En la jornada de ayer se llevó a cabo la incineración de los más de 2.000 kg de cocaína que habían sido incautados hace unas semanas atrás en la localidad de Yby Yaú, departamento de Concepción.

Este proceso debió realizarse al aire libre debido a que el horno pirolítico con el que cuenta la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) se encuentra fuera de servicio por aparentes problemas técnicos.

El ingeniero Andrés Campos Cervera, vicepresidente de la firma Engineering S.A., en entrevista con ABC Cardinal aclaró que el horno está en perfecto funcionamiento, atendiendo a que se había realizado un último mantenimiento hace tan solo dos meses atrás (diciembre del 2018).

Asimismo, comentó que se hicieron varias pruebas y capacitaciones con personal de la cartera antidrogas -tanto de la anterior administración como de la actual-, a fin de que puedan manipular correctamente este equipo. “Uno no puede estar eternamente al lado del horno explicándole a la gente cómo funciona”, refirió.

Pese a las formaciones que fueron realizadas con los propios técnicos de la firma, Campos Cervera sostiene que aún así no están pudiendo operar de manera adecuada el horno, inaugurado en agosto del año pasado, y por ello responsabilizan del problema a la empresa. “La mejor forma de excusarse es siempre culpándole al proveedor, todo es más fácil, más sencillo y más llano cuando se encuentra al culpable”, acotó.

El mismo confirmó que la empresa Engineering S.A. no fue informada sobre esta actividad realizada ayer y manifestó que si tal cosa ocurría con gusto hubieran enviado algún técnico o funcionario para colaborar para la puesta en funcionamiento, sobre todo atendiendo a la presencia del presidente Mario Abdo Benítez.

El vicepresidente de la firma mencionó a la 730 AM que en este horno pirolítico ya se han incinerado sin inconvenientes varias cargas de cocaína, medicamentos, inclusive documentos de embajadas que “no sabe por qué se enviaron allí”, pero que ayer llamativamente no pudo funcionar.

“Salir a decir que un equipo no funciona y que de alguna forma se está hablando de la trayectoria empresarial que tenemos me dejó un poco descolocado”, admitió el industrial, quien habló de una aparente intención de culpabilizar a la administración anterior por la falla.

Por ello, considera que todo esto tiene un sabor a ‘no te aviso, vos pasás la pelada y el culpable es fulano’, dando cuenta de que “no hay una sinergia de trabajo”.

Campos Cervera reveló que hasta ahora ninguna autoridad de la Secretaría Nacional Antidrogas -incluyendo al propio ministro Arnaldo Giuzzio- les había hecho un pedido de reparación o mantenimiento correctivo al horno, pese a tener contacto directo con la firma. De igual manera, dijo que le llama la atención que digan que no funciona pero sin brindar mayores detalles de cuál es la falla o avería.

“Si yo hubiese estado informado, habría dispuesto de gente (para acompañar el evento). Si realmente la gente estaba temerosa de operar el horno y fue más fácil decir que no funciona y echarle la culpa a la empresa, el daño ya está. Para las próximas oportunidades nos avisan y nosotros sin ningún problema estamos ahí”, puntualizó.

El fiscal Federico Delfino indicó que, de concretarse la extradición de Argentina, estas personas serían juzgadas por asociación terrorista y se exponen a penas de hasta 15 años de prisión.

Los sospechosos se habrían encargado del adoctrinamiento de nuevos integrantes del grupo criminal. “La participación de ellos se da en cuanto al adoctrinamiento que se le brinda a las criaturas. Salen de Argentina de forma legal, ingresan a nuestro país de forma clandestina, van al teatro de operaciones y dejan a los menores ahí, para que reciban entrenamiento militar”, expuso en charla con radio Ñanduti.

El agente del Ministerio Público señaló los familiares de Carmen Villalba se encuentran bajo vigilancia en el vecino país, mientras se resuelve la expulsión de los mismos.

En comparación al caso de Juan Arrom y Anuncio Martí (refugiados en Finlandia), Delfino refirió que la situación es “radicalmente distinta”, atendiendo a las declaraciones de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, quien abogó públicamente por la extradición.

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En Argentina detuvieron el viernes pasado a José Mariano, María Rosa y Myriam Villalba Ayala, hermanos de Carmen, y Tania Tamara, que operaban en forma camuflada en el vecino país, como políticos del EPP, siendo esta agrupación de corte terrorista en Paraguay.

Esto a partir de la decisión de la justicia colombiana, de despojar de blindaje legal a Granda, quien junto a otros lideres guerrilleros, gozan de la amnistía establecida por el Estado de Colombia, dentro del proceso de paz.

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El tribunal en cuestión argumentó su decisión, señalando que Granda fue procesado en Paraguay, con claras evidencias de haber participado del proceso que acabó en secuestro y asesinato de Cecilia, hija del expresidente Raúl Cubas. Y que la amnistía mencionada, se refiere exclusivamente respecto a cualquier hecho que tenga relación a Colombia. El caso Cecilia Cubas -enfatizan- pertenece a comisión de presunto crimen transnacional, lo cual escapa al alcance del Indulto presidencial con el que benefició a los guerrilleros de las FARC.

Entre las pruebas contra Granda, están correos electrónicos que el mismo mantuvo con Victor Bernal (uno de los líderes del EPP) y otros referentes de la agrupación terrorista paraguaya, en los que el jefe guerrillero colombiano daba instrucciones en torno a la entonces secuestrada Cecilia Cubas.

En los mensajes de Granda con miembros del EPP, resalta con claridad la estrecha relación entre los dos grupos terroristas, así como la cooperación permanente que hubo de parte de la guerrilla colombiana en favor de la nucleación epepista.

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El mismo subrayó que la administración gubernamental anterior, no ejerció acciones para detener la evolución de agrupaciones mafiosas que se empoderaron en la región.

“Varios grupos criminales comienzan a surgir a partir de la desidia del gobierno pasado. Y digo con total responsabilidad y certeza, porque yo seguí trabajando en zona de Canindeyu. Mencionaste a Macho a Silva hû… Silva hù ya estuvo antecedente por narcotráfico, cuando fui viceministro en el 2016ª a el se lo había vinculado con la segunda carga mas grande incautada en Paraguay en tránsito, 20.000 kg de marihuana. El tuvo un proceso, estuvo prófugo, se lo agarró en Brasil y fue remitido acá. Hace poco el se libera de ese proceso, fue absuelto. Y si sé cómo. Pero zafa de ese proceso”, expresó Rachid en comunicación con la 1080 AM.

Indicó que el proceso judicial que se entabló contra Silva hû, estuvo plagado de irregularidades en donde resalta la intencionalidad de dejarlo libre de culpa.

“Realmente cocinaron el caso, primero hay que ver todo el proceso penal, el caso llegó a juicio oral. Hay demasiadas aristas que investigar. Tenes la audiencia preliminar, en el juicio oral los policías que intervinieron en el caso, con quienes yo personalmente me comunique, para informales que por la comisaría en que estaban iba a pasar la carga de marihuana. Ellos me dijeron que ya sabían mas o menos quien es… Sin embargo después en juicio dijeron que no conocían al responsable, cambiaron la versión”, acotó.

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Respecto a un listado de 17 personas (entre ellas dos periodistas) que fueron amenazados de que serán asesinados, Rachid apuntó que están investigando el origen de la advertencia criminal.

“Estamos verificando la lista (de amenazados de muerte), surgió de fuente abierta, hay una lista entre los que están periodistas y otras personas de allá”, remarcó.

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