Esta mañana se realizó la inauguración oficial de las nuevas instalaciones del Centro Educativo de Itauguá (ex Panchito López).

El acto contó con la presencia del presidente de la República Horacio Cartes, el ministro de Justicia Ever Martínez, integrantes del Gabinete, representantes del Poder Judicial, entre otras autoridades y miembros de organizaciones de la sociedad civil.

Durante su discurso, el ministro de Justicia Ever Martínez destacó la gestión del Gobierno Nacional para hacer realidad la construcción de este nuevo complejo habitacional para los 128 adolescentes que se encuentran en el lugar.

Recordó que dicha institución tiene como doloroso antecedente el hecho de que en el pasado haya funcionado como una penitenciaria de menores bajo el nombre de “Panchito López”, hoy día transformado a un centro educativo y dejando de lado las anteriores prácticas.

“Siguiendo la directiva de estar cerca de la gente y atender a los más carenciados, hemos impulsado el cambio del viejo modelo de atención a los adolescentes con el fortalecimiento de la labor de los equipos técnicos de psicólogos, trabajadores sociales, personal de blanco y agentes educadores, con un enfoque amplio que incluya la salud física y mental, la calidad de vida y que abarque también la participación de las familias y las comunidades”, mencionó el ministro Martínez.

Asimismo, aseguró que desde el gobierno impulsaron estas mejoras y se ocuparon del déficit en materia edilicia bajo el convencimiento de que espacio físico adecuado y el personal calificado son condiciones para la gestión exitosa de la tarea de inculcar valores a los jóvenes, al tiempo de enseñarles habilidades útiles para la vida en libertad.

El titular del Ministerio de Justicia manifestó que “no podían hablar de dignidad humana ni de una nueva oportunidad para estos jóvenes” siendo que no se habían realizado trabajos para mejorar las condiciones y la infraestructura. También cuestionó a “anteriores gobiernos se han llenado la boca con discursos”, reclamando que no se ocuparon de eliminar el hacinamiento y poner las mínimas condiciones para los adolescentes que residen allí.

“La inversión de casi 2 millones de dólares no es solo la inversión en un edificio nuevo, es una inversión social para que jóvenes paraguayos tengan una primera oportunidad que como sociedad les estamos dando, una oportunidad para que con esos nuevos valores y habilidades puedan convertirse en seres útiles a sí mismos y a la sociedad, alejados del delito y con una vida digna”, sostuvo Martínez.

Las nuevas instalaciones del Centro Educativo de Itauguá representan un cambio de modelo, ya que se pasa del antiguo sistema de pabellones, en el que varios jóvenes vivían hacinados y sin condiciones adecuadas, a otro sistema más moderno, con habitaciones que cuentan con todas las comodidades.

Las nuevas instalaciones incluyen 2 bloques habitacionales con 30 dormitorios cada uno junto con un sector de admisión para los nuevos internos que contará con oficinas específicas para el equipo de profesionales. A partir de ahora, la distribución será de dos adolescentes por habitación, eliminando de esa manera el hacinamiento que se registraba anteriormente con hasta 50 o 60 jóvenes por pabellón.

En el marco de la celebración por el Día del Niño, el Observatorio del Ministerio Público presentó un análisis de sus registros estadísticos sobre hechos punibles vinculados con la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Entre enero de 2020 y julio de 2026 fueron registradas un total de 110.886 causas correspondientes a ocho categorías.

El incumplimiento del deber legal alimentario encabeza el relevamiento, con 48.832 causas, equivalente a cerca del 44% del total. Le siguen el abuso sexual en niños, con 21.839 casos; la violación del deber de cuidado o educación, con 13.564; la pornografía relativa a niños y adolescentes, con 13.379; y el maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, con 9.983. Estas cinco categorías concentran aproximadamente el 97% de todas las causas analizadas.

En cuanto al abuso sexual en niños, el Ministerio Público registró 21.839 causas durante el periodo estudiado. El mayor número entre los años completos se produjo en 2022, con 3.814 casos. Los datos complementarios señalan que, dentro de los registros considerados, la franja etaria consignada se ubica entre los 10 y 13 años y el 84% corresponde al sexo femenino.

Otro indicador que muestra un crecimiento sostenido es el relacionado con la violación del deber de cuidado o educación. Las causas pasaron de 1.473 en 2020 a 2.706 en 2025, lo que representa un aumento aproximado del 84%. Hasta julio de 2026 se contabilizaron otras 1.606 causas, llegando a un acumulado de 13.564.

Los registros también incluyen hechos vinculados con entornos digitales. La pornografía relativa a niños y adolescentes acumula 13.379 causas desde 2020, mientras que el abuso por medios tecnológicos suma 54. En el primer caso, el 84% de las víctimas registradas corresponde al sexo femenino y la franja etaria consignada es de 14 a 17 años. En el segundo, el 81% corresponde al sexo femenino y la franja etaria se ubica entre los 10 y 13 años.

