suelos para que vuelvan a generar cultivos.

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La Sala Constitucional de la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González, pero no hizo lugar a la medida cautelar que solicitó de suspender los efectos de la resolución de pérdida de investidura.

Los ministros de la Corte, Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel, fueron quienes rubricaron el documento dado a conocer en la fecha.

El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.

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