La fiscal Diana Gómez presentó imputación contra una pareja presuntamente implicada en un asesinato ocurrido en el distrito de Juan E. O’Leary. Los procesados son Juan Andrés Báez Diarte y María Concepción Bogarín Maidana, quienes afrontan cargo por el hecho punible contra la vida (homicidio doloso).

El hombre está privado de su libertad y recluido en el calabozo de la Dirección de Policía de Alto Paraná con pedido de prisión preventiva. Mientras que la mujer se encuentra con paradero desconocido y con requerimiento de rebeldía.

Según la investigación, el crimen se produjo el 1 de mayo pasado, a las 06:15 horas aproximadamente, a unos 30 metros de la Ruta PY02, barrio Centro, distrito de Juan E. O’Leary, resultando víctima fatal Walter Abel Duarte Patiño (22), quien sufrió una herida de arma blanca.

En esa oportunidad, los supuestos criminales circulaban en una motocicleta Kenton, de color rojo, y al llegar frente a la sucursal de la cooperativa Ayacapé alcanzaron a la víctima, su hermano Líder Duarte Patiño y otros jóvenes, momento en que Juan Andrés detuvo la marcha del biciclo.

Seguidamente, la mujer le pasó un cuchillo al sindicado y éste aplicó una puñalada a la víctima, a la altura del pecho izquierdo, quien cayó al suelo gravemente herido. A continuación, los presuntos autores huyeron del lugar y el acuchillado fue trasladado de urgencia al Centro de Salud, donde se constató su deceso.

“Shock hipovolémico por herida con arma blanca”, fue la causa de la muerte, según el diagnóstico del médico forense del Ministerio Público, Dr. Hugo Céspedes.

Intervinieron en el caso la agente fiscal Diana Gómez y agentes de la comisaría 11ª de O’Leary. Tras las primeras diligencias, fue detenido Juan Andrés Báez Diarte, durante un procedimiento realizado en una zona boscosa del barrio Tacuaró, a mil metros aproximadamente de la Ruta PY02.

El mismo, tras su imputación, quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías y deberá ser remitido a prisión. Ahora, las autoridades buscan a María Concepción Bogarín Duarte.

El presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), José Fernando Duarte, reveló en entrevista con el programa La Caja Negra (Unicanal) los intentos de injerencia por parte de sectores económicos y dirigenciales interesados en blanquear ofertas académicas.

“No tenemos que tener miedo a los grupos de presión ni a los poderes fácticos en Paraguay. Tenemos que enfrentarlos a cara descubierta y denunciarlos públicamente. Hay grupos empresariales y políticos, dueños de universidades, que quieren presionar para conseguir acreditaciones”, sostuvo.

Dejó en claro que esos pedidos no corren. “Con los piratas de la educación superior no hay que negociar; a los piratas de la educación hay que aniquilarlos con la ley en la mano”, sentenció.

500 funcionarios bajo la lupa

Por su parte, el viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, admitió que el proceso de limpieza será complejo pero firme por directiva del Poder Ejecutivo.

En el marco del sumario administrativo general abierto en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), aproximadamente 500 funcionarios están siendo investigados por presuntas vinculaciones con hechos irregulares dentro del circuito de registro y validación.

“Evidentemente el problema es grande y se viene arrastrando desde hace años. Es un proceso que llevará su tiempo, pero ya empiezan a saltar datos contundentes. Algunos de los responsables seguramente van a terminar en la cárcel”, advirtió Cohene.

El viceministro aclaró además que se trabaja para deslindar responsabilidades y destacó que hay un importante grupo de servidores públicos que realiza tareas extraordinarias para transparentar el sistema.

Ante el clima de desconfianza generado alrededor de las certificaciones universitarias, Cohene reconoció que el mercado laboral atravesará por una etapa de rigurosidad excepcional, donde empresas e instituciones requerirán pruebas complementarias de competencia para validar la capacidad real de los profesionales.

