Óscar Leguizamón, director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), en entrevista con ABC Cardinal indicó que los nuevos radares instalados recientemente en la Costanera de Asunción buscarán concienciar a los conductores sobre el límite de velocidad permitido que, en este caso, es de 40 km/h.

Aclaró que, de momento, este sistema se encuentra aún en “fase experimental” para actuar como una especie de advertencia para los automovilistas que circulen por esta vía de acceso a la ciudad capital.

“Todavía no se está aplicando, se está haciendo como una conciencia y la gente está respetando porque automáticamente va reduciendo la velocidad”, expresó a la emisora radial.

Leguizamón negó que los inspectores de la PMT ya se encuentren cobrando multas a quienes sean captados a través de las cámaras, tal y como mencionaron algunos usuarios a través de las redes sociales. En tal sentido, recordó que para su implementación formal primeramente se necesita la aprobación de una ordenanza municipal.

La eventual entrada en vigencia de las fotomultas en la Costanera fue duramente criticada por varias ciudadanos (sobre todo vía Twitter), esto debido a la velocidad límite establecida para una vía de circulación rápida. Respecto a este punto, el director de la PMT mencionó que se establecieron los 40 km/h debido a que en dicho tramo existen varias curvas y se vuelve peligroso ir a alta velocidad a la hora de hacer los giros.

Cabe recordar que ya desde los primeros tiempos, la velocidad límite en la Costanera de Asunción había sido fijada en un promedio de entre 30 a 40 kilómetros por hora, información que se encontraba disponible en los respectivos carteles indicadores. Pese a ello, prácticamente ningún conductor cumple con la disposición municipal, circulando a velocidades que superan ampliamente el rango dispuesto.

MUNICIPALIDAD DESMIENTE APLICACIÓN DE FOTOMULTAS

Tras la polémica suscitada por este tema, la Municipalidad de Asunción emitió un comunicado con el fin de desmentir que se haya implementado de manera oficial un sistema de fotomultas en el área de la Costanera o en cualquier otro punto de la ciudad.

De igual manera, aclara que el radar instalado en este sitio forma parte de un plan piloto para la concienciación de los ciudadanos en cuanto a la velocidad máxima y la reducción de la velocidad en zonas de cruce de peatones, puntos establecidos en la Ordenanza 479/10 en su artículo 137.

Finalmente, el texto señala que si bien el sistema de fotomultas es un proyecto que forma parte de la modernización y fortalecimiento institucional al que están abocados, este requiere “de procesos e instalación de tecnología que aún no han comenzado”.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior a ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas las ocupantes del inmueble de manera irregular, y que estaban conectadas a la red eléctrica de manera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos sí encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos, serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que, no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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