El maltrato de niños y adolescentes bajo tutela acumula 9.983 causas. Los registros muestran una evolución de 1.393 casos en 2020 a 1.623 en 2025, mientras que hasta julio de 2026 se contabilizaron 910. Los datos complementarios consignan una franja etaria de 5 a 9 años y señalan que el 51% de las víctimas registradas corresponde al sexo femenino.

Al comparar los años completos entre 2020 y 2025, la Fiscalía contabilizó 99.762 causas. El mayor registro anual se produjo en 2024, con 18.942 casos, seguido de 2022, con 17.587, y 2025, con 17.861. En los primeros siete meses de 2026 fueron registradas 11.124 causas, aunque este periodo no puede compararse directamente con los años completos anteriores.

El Ministerio Público aclaró que las estadísticas corresponden a causas ingresadas y no equivalen al número de víctimas, por lo que no debe establecerse una relación directa entre una causa y un niño, niña o adolescente afectado. Asimismo, los registros se encuentran sujetos a actualizaciones.

Los datos buscan dimensionar las situaciones que llegan al sistema de justicia y contribuir a orientar las respuestas institucionales. Desde el Ministerio Público se destaca la necesidad de fortalecer la prevención, la protección y la intervención especializada, preservando la dignidad, privacidad e interés superior de niños, niñas y adolescentes.

En las últimas horas transcendieron las identidades de las cuatro víctimas fatales que aún quedaban por ser identificadas, luego del percance vial ocurrido en el Km 48 de la Ruta PY02.

Se trata de Marcelo Ávalos, de 48 años, su esposa Fátima Silva Galeano, de 45 años, y sus hijos Fátima Sabrina y Fernando Jesús, de 9 y 18 años, respectivamente. Los mismos eran oriundos de la ciudad de Luque y se encontraban regresando de un viaje a Ciudad del Este.

La familia viajaba a bordo de un automóvil de la marca Toyota modelo Ractis que fue embestido por un camión cargado de ladrillos, el cual perdió los frenos y protagonizó este choque múltiple en la zona de la Compañía Pedrozo.

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El vehículo posteriormente acabó incendiándose, luego de chocar contra un poste de la ANDE. Sus cuatro ocupantes murieron calcinados en su interior, de acuerdo al reporte oficial.

Los hermanos de Marcelo Ávalos lamentaron esta tragedia que enluta a toda una familia y deja una pérdida imborrable. “Es un momento muy difícil por el que estamos pasando. Esta es una catástrofe”, afirmó uno de ellos al canal C9N.

El mismo expresó su cuestionamiento a las instituciones responsables de evitar que ocurran este tipo de accidentes, sobre todo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a quien reprochó duramente, más aún considerando los otros antecedentes trágicos en ese mismo punto de la Ruta PY02.

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El pedido unánime es que se pueda hacer justicia y que las autoridades competentes tomen las acciones debidas para evitar nuevas tragedias de esta índole. “Pedimos que tomen con seriedad para que esto sea un antes y un después”, expresó otro hermano del fallecido.

Cabe mencionar que la pequeña Fátima Sabrina este lunes debía cumplir un año más de vida, por lo que su penosa muerte genera un dolor aún mayor entre sus familiares y allegados.

Fulgencio Carrillo Mancuello, de 38 años, líder de la comunidad indígena Y’apó 5, se encuentra con paradero desconocido desde el pasado viernes 14 de agosto.

Este hombre fue visto por última vez aquel día en la zona de Corpus Christi, departamento de Canindeyú, de donde era oriundo, perdiéndose todo contacto con él desde aquel entonces.

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Reportes de medios locales indican que Carrillo supuestamente habría sido llevado por un grupo de hombres armados, con prendas camufladas y pasamontañas, quienes lo habrían obligado a abordar a la fuerza un vehículo.

Cabe señalar que Fulgencio Carrillo es hermano del también líder indígena Antonio Carrillo Mancuello, quien días atrás había sido abatido junto al docente Catalino Ramón Correa Acevedo, en el marco de la Operación “Redención” liderada por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

Desde la institución afirmaron que los dos abatidos presuntamente formaban parte de la estructura criminal liderada por Felipe Acosta Riveros, alias “Macho”, versión que genera dudas entre allegados y miembros de la comunidad.

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La camioneta Toyota modelo Hilux perteneciente al ahora desaparecido fue hallada totalmente incinerada en una zona boscosa de la citada localidad, aunque sin indicios que puedan contribuir a conocer su paradero.

La Policía Nacional y el Ministerio Público activaron la Alerta MAFE por desaparición de personas tras recepcionar la denuncia. El fiscal Oscar Paredes ya ordenó la búsqueda y localización de Fulgencio Carrillo.