La fiscala Milena Basualdo, en conversación telefónica con la 650 AM, refirió que una niña de dos años fue diagnosticada con muerte cerebral tras ser brutalmente golpeada. Existe la sospecha que fue la madre la responsable, de nombre Tamara Gonzalez, quien se puso nerviosa y entró en contradicciones cuando se le preguntó de donde salieron tantos hematomas. “Primero dijo que (la niña) se cayó del tobogán, luego de la cama, después en la bañera”, informó.

Contó que tras la inspección realizada por la médica forense del Ministerio Público, formularon imputación por lesión grave contra la progenitora. Este hecho posee una pena de hasta 10 años de cárcel. Además de esto, la mujer tiene una denuncia por violación del deber de cuidado con otra hija en la ciudad de Fernando de la Mora, según indicó.

La agente refirió que la fiscal de la Niñez y Adolescencia, Fátima Escobar, fue quien realizó la denuncia correspondiente para que pueda tomar intervención y acotó que será su colega quien decidirá el rumbo de los demás hijos de la sospechosa, ya que la misma tiene una bebé de siete meses y otras tres hijas.

Basualdo detalló que mañana las actuaciones serán remitidas a Santa Rosa, Misiones, de donde es oriunda la familia.

“Ella presentaba una serie de hematomas, tenía golpes internos y otro a nivel encefálico. La verdad que con las heridas que tiene, realmente es algo desgarrador esto, como padre de familia. Evidentemente esta niña tuvo mucho sufrimiento, porque las magulladuras que tiene en el cuerpo no son normales. Es una triste realidad nuestra”, lamentó el doctor Felipe González, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), donde está internada la menor.

La investigación de la muerte de los militares que arrastrados por el raudal hasta el arroyo Lambaré el pasado 2 de noviembre, está prácticamente varada por errores de la propia justicia, según denuncian familiares de la Fuerza Pública.

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Durante una entrevista en la radio Universo 970/Nación Media, la representante de los familiares, Nelly Cortesí, lamentó que hasta el momento no hay ningún castigo a los supuestos responsables de la desaparición de los sargentos.

El próximo 2 de mayo se cumplen 6 meses que los sargentos Alexis Sosa y Domingo Ríos, quienes circulaban en una camioneta rumbo al domicilio de un general, fueron arrastrados por el raudal. El vehículo terminó en el arroyo Lambaré, debido a que, la desembocadura no contaba con una valla de protección.

Ese hecho fue motivo para que, en diciembre, el jefe comunal sea imputado por homicidio culposo e intervención peligrosa en el tránsito terrestre.

Cortesí explicó que desde ese diciembre, la justicia envió 4 notificaciones para avanzar con la imputación del intendente, pero todas fueron comunicadas con “error”, las cuales frenaron el proceso.

“Notificar mal en cuatro ocasiones ya está de más, me parece que es una falta de respeto a la memoria de los militares fallecidos. No hay avances en la investigación, lastimosamente la justicia no está actuando como debería”, expresó Cortesí.

La imputada está identificada como Érika Melgarejo González (28), quien se encuentra privada de libertad y enfrenta cargos por los delitos de producción de riesgos comunes y amenaza de hecho punible.

El hecho ocurrió en una residencia donde funciona un consultorio odontológico ubicado en el kilómetro 5,5 del referido barrio de la capital del Alto Paraná, propiedad de la Dra. Myrian Vanesa Cabral González.

Según la investigación, la presunta autora llegó al lugar con un recipiente en mano que contenía combustible, tras cerciorarse de que nadie estaba dentro del local, derramó el líquido inflamable y le prendió fuego. Todo el movimiento de la sospechosa quedó registrado en la filmación del circuito cerrado del local.

La dueña del lugar, quien pudo observar a través de las grabaciones lo que estaba ocurriendo, acudió rápidamente hasta el sitio, donde fue agredida por la atacante, quien además la amenazó. La afectada alertó a los agentes policiales de la jurisdicción, quienes fueron al sitio y procedieron a la aprehensión de Melgarejo.

El asunto tendría como trasfondo una venganza contra los padres de la doctora Cabral, quienes tiempo atrás le habían alquilado una habitación a Melgarejo -que funciona al costado de la clínica odontológica- y luego la desalojaron por algunos problemas.

Los decomisos se realizaron en comercios y supermercados de Capiatá, según informaron desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

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Aparentemente, los locales intervenidos no cumplían con las medidas establecidas por la Ley de Pesca y Acuicultura para comercializar productos pesqueros. Igualmente, hallaron como piezas de animales silvestres, tampoco sin los permisos.

Se decomisaron aproximadamente 130 kilos de surubí pintado que, según el Mades, serán donados a entidades benéficas para su consumo.

La intervención fue llevada a cabo por técnicos de la dirección de Pesca y Acuicultura y la dirección de Fiscalización Ambiental del Mades.

Desde la institución recuerdan que la venta de animales silvestres y pescados sin medidas está sujeta a sanciones administrativas y penales.

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