La ministra de Salud, María Teresa Barán, habló en entrevista con el canal GEN sobre cuáles serán las proyecciones y prioridades durante su gestión al frente de la institución sanitaria. Sostuvo que asume el cargo muy comprometida, confiada y segura que junto con su equipo podrá conseguir las metas establecidas.

“Las indicaciones del presidente Santiago Peña fueron muy precisas, no tenemos margen de error, tenemos que hacer un trabajo coordinado y en equipo. El gobierno de Santiago Peña se va a centrar en la ciudadanía”, indicó.

Una de las apuestas de su administración será la integración de los servicios de salud. Aclaró al respecto que esta medida no significa una fusión propiamente. “No es que vamos a meternos en lo que es la administración, por ejemplo, del IPS, o meternos en lo que es el presupuesto del IPS. Lo único que buscamos nosotros con esta integración es optimizar los recursos que tenemos para lograr ese acceso universal a los servicios de salud. Es esa integración en donde cada uno va a tener su autonomía dentro de lo que le corresponde, pero al trabajar en forma integrada lo que vamos a buscar es optimizar los recursos y lograr que la población tenga ese acceso a los servicios de salud. Se podrán hacer compras de medicamentos de manera conjunta, así se podrán adquirir en mayor cantidad y a precios más bajos”, explicó.

Así también sostuvo que se pretende trabajar con los sanatorios privados, de modo a tercerizar aquellos servicios que no cuenta el Ministerio de Salud. Y además trabajar en conjunto con las gobernaciones.

Por otro lado, Barán mencionó que un tema muy sensible es la provisión de medicamentos oncológicos y que por ello un desafío será que haya medicamentos en los hospitales. “Eso es lo que nosotros vamos a buscar, optimizando los recursos, viendo cómo podemos hacer para garantizar de que esas personas realmente tengan ese acceso a los medicamentos”, dijo.

También la nueva autoridad refirió que la humanización de la salud será clave, ya que eso formó parte del discurso del presidente Santiago Peña. “Será lograr que el personal de salud que trabaja dentro del sistema tenga un ambiente agradable, tenga las condiciones adecuadas para poder trabajar y al exterior del ministerio que los profesionales que reciben al paciente lo puedan atender con calidad y con calidez y que eso no cuesta dinero, no requiere de recursos, sino que depende mucho de la empatía que tenga ese personal”, acotó.

Por último la Secretaria de Estado anunció que se conformará un equipo nacional de ética para atender la demanda de las familias que tienen pacientes con enfermedades catastróficas y que requieren de la asistencia del Estado. En ese sentido dijo que se buscará evitar llegar al amparo judicial, el cual surge porque no hay respuestas dentro del sistema de salud.

En el transcurso de esta tarde se concretó el traslado de Diego Ariel Segovia Paniagua, de 27 años, a la cárcel de Tacumbú.

El juez de Luque, Nelson Romero, dispuso que el detenido sea llevado hasta este penal, a fin de cumplir con la prisión preventiva.

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Segovia había sido detenido el último martes luego de un intento de asalto a una joyería ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Luque, ocasión en que fue reducido por vecinos a pedradas.

En su resolución, el magistrado estableció que el procesado permanezca en la Sección Sanidad de la penitenciaría, a fin de recibir atención médica constante.

Cabe recordar que el presunto delincuente recibió un fuerte golpe en la cabeza antes de lograr darse a la fuga. Así también, se confirmó que posee un proyectil de arma de fuego alojado en el cráneo.

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El agente fiscal Jorge Escobar resolvió imputar a este hombre por el hecho punible de robo agravado, a raíz de su participación probada en el fallido asalto a la joyería.

El abogado Osvaldo Arrúa, representante legal de Segovia, adelantó que apelará la resolución del juez, por las condiciones en las que se encuentra su cliente.

La Policía de la Ciudad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con apoyo de la Dirección General de Aduanas, esta semana logró desarticular una organización dedicada al contrabando y alquiler de automóviles deportivos.

Durante una serie de allanamientos desplegados en el vecino país, se logró la incautación de cinco vehículos de alta gama. Se trata de dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang (todos con matrícula paraguaya) y una Toyota SW4 con chapa argentina.

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Según la investigación, estos rodados habrían cruzado la frontera bajo la modalidad de “ingreso temporal”, con supuestos fines turísticos. Sin embargo, el objetivo real era dejarlos de manera permanente en Argentina, sin ser nacionalizados.

La finalidad de esta estrategia sería evadir el pago de impuestos, además de aprovechar estos lujosos vehículos para su uso con fines comerciales. Tal es así que llegaron a aparecer en videoclips de artistas como L-Gante, La Joaqui y La China Suárez.

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“Estos autos ingresaban bajo una modalidad que explota un vacío en el régimen de circulación de vehículos en el Mercosur”, explicó el director de Aduanas argentino, Andrés Velis, al canal NPY.

Dos ciudadanos argentinos y un paraguayo fueron detenidos por esta causa, mientras que una cuarta persona permanece prófuga. A la par, también se impartió una orden de secuestro contra un Dodge Challenger que no llegó a ser localizado en el operativo.

“Presentamos la denuncia por el hecho que atenta gravemente contra el patrimonio histórico de nuestra ciudad. No voy a permitir que se destruya Asunción ni que un acto de esta magnitud quede impune”, informó el intendente Luis Bello.

Se trata del edificio histórico ubicado en las calles Azara y Antequera, que fue demolido sin ningún permiso.

“El Ministerio Público será el encargado de investigar la causa, y desde la Intendencia acompañaremos cada paso del proceso hasta que los responsables respondan por el daño irreparable que causaron a nuestra ciudad”, agregó el jefe comunal.

Bello indicó que también se remitieron todos los antecedentes del caso al Juzgado de Faltas, para el sumario correspondiente, y a la Secretaría Nacional de Cultura, en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Cabe mencionar que, según la Ley 5621/16 de Protección del Patrimonio Cultural, cualquier ciudadano que cause algún daño a los bienes del patrimonio cultural en todas sus categorías o clasificaciones, se expone de 3 a 10 años de cárcel.