La orden fue emitida por la jueza penal de Garantías, Lici Sánchez a pedido del fiscal Federico Delfino.

Inmediatamente recibida la orden de la magistrada ya se comenzó a hacer la exhumación de los cuerpos y su posterior traslado hasta Asunción, para los estudios correspondientes.

Hace aproximadamente dos hora comenzó el desentierro de los cuerpos de las menores, supuestas miembros del EPP muertas durante un enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta el miércoles 2 de septiembre. Las mismas fueron enterradas en el cementerio municipal de la ciudad de Yby Yaú.

El procedimiento se llevó a cabo en presencia del agente fiscal de la unidad penal N°1 Óscar Valdez y la asistente Fiscal, Clara Vera, acompañados con miembros de la FTC.

Informaron que ningún familiar de las niñas se presentó. En estos momentos, ya están camino a Asunción.

El médico forense, Pablo Lemir mencionó al SNT que tienen una orden de identificar a las menores a través de la prueba de ADN.

“Me va tocar hablar con las partes cuando se haga el procedimiento de la autopsia. Si quieren hacer el ADN, cuál sería el objeto y aclararles cuáles serían los alcances de cada cosa, ya sea de filiación o de identidad”, expresó.

El especialista explicó que el estudio del AND normalmente es de último ratio, hecho por lo que el médico de la (Senad) no extrajo anteriormente, comentó.

“Como método de identificación (ADN) se utiliza como último ratio, porque es más costos y más lento, se necesita contra quien contrastar y nuestro país no cuenta con un banco de base de datos genéticos”, indicó.

Asimismo, dijo que la primera opción siempre es la huella dactilar, incluso se recurre a odontograma forense, entre otros.

Consultado sobre el fin de la exhumación, Lemir sostuvo que la jueza solicita dos puntos de pericia: identidad y edad.

“La edad es lo que podremos obtener rápido”, afirmó.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño, para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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