El MEC informó acerca de la evaluación cualitativa para esta primera etapa mediante la Resolución N°607 el pasado 17 de julio, que concluye este 31 de julio. La valoración y situación del estudiante serán entregadas a los padres, tutores o responsables entre el 3 y el 14 de agosto próximo.

Hoy se retoman nuevamente las actividades escolares tras 15 días de pausa. Para esta segunda etapa la evaluación será cuantitativa, es decir, con notas de calificación y para el efecto se tomarán exámenes y los trabajos finales de curso de forma virtual.

Según el ministro del MEC, Eduardo Petta, cree que gracias a las gestiones hechas, se salvó la educación en esta pandemia debido a que las clases presenciales fueron suspendidas y se implementó la enseñanza virtual.

“Creo que en esta pandemia salvamos la educación. Ahora, el segundo desafío es llegar a noviembre a una educación distinta”, expresó el ministro en una entrevista con La Lupa.

Asimismo, acotó que lo primero es la salud y la educación de los niños que no se deben cortar. “El ministerio se esfuerza para continuar”, apuntó Petta.

De cada 10 alumnos, solo 3 a 4 entregan sus tareas

El secretario adjunto de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay – Sindicato Nacional (OTEP-SN), Vidal Ortega reconoció que la educación en tiempos de pandemia es ínfima y la evaluación es bastante complicada.

“Hoy inicia una segunda etapa, siempre con la misma batalla en educación. Para esta etapa la evaluación será cuantitativa, situación complicada porque no llegan los materiales, no todos acceden a la tecnología por lo que no es fácil poner una calificación al alumno con la realidad que tenemos”, expresó Ortega en contacto con 1000 AM.

Sobre ese punto, dijo que es difícil evaluar al estudiante poniendo una nota si no tienen conocimiento sobre la situación en la que se encuentra. “Cómo le voy a poner 5 a un alumno si no sabemos las condiciones en las que está”, expresó.

En cuanto a las tareas, cuyo dato es alarmante, Ortega manifestó que de 10 alumnos, solo 3 a 4 entregan las tareas. Lo que significa que solo retornan los que tienen capacidad, acceso a internet que además aprende algo y menos de la mitad, sostuvo.

Lamentó la decisión del MEC, ya que el mismo panorama que en la primera etapa se presenta en esta ocasión. “No sé cómo quieren que evaluemos siendo que es lo mismo. No va a ser realidad, será una nota de fantasía y no será una evaluación certera”, puntualizó.

Otra cifra alarmante

De acuerdo a la publicación de El Independiente, el Instituto de Formación Docente (IFD) realizó una encuesta con el fin de determinar el alcance de la conectividad de los alumnos para la correcta realización de las clases virtuales, cuántos docentes manejaban las plataformas virtuales, atendiendo a que muchos son adultos mayores.

En cuanto a los alumnos, solo el 30% posee los recursos y el acceso al internet para las clases. Es decir, existe un 70% de alumnos que no tienen acceso al internet.

Sobre los docentes, el 60% no maneja las plataformas digitales, lo que significa que solo el 40% que si las sabe utilizar efectivamente.

Eladio Benítez, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), señaló que los docentes no están suficientemente adiestrados en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas.

“Esta situación genera mucho estrés, incluso hay docentes que cayeron en la depresión debido a que no manejan bien las herramientas”, lamentó..

Silvio Corbeta, fiscal de la Unidad Anticorrupción y Delitos Económicos, formuló acusación y solicitó juicio oral y público para Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube.

Roa fue acusado por cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

En cuanto al empresario Koube, la acusación es por lavado de dinero, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

El documento consta de 117 páginas y queda a cargo del Juzgado Penal de Garantías, que, una vez recibidas todas las pruebas, deberá fijar fecha para el inicio del juzgamiento.

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El caso se desprende de las investigaciones iniciadas en el operativo “A Ultranza PY”, luego de que se haya dispuesto la inmovilización de una embarcación a nombre de la empresa Tapyracuai S.A., representada por el empresario Alberto Koube.

Según la pesquisa, Koube entregó el yate al exministro de Emergencia Nacional como para de una coima para ganar al menos 10 licitaciones entre los años 2018 y 2021 por una suma que ronda los G. 16.000.000.000.

El empresario y el exministro abdista se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos, a costa de los recursos públicos, entre ellos, la obtención de una embarcación AZ 42, valuada en USD 450.000 y sumas de dinero.

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La Senad conformó un equipo destinado a la intervención de cultivos ilícitos de marihuana en un sector rural de Bella Vista Norte, en el cual se encontraban varios centros de producción de la droga compuestos por campamentos en los que se trabajaba el procesamiento de unas cuatro hectáreas de la hierba. En la acción fueron eliminadas alrededor de 15 toneladas del producto ilícito.

Los intervinientes fijaron la destrucción de cinco campamentos ubicados en un establecimiento rural, para posteriormente destinar esfuerzos a la erradicación de cuatro hectáreas de la droga.

El operativo no solo le limitó a la anulación de la superficie plantada sino también a la eliminación de 1.500 kilos de la droga puesta al secado y 1.940 kilos listos para el empaquetado.

En total el operativo supervisado por el fiscal Celso Morales sacó de circulación más de 15.000 kilos de marihuana.

Las Oficinas Regionales se encuentran trabajando coordinadamente en la localización y posterior desmantelamiento de los centros de procesamiento de cargas ilícitas. Oficinas como Bella Vista Norte y Pedro Juan Caballero planean dar fuerza a nuevas incursiones que se irán acompañando con investigaciones paralelas.

El fiscal Manuel Rojas Rodríguez imputó a tres hombres que fueron detenidos con más de 2.000 kilos de marihuana prensada durante un allanamiento realizado este martes por la noche en la capital del Alto Paraná y a la vez requirió la prisión preventiva de todos ellos.

Los presuntos narcotraficantes están identificados como Francisco Javier Martínez González (54), Kevin Gabriel Fernández Britos (20) y Blas Antonio Fernández Britos (44), quienes enfrentan cargos por los hechos punibles de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes y se encuentran privados de libertad, a cargo de la Justicia.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Jardín del Este del kilómetro 8 Acaray de Ciudad del Este, a las 20:00 horas aproximadamente, y estuvo encabezado por el fiscal Rojas Rodríguez, quien contó con el acompañamiento de agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

Durante el operativo, los intervinientes incautaron 2.076,800 kilogramos de marihuana prensada, distribuidos en 744 panes y 45 paquetes grandes. Asimismo, se requisaron un aparato celular y varios documentos, apareciendo los citados ciudadanos como los presuntos responsables de las sustancias incautadas, que estarían destinadas para su distribución y comercialización en la triple frontera.

Tanto los detenidos como el cargamento de drogas fueron remitidos hasta la base de la SENAD Regional, a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.

Basándose en los elementos de sospecha, el fiscal resolvió imputar a los tres hombres y solicitó al Juzgado la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar a fin de garantizar la sujeción de los imputados al proceso.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico solicitó tres meses de plazo para la conclusión de la investigación y la presentación del requerimiento conclusivo.

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