Asimismo, reconoció las limitaciones actuales del sistema, ya que la verificación actual se limita a aspectos meramente formales de los documentos (firmas y certificados) sin auditar la trayectoria del estudiante.

Sin embargo, prometió una solución de fondo en el corto plazo. “Estamos en proceso de implementación de un sistema en el que se tenga la trazabilidad completa del estudiante. Adelantamos que en seis meses el MEC contará con un sistema tecnológico integral que permitirá controlar todo el proceso desde el inicio. Hay personas inocentes y estudiantes estafados perjudicados por esta práctica criminal, pero el propósito es limpiar y devolverle la credibilidad a la educación superior del país”, dijo la autoridad.

Por otro lado, los estudiantes que actualmente se ven afectados por las irregularidades en sus universidades están analizando la posibilidad de realizar manifestaciones, ya que nada tienen que ver con el problema, pero de igual manera terminan afectados.

A las 05:00 de la madrugada, en el asentamiento 1.º de Marzo, de la Colonia Naranjito, la fiscal María Irene Álvarez, de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico N.º 3 de Asunción,encabezó el allanamiento con apoyo de personal de la FOPE.

En el lugar detuvieron a Jimmy Dickson Rizon, de 42 años, de nacionalidad brasileña, presunto financista de las producciones.

Los intervinientes incautaron un subfusil calibre 5.56, marca Czech Small Arms, con su cargador y 13 cartuchos; una pistola calibre 9 mm, marca CZ, con su cargador y 17 cartuchos, además de aparatos celulares, anotaciones y documentos varios.

Por su parte, la fiscal Pamela Pérez, de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico N.º 3 de Asunción, estuvo a cargo de otro allanamiento con apoyo del personal de la GEO-Canindeyú.

A las 05:30, en el asentamiento Santa Lucía, fue aprehendido Cristiniano Ferreira, paraguayo, de 69 años, quien contaba con una causa por supuesto hecho de invasión de inmueble ajeno y coacción.

El tercer allanamiento, liderado por la fiscal María Irene Álvarez , fue a las 08:00, en la Colonia 1.º de Marzo, distrito de Ybyrarovana, donde detuvieron a Christian David Arévalos (19).

Incautaron una escopeta calibre 12, marca Maverick, con tres cartuchos sin percutir; una motocicleta Kenton Hunter 230; un par de ligas de goma; un pasamontañas; un guante táctico; un cinturón de cáñamo con portacartuchos; un chaleco táctico; una funda para pistola; una campera tipo camuflado y dos tarjetas porta SIM de la empresa Tigo.

Ricardo Soria, familiar de un paciente internado en el Instituto de Previsión Social (IPS), comentó que los medicamentos hallados en el albergue habrían sido donados de manera voluntaria para su posterior entrega, sin costo, a quien lo pudiera necesitar.

“Nunca nadie se acercó a decirme ‘te vendo un remedio’. Es una farmacia solidaria donde traen todo tipo de remedios, desde analgésicos para arriba”, refirió en entrevista con el canal GEN.

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En este caso, los productos descubiertos en el sitio serían parte de un remanente que los mismos familiares decidieron donar al no tener necesidad de seguir usándolos, a fin de ayudar a otras personas en su misma situación.

“Está en mi voluntad ir a donar si es que yo quiero. Me presento en la farmacia, le entrego a la encargada y le digo ‘estos remedios quiero donar para alguna familia que necesite’. La encargada le quita una foto y manda al grupo de WhatsApp donde estamos todos los familiares”, añadió.

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Sobre la presencia de medicamentos de uso controlado, admitió que difícilmente podrían llegar a parar a esta improvisada farmacia, salvo que pudiera existir complicidad de los mismos funcionarios del IPS.

Soria considera que la mujer acusada de la venta irregular de fármacos habría cometido un error al intentar comercializar uno de los productos que tenía en su poder, siendo que en todo momento fueron proveídos gratuitamente. “Su pecado fue escribirle en privado a esa persona, ella le dice ‘te vendo más barato’, esa persona denunciante quería gratis”, acotó.