Los legisladores Tito Ibarrola y Carlos Rejala instaron a la Municipalidad de Asunción a implementar videocámaras en los procedimientos de control que realiza la Policía Municipal de Tránsito, el cual tuvo aprobación unánime del plenario de la institución.

Los proyectistas explicaron que esto se origina en la Ley N° 6.757 – “Que establece la implementación de videocámaras en los procedimientos realizados por funcionarios del Estado”.

Dicha ley establece, en su artículo 9°, que el funcionario público, en el momento de iniciar un procedimiento y durante toda la duración del mismo, deberá utilizar una videocámara corporal o fija, la que deberá ser monitoreada y grabada en tiempo real, en la base de almacenamiento establecido.

Refiere que, en ningún caso, el funcionario tendrá, tecnológicamente, la posibilidad de editar o borrar los videos de los procedimientos que haya realizado.

A su vez, dice que el funcionario portante de la videocámara encendida en procedimiento también tendrá la obligación de anunciar al ciudadano que el procedimiento está siendo filmado, razonablemente, cuando el mismo tipo de procedimiento lo permita; mientras que en los casos donde el sigilo es parte del procedimiento, se puede obviar el anuncio de la grabación.

En cuanto a los objetivos, los diputados Ibarrola y Rejala señalaron que se apunta a transparentar los procedimientos, de manera a tener registros que, en definitiva, puedan servir para esclarecer los hechos ante una creciente ola de sucesos no esclarecidos inmediatamente por falta de pruebas, donde están involucrados funcionarios públicos en actividad.

“Resulta preponderante la utilización de videocámaras en procedimientos realizados por funcionarios públicos. La finalidad es proteger ambas partes – policía y población civil – en un procedimiento legal, en caso de que se encuentre alguna controversia dentro del mismo; al igual que reducir el delito de cohecho pasivo que puede involucrar a funcionarios estatales y ciudadanos”, indica la argumentación del proyecto aprobado.

Es noticia hoy: Fábrica textil: renace la esperanza para pobladores del Barrio San Francisco

El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas resolvió acumular los procesos abiertos en la causa penal conocida como “A Ultranza PY”.

De esta manera, se unificará el juicio oral para los 18 procesados tras este megaoperativo que derivó en la desarticulación de un esquema dedicado al tráfico internacional de drogas y el lavado de dinero.

Antecedentes: Pastor Insfrán finalmente irá a juicio oral

Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, considerado como cabeza principal del esquema, afrontará juicio junto a su hermano, el pastor José Insfrán, el exdiputado Juan Carlos Ozorio, el empresario Alberto Koube Ayala, entre otros.

Los magistrados argumentaron que esta determinación se da con el fin de evitar demoras en el proceso y para asegurar una mayor eficiencia judicial, informó el periodista de Nación Media, Aldo Ynsfrán.

Leé también: Esposa de Marset llega a Paraguay este miércoles por la mañana

Ahora resta conocer la fecha en que dará inicio el juicio oral y público contra los acusados de “A Ultranza”, quienes actualmente se encuentran privados de su libertad.

Otro de los líderes de esta estructura criminal, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, aún sigue prófugo de la justicia, no así su esposa, Gianina García Troche, cuya extradición a Paraguay está prevista para este miércoles.

“Junto a Leticia, depositamos ‘tsurus’ hechos por niños paraguayos, como símbolo de esperanza”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales, este martes, al compartir una fotografía del homenaje hecho.

Peña recordó que al igual que Japón, Paraguay también sufrió las consecuencias de una guerra devastadora, haciendo referencia a la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) y la Guerra del Chaco (1932-1935), sin embargo, supo reconstruirse con dignidad.

Puede interesar: Senado rechaza proyecto que penaliza el criadazgo

“Hoy levantamos la voz para que en el mundo se escuchen más fuerte las voces de paz que las voces de guerra”, mencionó el presidente Peña.

Cabe señalar que, durante la celebración del Día Nacional del Paraguay en la Expo Osaka, el mandatario resaltó el “vínculo indisoluble de hermosa amistad entre Paraguay y Japón”.

La agente fiscal de Luque, Diana Burgos, imputó por el delito de aborto a una pseudo médica -sindicada de haber realizado este procedimiento a una adolescente- y a la madre de la víctima, imputada tanto por aborto como por violencia familiar. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para ambas acusadas.

Según la investigación, en junio de 2024, Anuncia Francisca Villalba Portillo habría interrumpido el embarazo de la adolescente -de entre 5 y 6 meses de gestación- mediante la administración de medicamentos por vía oral. Además, la habría alojado en su domicilio para realizar el procedimiento.

De acuerdo con la Fiscalía, la pseudo médica está sindicada de realizar intervenciones similares en su vivienda, sin ningún tipo de cuidado higiénico, a donde presuntamente acudirían otras mujeres para interrumpir sus embarazos.

La madre de la menor, aproximadamente en el mes de junio del año 2024, habría obligado a su hija a interrumpir un embarazo de entre cinco y seis meses para lo cual la habría forzado a acudir hasta el domicilio de la Villalba Portillo, quien finalmente la habría administrado algún tipo de medicina para eliminar el feto que se encontraba en desarrollo normal.

Luego, entre enero y febrero del año 2025, la menor habría quedado nuevamente embarazada, por lo que su madre, habría intentado que vuelva a interrumpir dicha gestación, obligándola bajo supuesto engaño a acudir hasta una farmacia de Luque, lo cual habría sido frustrado por intervención del adolescente que sería pareja de la víctima.

Ante ello, la madre habría golpeado en el rostro y a la altura del abdomen a su hija, además de rasguñarla por el cuerpo. Así también, habría maltratado verbalmente a la adolescente.