El artículo 191 de la Constitución Nacional -De las inmunidades-, reconoce los fueros a los miembros del Congreso.

Las inmunidades de opinión, de proceso y de detención son funcionales al cargo, es decir, están para proteger la función del legislador y, por ende, se hallan vinculadas al Congreso como tal y no pueden ser renunciadas, solamente la Cámara respectiva tiene la atribución de sacarlas.

Los fueros de proceso y de opinión nacen con el juramento, pues, el artículo 188 establece que se adquiere el carácter de legislador una vez que se jura y se hace efectiva la incorporación, según explicó el abogado Ricardo Preda.

Detalló que, la inmunidad de proceso se refiere a cualquier tipo de casas, es decir, no se vincula a lo que diga opine, sino a cualquier delito cometido. En tanto, la de detención es para impedir que la autoridad sea privada de su libertad.

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“La diferencia es que la inmunidad de opinión y la de proceso nacen con el juramento y la de detención, desde la elección, lo que se pretendía es que se impida el juramento a algún legislador”, comentó Preda, en contacto con Universo 970 – Nación Media, en relación al espíritu de la redacción en la época reciente posterior a la dictadura.

DOBLE FUERO

La discusión planteada sobre Erico Galeano, sobre el supuesto doble fuero, se da de la siguiente manera. Galeano ya tiene los fueros de detención como senador electo, además de los tres fueros de proceso, opinión y detención como diputado saliente.

Sin embargo, esta mañana será desaforado en su carácter de diputado, pero conservará su nuevo fuero de detención como senador electo, mientras que los de opinión y de proceso los tendrá cuando jure.

En tal sentido, no existirá ningún impedimento para avanzar en la investigación en su contra, pero, la única dificultad será la de aplicar la medida de prisión preventiva, ya que no podrá ser detenido al contar con su inmunidad de detención, adquirida desde el día de su elección de senador, en este caso, a partir del 30 de abril pasado.

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Durante este tercer tratamiento, se utilizó como base de análisis el dictamen de la Comisión de Presupuesto, que recomendó aceptar, en parte, las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores; y la ratificación de Diputados en todo lo demás.

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“Entendemos las necesidades que tienen las demás instituciones y existe un compromiso del Poder Ejecutivo en otorgar recursos durante el próximo año, para que dichas instituciones puedan cumplir con sus misiones institucionales”, expresó la diputada colorada Cristina Villalba.

Se puso a votación lo referente a los gobiernos departamentales, con respecto a los Gs. 54.000 millones para merienda escolar; y los legisladores decidieron aceptar la modificación del Senado y dejar al MEC con la administración de estos fondos.

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Tras el estudio, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Presupuesto y quedaron aceptadas algunas decisiones del Senado; con ratificación en los otros puntos.

Durante un operativo, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) lograron retener a un vehículo que circulaba sobre la Calle 6, Capitán Giménez distrito de Horqueta.

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Al ser retenidos, la camioneta de la marca Chevrolet, con orden de búsqueda y localización, fue sometida a un registro que permitió el hallazgo armas de fuego y más de 70 millones en efectivo.

Ante esta situación, se dispuso la detención de Alder Luis Rodas (32) y Marcelino Carballo Arce (26), así como también, la apertura de una investigación a fin de conocer el destino de las armas o si los demorados responden a algún grupo criminal.

El hecho fue comunicado al fiscal Abg. Arnaldo Argüello quien dispuso que los hombres presten declaración indagatoria a fin para obtener más datos.

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Con la comparecencia del ministro de Justicia, se pretende que brinde detalles sobre tres ejes principales: la gestión ministerial (algunos diputados señalan que la misma deja mucho que desear); inconsistencias en las asignaciones presupuestarias; y supuestos indicios de vínculo con el crimen organizado.

Cabe recordar que días atrás, el ministro de Justicia desmintió sus vínculos con el prófugo narco Sebastián Marset, y solicitó a la Cancillería que pida informe a Bolivia sobre el referido caso, para deslindar responsabilidades.

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El pedido fue presentado por 12 diputados del bloque opositor.