Son 60 familias de la tribu Aché Guayakí de la aldea de Puerto Barra, ubicada entre Ciudad del Este con Foz de Iguazú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina) -a 400 km al sureste de Asunción-, que administran unas 850 hectáreas en forma comunitaria y se reparten equitativamente los dividendos, cuyo monto no quisieron revelar.

“Tenemos 300 hectáreas de área mecanizada. Plantamos soja, sorgo, maíz”, contó a la AFP Daniel Itagui, cacique de los Aché en esta zona.

Hoy son agricultores con maquinaria moderna en un país que la última década vivió un crecimiento récord de su PIB -13,6% en 2013-, sobre todo gracias a las exportaciones de soja.

“Este es un ejemplo digno de imitar, de cómo es posible congeniar el desarrollo de la agricultura de alta tecnología con la tradición, la cultura y el idioma”, dijo a la AFP el gobernador de Alto Paraná, Justo Zacarías, luego de una visita a los Aché Guayakí esta semana.

Bravos guerreros de la otrora impenetrable selva paranaense, los Aché fueron prácticamente forzados a incorporarse a la civilización en los primeros años de la década de los setenta a raíz de la masiva colonización.

En esta región construyeron la represa hidroeléctrica paraguayo-brasileña de Itaipú, una de las más grandes del mundo, y se impulsó el desarrollo de la triple frontera que une a Paraguay, Brasil y Argentina.

UNA FRONTERA PARA EXPLOTAR

Las tierras de los indígenas colindan con un mar de sojales de los “brasiguayos”, como denominan a los colonos brasileños descendientes de europeos cuyos hijos son paraguayos, y que hicieron de los monocultivos de cereales y oleaginosas un gran negocio.

La producción de alimentos ha llevado a Paraguay a ubicarse como cuarto exportador en el mundo y es hoy su principal fuente de divisas.

La exportación de granos llegó a 16 millones de toneladas, suficientes para alimentar una población 10 veces superior a la de Paraguay, 65 millones de personas, según la Cámara de Productores.

En un recorrido de las plantaciones, Itagui explicó que tienen “cultivos de autosustento”, vacas y criaderos de peces.

Lorenzo Puapurai, un estudiante de derecho y asistente de Itagui, dijo que esta iniciativa es la salida al progreso.

“Nos va bien y pensamos que nos va a ir mejor”, dijo Puapurai al contrastar esta situación con la de la mayoría de las etnias indígenas de Paraguay, que usan sus tierras para recolectar o cazar como sus ancestros “y esperan ayuda de las organizaciones indigenistas”, opinó.

DESARROLLO ENTRE PRÉDICAS

“Nosotros nos dimos cuenta de que podemos mantener nuestra cultura y nuestras tradiciones, pero que también somos capaces de adaptarnos a la realidad que nos rodea”, defendió Puaparai.

Esta tribu cree que el cultivo comercial les ofrece alejarse de la realidad de otros indios marginados en zonas urbanas que piden limosna “en los semáforos o en la terminal de ómnibus, mezclados en el vicio de la droga y la prostitución”, dijo.

Los Aché de Puerto Barra están asentados en una zona que bordea el río Ñacundaí, con arroyos y manantiales que le sirven de afluentes, antes de desembocar en el río Paraná.

El Cacique atribuyó la transformación de su comunidad a la influencia de un antropólogo y misionero noruego Rolf Fostervold, ya fallecido.

En los años 60 y 70, “él conquistó nuestra confianza en los tiempos en que éramos muy perseguidos y nuestros parientes muertos por los guardias de estancia”.

“Él nos enseñó la agricultura. Poco a poco fuimos creciendo”, relató.

El hijo de Fostervold, Bjarne-Rolf, sigue las huellas de su padre para proteger a los Aché de los oportunistas y también como pastor cristiano.

DESTREZAS CON ARCOS Y FLECHAS

Los Aché de Puerto Barra poseen un bosque de unas 400 hectáreas donde van a cazar con arcos y flechas como “pasatiempo” ancestral, comentó Puapurai.

Pero no todos los Aché de Paraguay corren la misma suerte.

Sus parientes de Kuetuvi, 300 km al noroeste, mantienen un duro conflicto con lugareños que invaden su territorio de 4.600 hectáreas para extraer su madera y plantar marihuana en su selva.

Su cacique, Martín Achipurangi, dijo a la AFP que advirtió a las autoridades de Asunción que si no tomaban medidas actuarían por su cuenta.

