Vehículos blindados por valor de G. 29.907.843.150 fueron pagados durante un ejercicio fiscal anterior y que se recepcionaron recién este año con depreciaciones, junto a la falta de cumplimiento con la obligación de proveer frutas de banana tres veces a la semana en la merienda escolar, fueron las principales irregularidades confirmadas por la Comisión Bicameral para el estudio del informe y dictamen de la Contraloría General de la República, ejercicio fiscal 2022 durante la reunión mantenida en la fecha.

En la ocasión, la Bicameral escuchó las comparecencias de miembros de las Fuerzas Armadas, del exministro de Educación Nicolás Zárate y del expresidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Félix Kanazawa.

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Al respecto, el presidente de la Comisión, senador Dionisio Amarilla, afirmó que los reportes de la Contraloría General de la República son contundentes. “Hoy pudimos confirmar que una de las operaciones que guardan relación con la adquisición de vehículos tácticos para el Ministerio defensa, no solamente tiene como elemento, la cuantía de la adquisición, sino que vehículos que se han pagado en ejercicios anteriores, se han recibido recién este año y ya con depreciaciones de un vehículo recibido fuera del ejercicio fiscal en el que se abonó”, sostuvo.

Asimismo, dijo que al momento de agregar que también la Bicameral se interiorizó de que muy pocas empresas como Ladero, Rosa Mabel Capli y Comepar son las que se aseguran el negocio de la provisión de almuerzo y merienda escolar.

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“Hay una ley de alimentación escolar que es letra muerta prácticamente, porque no se cumple con la obligación de proveer frutas de banana por lo menos tres veces a la semana. En ese sentido, el congreso debería priorizar este tipo de informes que recibe de la CGR para exigir el cumplimento de las leyes a rajatablas”, dijo en otro momento el senador, Dionisio Amarilla.

Los documentos presentados por la CGR cuentan con 10 tomos y están siendo analizados por la Comisión Bicameral para emitir un dictamen sobre los resultados. Los mismos fueron elaborados en base a auditorías, examen de las rendiciones de cuentas y los documentos de respaldo presentados por las entidades que administran fondos, servicios públicos o bienes del Estado.

Durante su discurso en la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, Cartes sostuvo que la atención sanitaria debe convertirse en una de las principales prioridades nacionales y convocó a los distintos sectores políticos e institucionales a trabajar de manera coordinada para fortalecer el área.

“Hago un llamado a nuestros legisladores nacionales para que, en coordinación con el Poder Ejecutivo y los sectores de salud, impulsemos una revisión responsable de las prioridades presupuestarias para los próximos ejercicios fiscales de este mandato”, expresó.

El titular de la ANR señaló que el fortalecimiento del sistema sanitario requiere una mayor inversión y mencionó como desafíos pendientes la mejora de la infraestructura hospitalaria, la ampliación de la cobertura médica, la disponibilidad permanente de medicamentos y el fortalecimiento del capital humano en salud.

Según afirmó, estos objetivos deben convertirse en una política de Estado capaz de generar consensos más allá de las diferencias políticas. “La mejora de la infraestructura sanitaria, la ampliación de la cobertura médica, la disponibilidad permanente de medicamentos y el fortalecimiento del capital humano en salud deben convertirse en objetivos nacionales que nos unan por encima de cualquier diferencia”, manifestó.

Cartes también remarcó que el compromiso político debe traducirse en resultados concretos para la ciudadanía. “Nuestro compromiso político debe reflejarse en acciones concretas que permitan dignificar la atención sanitaria y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la República”, sostuvo.

Asimismo, exhortó al Gobierno a concentrar sus mayores esfuerzos en el sector y planteó que la salud pública debe ser asumida como una causa nacional. “Que esta sea una causa nacional que nos convoque a todos”, concluyó.

Según la Encuesta Permanente de Hogares, la desocupación descendió notablemente al cierre del año pasado, un logro que el presidente Peña atribuye directamente a la efectividad de sus actuales políticas económicas.

El mandatario informó a la ANR que durante el último trimestre de 2025, el índice de desempleo se ubicó en 3,6%, una cifra nunca antes alcanzada en el país.

Para Peña, este indicador refleja una dinámica positiva en el mercado laboral paraguayo, impulsada por estrategias diseñadas específicamente para multiplicar las oportunidades de inserción para los ciudadanos.

A este panorama, sumó un otro avance en el ámbito del empleo, la formalidad laboral que logró superar el 40% de la población.

Según expresó el jefe de Estado esta dinámica permitió la creación 242.000 nuevos puestos de trabajo en lo que va del actual mandato presidencial.

Durante su intervención en la presentación de su informe ante la ANR, el mandatario señaló que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en el período fue del 2,4%, lo que representaba un aumento cercano a G. 69.000 para los trabajadores que perciben el salario mínimo.

“Un número que claramente es muy bajo para la clase trabajadora”, expresó Peña al justificar la decisión de elevar el porcentaje de ajuste.

En ese sentido, informó que resolvió duplicar el incremento inicialmente calculado. “He tomado la decisión de duplicar ese monto y que el incremento sea del 5%. Es un número equilibrado y no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica que el Paraguay, a lo largo de gobiernos colorados, ha sabido equilibrar”, afirmó.

El anuncio se produce luego de que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) concluyera una serie de reuniones sin alcanzar consenso entre empleadores y representantes de los trabajadores. Mientras los gremios empresariales proponían limitar el ajuste al 2,4% determinado por el Banco Central del Paraguay, las centrales obreras reclamaban un incremento de entre el 20% y el 22%, argumentando una pérdida sostenida del poder adquisitivo en los últimos años.

Las organizaciones sindicales sostenían que el salario mínimo requería un aumento de entre G. 579.000 y G. 637.790 para compensar el encarecimiento del costo de vida acumulado, mientras que los empleadores insistían en ceñirse al mecanismo tradicional basado exclusivamente en la inflación.

Ante la falta de acuerdo, el Conasam decidió recomendar un reajuste que contemplara no solo la inflación, sino también otros factores económicos y sociales, aunque sin revelar el porcentaje sugerido.

Con el incremento del 5% anunciado por el Ejecutivo, el salario mínimo pasaría de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales, lo que representa una suba de G. 144.952 para los trabajadores que perciben el sueldo básico.