Este domingo se confirmó la imputación de Ramón Pérez Hoyos y Andrés Pérez Hoyos por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo sucesivo y porte de armas agravado.

Los hermanos habían sido detenidos ayer por las autoridades colombianas luego de ser sindicados como cómplices del atentado que tuvo como víctima fatal al fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en mayo del año pasado en la isla de Barú, Cartagena.

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Los dos detenidos comparecieron en la jornada de hoy ante el Juzgado 12 de Control de Garantías de Cartagena. Durante su audiencia, aceptaron los cargos de los que se le acusan, lo que les permite la reducción del 50% de la pena.

Los hermanos Pérez Hoyos admitieron haber sido los encargados de entregar 1.500 millones de pesos colombianos a Francisco Correa Galeano para financiar el atentado que acabó con la vida de Pecci.

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Con esto, suman en total siete procesados por el crimen del fiscal paraguayo, incluyendo a Wendret Still Scott Carrillo, Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño (condenados a más de 23 años de cárcel tras aceptar los cargos) y Francisco Correa Galeano (aún sin condena al declararse inocente).

La declaración fue establecida en virtud de la relevancia histórica, cultural, productiva y simbólica en torno al cultivo, industrialización, innovación y difusión de la yerba mate en la mencionada localidad.

En ese sentido, el documento insta a las instituciones públicas y privadas vinculadas a la cadena de valor de la yerba mate, a reconocer formalmente esta denominación en acciones promocionales, educativas, culturales y productivas.

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“En esta ciudad se encuentran algunas de las empresas más antiguas y emblemáticas dedicadas a la producción de yerba mate del país, cuya trayectoria ha contribuido, decisivamente, al posicionamiento del producto paraguayo en los mercados regionales e internacionales”, reza una parte de la exposición de motivos de la iniciativa.

Se establece además, remitir copia de la presente declaración a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), para su debida constancia, en atención a la marca registrada “Capital Nacional de la Yerba Mate”.

Este miércoles quedó conformada la Conade y estará presidida por el Ministerio del Interior, con la participación de la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la Dirección Nacional de Migraciones, MITIC, y otras instituciones del Estado.

El ministro del Interior, Enrique Riera, expresó que aunque la Ley Mafe continúa su curso legislativo, hay una problemática que ya debe ser abordada mientras la propuesta es debatida en el Congreso, por eso se conforma la Comisión.

El proyecto de ley que crea el registro de personas desaparecidas y el sistema de Alerta, lleva el nombre Mafe en memoria de la adolescente María Fernanda, asesinada el 27 de mayo pasado, ya cuenta con media sanción en Diputados.

“El Ejecutivo está total y absolutamente convencido que esto tiene que arrancar y ya, por eso se constituye el CONADE hoy, tenemos trabajos por delante, tenemos protocolos, reglamentos que hacer”, expresó Riera.

Refieren que con la Conade apunta a fortalecer el marco legal y operativo que permita brindar una respuesta rápida, articulada y humana ante cada caso de desaparición, incorporando tecnología, articulación territorial y acompañamiento institucional a las familias afectadas.

La agente fiscal Claide Acosta, titular de la Unidad Penal n.° 1 de la Fiscalía Barrial N.° 9 de Asunción, abrió una carpeta investigativa por la presunta comisión del hecho punible de amenaza de hechos punibles, ocurrido en un colegio de la capital. Según la denuncia, un exalumno habría amenazado a otro estudiante con cometer actos violentos.

En atención a los elementos presentados, la representante del Ministerio Público emitió una orden de detención contra el presunto autor, identificado con las iniciales J.J.N.M., en el marco de la denuncia formulada en la fecha por la madre del adolescente afectado.

Asimismo, la fiscal solicitó a la Policía Nacional y a las autoridades del centro educativo la individualización urgente del sospechoso, presuntamente exalumno de la institución, a fin de avanzar con la identificación y recolección de elementos que permitan esclarecer el hecho.