“No nos hacen caso, ni la fiscalía ni la policía. Los vamos a enfrentar con nuestra única arma que tenemos: nuestros arcos y flechas”, amenazó hace unos días.

Mientras, Achipurangui cuenta que organizaciones indigenistas les prometieron ayuda para seguir los pasos de sus parientes de Puerto Barra. “Estamos esperando”, dijo.

Esta etapa marca uno de los hitos más importantes de la obra, ya que concretará la conexión física entre ambos países tras cuatro años de construcción. No obstante, el paso internacional aún no será habilitado, debido a que restan trabajos de pavimentación, terminaciones y otras obras complementarias.

El Puente de la Bioceánica forma parte del Corredor Vial Bioceánico, considerado estratégico para la integración regional. La infraestructura permitirá conectar por vía terrestre los puertos brasileños del océano Atlántico con los puertos chilenos sobre el Pacífico, atravesando Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

La estructura tendrá una longitud total de 1.294 metros, con un tramo atirantado de 632 metros y un vano principal de 350 metros, características que permitirán mantener la navegabilidad del río Paraguay y el paso de embarcaciones de gran porte.

La construcción representa una inversión de G. 684.615.904.566, equivalentes a unos USD 103 millones, financiados con recursos de la margen paraguaya de Itaipú Binacional. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es el organismo ejecutor del proyecto.

Las obras están a cargo del Consorcio Binacional PYBRA, integrado por las empresas Tecnoedil S.A., Paulitec Construções y Construtora Cidade Ltda., bajo la fiscalización del Consorcio Prointec.

Con esta infraestructura y el desarrollo integral del Corredor Bioceánico, el Gobierno apunta a consolidar a Paraguay como un centro logístico multimodal, fortaleciendo la conectividad regional y generando nuevas oportunidades para el Chaco y la economía nacional.

Personal de la Comisaría 1ª de Ciudad del Este anoche tomó intervención ante un episodio de lesión con arma blanca registrado sobre las calles Abay esq. Adrián Jara de la capital departamental.

La víctima fue identificada como Ángel Rodrigo Díaz López, de 33 años, encargado del edificio Guaraní, quien sufrió un corte en la mano derecha.

El presunto autor de este ataque es Liao Hung Chung, de 49 años, de nacionalidad china, quien fue arrestado por los efectivos policiales tras recepcionar la denuncia.

Al momento de su detención, este extranjero no contaba con documentos de identidad, según detalla el informe.

En su poder incautaron un cuchillo de mesa de la marca Tramontina, con mango de color lila, que sería el arma utilizada en la agresión.

El caso fue comunicado a la agente fiscal Julia González, quien dispuso que el sospechoso permanezca a disposición del Ministerio Público.

El planteamiento fue realizado durante una reunión de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Yamil Esgaib, en el marco del análisis de la iniciativa que regula la actividad y la seguridad de los prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y reparto.

Los representantes del sector manifestaron su preocupación por la demora en el estudio del proyecto y señalaron que la ausencia de reglas claras dificulta la implementación de mecanismos que garanticen mejores condiciones de seguridad, protección y desarrollo para los trabajadores de plataformas.

Explicaron que la propuesta aún se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores, donde permanece pendiente de dictámenes e informes solicitados a diversas instituciones. En ese sentido, pidieron el acompañamiento de la comisión asesora para impulsar su avance.

El proyecto de ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico uniforme para la prestación de servicios mediante plataformas digitales en todo el territorio nacional. La iniciativa busca otorgar seguridad jurídica a usuarios, conductores, repartidores, empresas y organismos públicos, además de evitar diferencias regulatorias entre municipios.

La propuesta también apunta a acompañar el crecimiento de la economía digital en Paraguay, reconociendo que miles de personas obtienen ingresos mediante plataformas bajo modalidades de trabajo flexible e independiente, promoviendo al mismo tiempo la formalización del sector.

Entre los principales ejes del proyecto figura el fortalecimiento de la seguridad mediante la verificación de identidad de conductores y usuarios, la creación de un Registro Nacional de Prestadores de Servicios, mecanismos de denuncias y reclamos, protección de datos personales, protocolos de emergencia y políticas de no discriminación.

Además, la iniciativa contempla la conformación de un Grupo de Trabajo Permanente integrado por representantes del Estado, las empresas y los prestadores de servicios, con el objetivo de evaluar la evolución del sector, proponer mejoras regulatorias y buscar un equilibrio entre la innovación tecnológica, la seguridad y la protección de los usuarios y trabajadores.