Inició segunda fase de capacitación a funcionarios con miras a los comicios

Hasta mañana se llevarán a cabo las capacitaciones a funcionarios electorales de Capital y Central, que próximamente instruirán a las organizaciones políticas sobre las funciones de los Miembros de Mesa con miras a las elecciones municipales en octubre.

La Justicia Electoral informó que, continuando con la actualización de temas que conciernen al proceso electoral y las funciones que deberán cumplir los agentes electorales el día de los comicios, se inició con el calendario de capacitación de la siguiente manera; el viernes estuvo dirigido a las oficinas de Zeballos Cué, Catedral, San Roque y La Encarnación todas ubicadas en la Capital.

El Lic. Luis Salas, director de Recursos Electorales, indicó que los capacitadores nacionales que actualizan a funcionarios de las oficinas distritales de Capital y Central tendrán la misma tarea de impartir estos temas desde el 6 de septiembre en los diferentes departamentos del interior del país. Para estas elecciones se tiene previsto capacitar a más de 35.000 Miembros de Mesa Receptora de Votos propuestos por las organizaciones políticas.

Además, explicó que la capacitación a miembros de mesa es inherente al de Soporte Técnico, porque para ser miembro de mesa es importante conocer la Máquina de Votación y saber manejar bien, igualmente para ser Soporte Técnico por la asistencia que realizarán el día de la jornada electoral, por lo tanto, no está separada una capacitación de otra; de esta manera se pretende llegar a 4.000 funcionarios electorales que capacitarán en todo el país sobre estos temas.

Respecto a las funciones de Soporte Técnico, informó que el próximo 10 de octubre se establecerá que un total de 2.870 funcionarios realicen la labor de asistir a los miembros de mesa en el cuidado, mantenimiento de las Máquinas de Votación, estas personas estarán apostadas en cada local de votación el día previo y el día de los comicios.

Para la próxima semana, los capacitadores nacionales seguirán formando a funcionarios distritales de Capital en la Sede Central de la Justicia Electoral. El lunes 30 será el turno de las oficinas de la Recoleta, la Encarnación y Santísima Trinidad, en simultáneo se realizarán capacitaciones en las oficinas distritales de Itauguá, Limpio, Luque, Fernando de la Mora, San Lorenzo, San Antonio, Ypané y Lambaré.

Mañana culminará con Capital para las oficinas de San Roque y Santísima Trinidad y en el departamento Central estará dirigido a los funcionarios distritales de las oficinas de Areguá, Ypacaraí, Luque, Mariano Roque Alonso, José Augusto Saldívar, Itá, Capiatá, Villeta, Nueva Italia, Guarambaré, Ñemby y Villa Elisa.

 

Funcionarios públicos, en pie de guerra contra la consolidación económica

Los miembros de varios sindicatos del sector público se manifiestan en Asunción contra de la ley de consolidación económica, la cual en uno de sus puntos prohíbe el aumento salarial de los funcionarios estatales.

Durante la mañana de este lunes, los sindicalistas de diversas instituciones públicas marcharon por el centro de Asunción y se congregaron frente al Congreso. Entre los trabajadores presentes estuvieron los de Petropar, Dinatran y Puertos, además de los miembros de la Confederación de la Clase Trabajadora.

Los funcionarios realizaron la protesta para solicitar que se vete el proyecto de ley de consolidación económica. Para ello diversos sectores están recolectando firmas para entregar la nota de repudio al Presidente de la República.

El proyecto de Ley de Consolidación Económica establece en su Art. 4 la “prohibición de aumentos salariales a funcionarios públicos”. Esto impedirá implementar la desprecarización laboral, según argumentan los estatales.

 

Caso Imedic: Audiencia preliminar para Patricia Ferreira será presencial

La jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz rechazó el pedido planteado por Patricia Ferreira y Nidia Godoy, presidenta y directora de Imedic SA, que solicitaron que la audiencia preliminar para ambas se haga por medios telemáticos.

De esta manera mañana a las 8:00 Ferreira y Godoy deben presentarse a la diligencia donde ambas están acusadas por producción de documentos no auténticos por el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia al país.

Las acusadas no querían acudir al juzgado para la audiencia, pero la magistrada explica que ya no existen motivos para no hacerse la diligencia de manera presencial y por eso se rechazó lo planteado.

Patricia Ferreira está acu­sada de producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medica­mentos no autorizados y aso­ciación criminal por la falsifi­cación de facturas de la firma Eurofarma. Esto posibilitó el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nues­tro país.

En este caso también están acusados Nidia Godoy Ojeda, directora titular de Imedic, y Néstor Domingo Ramírez Giménez, despachante de la Dirección Nacional de Adua­nas. La acusación fiscal refiere que se falsificaron diez fac­turas de la firma Eurofarma que posibilitaron el ingreso a nuestro país de medicamen­tos procedentes de la India y China, cuya calidad se pone en duda. Asimismo, señalaron que los medicamentos ingre­sados a Paraguay fueron nego­ciados y distribuidos peligro­samente al mercado nacional.

 

Ex fiscal general apeló resolución que elevó a juicio su proceso

El ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo a través de sus abogados apelaron la elevación a juicio oral y público del proceso que se les sigue por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La semana pasada el juez penal de Garantías Julián López había elevado el caso a juicio oral, al rechazar los pedidos de nulidad absoluta de la acusación y el incidente de anulación de la pericia contable que presentó el Ministerio Público.

Ahora los acusados plantean un recurso de apelación general contra el Auto Interlocutorio, por el cual se elevó la causa a juicio. Díaz Verón y su esposa, con este incidente tratan de evitar enfrentar al Tribunal de Sentencia.

Díaz Verón y su esposa se encuentran imputados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por no poder justiciar sus ingresos por valor de G. 3.764 millones.