Según datos del IPA, alrededor de 10.000 paraguayos y paraguayas se dedican a la artesanía, y al ser una actividad preponderantemente familiar, más de  50.000 personas tienen vinculación directa. La diversa producción artesanal involucra a todo el territorio nacional, el 70% de las personas que se dedican a la artesanía son mujeres, y todos los pueblos indígenas tiene algún tipo de producción.

Actualmente, los ingresos de una persona artesana oscilan entre Gs. 500.000 a Gs. 2.000.000 al mes y, en las comunidades indígenas, el promedio de ingresos es mucho menor.

Sin embargo, los desafíos son muchos si queremos convertir la artesanía en una pieza central del desarrollo: el 75% de los artesanos no está formalizado, las formas de comercialización son muy acotadas y/o precarias, la mayoría absoluta carece de protección social, hay artesanías que están en peligro de extinción, la rica diversidad artesanal es aún poco conocida; los diferentes programas de las instituciones, incluyendo a gobernaciones y municipalidades, y las actividades del sector privado y la sociedad civil, pueden adquirir un impacto mucho mayor si acrecentamos el trabajo en equipo.

El IPA inicia el proceso de formulación de la primera Política Nacional de Artesanía de Paraguay (PNA).

“Es importante priorizar a este sector de la sociedad con la creación de una política nacional de artesanía porque generan fuentes de trabajo, movilizan cadenas de valor, tradicionales y emergentes, en todo el país e incluso de manera internacional”, manifestó la presidenta del IPA, Cynthia Melgarejo”

Para el IPA, la artesanía cuenta con la versatilidad  para impactar sobre aspectos claves de la agenda de desarrollo, por lo que es indispensable iniciar un proceso de articulación, con actores políticos, institucionales, ciudadanos y del sector, para crear un proyecto común que oriente y mejore la calidad de vida de los artesanos y artesanas del país.

“El camino estratégico será de mediano y largo plazo y en ese proceso buscamos desplegar las fortalezas y potencialidades de la artesanía, y el mejoramiento de las condiciones de vida de artesanas y artesanos del Paraguay, como principales gestores del desarrollo sostenible del país”,  sostuvo la presidenta.

El IPA inicia el proceso de formulación de la primera Política Nacional de Artesanía de Paraguay (PNA).

La Feria “Somos Artesanía” ha sido el espacio más propicio para llevar adelante el lanzamiento de este proceso que conduce hacia una Política Nacional de Artesanía, ya que representa una gran fiesta de la que, cada año, participan las manos que tejen la cultura del Paraguay.

La feria se desarrolla desde el 2019, y tiene el objetivo de crear un espacio de venta directa para promocionar la artesanía paraguaya de los 17 departamentos del país, donde más de 100 artesanos y sus familias, vienen a exponer sus obras que abarcan las modalidades textil, cuero, madera, cerámica, cestería, astas y metales, contribuyendo así a la salvaguarda de las técnicas y los saberes de este oficio tan característico de nuestro país.

Durante el encuentro entre ambos jefes de Estado, Peña destacó la afinidad con la administración colombiana entrante.

En declaraciones brindadas a medios locales, el mandatario paraguayo lamentó la postura del gobierno saliente de Gustavo Petro, señalando que rechazó en reiteradas oportunidades las propuestas de reunión planteadas por la cancillería paraguaya, aunque aclaró que la cooperación operativa en materia de seguridad no se interrumpió en ningún momento.

Peña resaltó la decisión del gobierno de De la Espriella de integrarse a la iniciativa Escudo de las Américas, plataforma de la cual Paraguay ya forma parte. Además, valoró la capacidad del nuevo presidente colombiano para consolidarse como un articulador regional decisivo en el combate contra el crimen transnacional organizado.

Igualmente, la agenda de trabajo incluyó el impulso de las relaciones comerciales. Desde la Presidencia paraguaya informaron que ambos líderes coincidieron en la importancia de promover un mayor acercamiento de Colombia al Mercosur, con el objetivo de dinamizar el intercambio comercial, atraer inversiones y consolidar un plan de trabajo conjunto a largo plazo.

La propuesta plantea blindar el tope de responsabilidad fiscal y garantizar el equilibrio presupuestario de entre el 1,5% y el 3%, estableciendo que los políticos e integrantes de las altas esferas del Estado paguen de su propio bolsillo si autorizan o legislan gastos no previstos que sobrepasen los límites legales.

El titular del Poder Legislativo explicó que la iniciativa afectará de manera directa los ingresos de los legisladores, del presidente y vicepresidente de la República, así como de las autoridades del Poder Judicial en caso de incumplir las metas fiscales.

Pese a que el plan contempla reducir salarios —como el sueldo parlamentario de 35 millones de guaraníes, Núñez aclaró que no busca ser tan radical como en otros países donde se propone la suspensión total de haberes, aunque enfatizó la necesidad de que la clase política asuma un impacto monetario real ante el descontrol presupuestario.

Dentro del alcance del proyecto, Núñez apuntó de forma particular contra el Poder Judicial al denunciar la existencia de una presunta “mafia de los amparos”, un esquema mediante el cual se dictan fallos que obligan al Estado a adquirir medicamentos de alto costo o no disponibles en el sistema de salud pública. Según el legislador, esta dinámica involucra a clínicas y laboratorios.

En caso de prosperar, la norma excluirá explícitamente de cualquier ajuste a las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y universales, seguro de desempleo, salud, seguridad, defensa nacional y servicios penitenciarios.

El agente fiscal Federico Delfino logró sostener la acusación al demostrar que el edil exigió la suma de 15.000 dólares americanos a la víctima a cambio de frenar una denuncia en su contra por supuesta violencia contra la mujer.

El fallo judicial fue emitido tras el juicio oral y público conducido por el Tribunal de Sentencia que estuvo integrado por los magistrados Natalia Cacavelos, Fabián Escobar y Juan Fretes.

Durante el debate, el representante del Ministerio Público expuso diversos medios probatorios que resultaron determinantes para probar la responsabilidad penal del político del partido Yo Creo.

De acuerdo con los antecedentes presentados en la causa, los hechos sucedieron el 17 de marzo del año 2023 en la ciudad de Asunción.

La investigación confirmó que Villalba Alves utilizó su posición e influencia para amedrentar a la víctima y chantajearla económicamente con la promesa de evitar que el proceso legal en su contra prosperara.