Los reportes durante horas de la mañana refirieron que los primeros incidentes se dieron a causa de las largas filas de electores en los locales de votación. 

#EleccionesInternas2022 🇵🇾

Denuncian voto inducido en Seccional № 5

Una precandidata habría ingresado al cuarto oscuro junto con una persona de la tercera edad

Varios electores se indignaron y reclamaron el hecho. #1020AM pic.twitter.com/RRJoxxPBHJ

— Radio Ñandutí (@nanduti) December 18, 2022

Asimismo, se dieron problemas con la circulación de personas en el área del cuarto oscuro, discusiones en las mesas de votación y denuncias de personas que supuestamente fotografiaron las papeletas. 

#EleccionesInternas2022 🇵🇾

Anulan el voto de una mujer tras aparentemente fotografiar la papeleta de su voto en la escuela San Martín de Porres

➡️Además se registró una leve discusión en la mesa de votación con otros electores. #1020AM pic.twitter.com/QbM4EY2zdQ

— Radio Ñandutí (@nanduti) December 18, 2022

En Paraguarí se dio una situación particular con algunas máquinas de votación que no funcionaron, pero que finalmente las autoridades lograron resolver.

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🤯Riña a los golpes entre dos mujeres en un local de votación del distrito de Jesús de Tavarangue (Itapúa).

👉Supuestamente la pelea se dio por cuestiones personales.

Vía @Ro_wachugi #ParaguayDecide#Universo970AM pic.twitter.com/BdAEBa3TCV

— Universo 970 AM (@Universo970py) December 18, 2022

En Itapúa, se dio una riña a golpes entre dos mujeres en un local de votación. La disputa se habría dado por una cuestión personal, igualmente se tuvo la intervención policial. 

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Uno de los hechos más relevantes a lo largo de la jornada fue la denuncia de la empresa Coin, que manifestó que una de sus encuestadoras fue impedida a ubicarse frente a un colegio de Fernando de la Mora para realizar el trabajo de boca de urna.

De acuerdo a lo informado por la cartera sanitaria, la decisión se sustenta en un análisis conjunto realizado por la Dirección de Asesoría Jurídica y la Dirección de Administración Financiera del Ministerio de Salud Pública, que evidenció la necesidad de una revisión profunda del impacto de estos mecanismos sobre el ingreso mensual de los trabajadores.

“El objetivo es brindar una herramienta real de protección patrimonial a nuestros funcionarios, evitando descuentos y promoviendo una administración más consciente y autónoma de sus recursos”, sostuvo la ministra María Teresa Barán.

La rescisión de los convenios será efectiva en un plazo de 60 días a partir de la notificación formal a las asociaciones y entidades involucradas. No obstante, los trabajadores que deseen revocar antes su autorización de descuento podrán hacerlo mediante una nota dirigida a la Giraduría de Sueldos del Ministerio.

Cabe mencionar que, la medida no afecta los embargos judiciales vigentes, que continuarán su curso, sin perjuicio de que el área jurídica del Ministerio de Salud Pública brinde todos los datos necesarios a las autoridades que se encuentran investigando los hechos denunciados, así como orientación a los funcionarios afectados.

Finalmente, el Ministerio de Salud Pública anunció que impulsará capacitaciones en educación financiera para los funcionarios de la institución, con el fin de fortalecer la autonomía económica y la toma de decisiones sobre el uso de sus ingresos.

Mediante varios días de trabajo de campo realizado por personal de la 3ª Compañía de Búsqueda del Batallón de Inteligencia Militar, en coordinación con el Ministerio Público, Policía Nacional y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En el lugar también fueron detenidas dos personas, por tráfico ilegal de fauna silvestre, informó el Ministerio de Defensa Nacional.

Los detenidos fueron derivados a la Comisaría 1ª de Caacupé y puestos a disposición del Ministerio Público.

Cabe mencionar que se están realizando muchas tareas de inteligencia en apoyo al Ministerio del Ambiente de manera a desalentar el tráfico de animales silvestres.

Según la investigación, el hecho se descubrió este 19 de junio, cuando personal de la Penitenciaría Regional realizó una verificación rutinaria en el acceso al penal. Durante el control, detectaron un paquete sospechoso oculto en la cintura de Gómez Vázquez, que contenía 1,025 kilogramos de cocaína, tipo crack, envuelta con cinta de embalaje.

Los datos señalan que el agente penitenciario intentó introducir la droga de forma oculta entre sus ropas para su posterior distribución dentro del establecimiento. Tras la incautación de la sustancia prohibida, el hombre fue detenido y derivado a la Dirección de Policía departamental, siendo finalmente imputado.

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La Fiscalía fundamentó la imputación en el artículo 27 de la Ley 1340/88 sobre tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, y en los artículos 15 y 16, que tipifican el intento de suministro en lugares de reclusión, en concordancia con el artículo 29, inciso 1º, del Código Penal.

Debido a la complejidad del caso, el fiscal Manuel Rojas Rodríguez solicitó un plazo de investigación de tres meses para reunir más elementos y formular el requerimiento conclusivo. Además, requirió al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva del imputado.