En nombre de las personas y en nombre de la democracia al haber sido reelecta por dos periodos electorales sin ningún tipo de coacción, según esgrimió, la jefa comunal fue hasta la Cámara de Diputados. “Quiero aclarar que estoy en este lugar por segunda vez en este periodo electoral por el pedido de la intervención de nuestro trabajo”, añadió.

La mandamás esteña agradeció la invitación de la comisión para expresar su postura, pero lamentó que nadie le acercó los puntos que debe aclarar. “Me enteré a través de los periódicos de lo que se me acusa. Voy a responder lo que saqué de los diarios”, dijo.

Esta comisión está integrada por varios legisladores que deben evaluar las denuncias presentadas y realizar un dictamen para presentar ante el pleno de Diputados, el cual tendrá la última palabra sobre si se interviene o no la comuna.

NIEGA MALVERSACIÓN

Sobre la malversación de fondos, que figura en el primer punto de los 15, dijo que nunca transgredió ley alguna, ya que posee una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia que le habilita a tener autonomía municipal y poder destinar lo recaudado en la inversión en salud y educación.

“No sé de dónde han calculado los concejales para dar ese monto exorbitante (36 mil millones de guaraníes en concepto de impuesto inmobiliario). Es totalmente falso desde todo punto de vista. Quiero recordar que dicen que no cumplimos con la ley, pero creo que es el único municipio del país que recurrió a una acción de inconstitucional respecto a su carta municipal”, argumentó.

Destacó que posee una institución educativa dependiente del municipio con 1.700 alumnos y con costo cero, además de un centro pedagógico destinado a la gente con discapacidad y otra escuela con 35.00 alumnos. Así también habilitó dispensarios médicos municipales bien equipados y con personal suficiente.

“Nosotros podemos determinar las necesitas básicas de la comunidad”, recalcó durante su defensa.

DICE QUE SÍ RINDIÓ CUENTAS

En el segundo punto, sobre el faltante de la rendición de cuentas, Sandra McLeod aclaró que también es falso porque tiene la rendición de cuentas del ejercicio fiscal del 2015, incluso con el acuse de recibo de la Junta Municipal.

En el caso del 2017, enviaron a la Junta 27.000 copias autenticadas de las fojas sobre el estado financiero y los concejales tuvieron 40 días para el estudio de los documentos, pero los mismos “evitaron su trabajo medianamente armónico y no estudiaron, nosotros cumplimos y queríamos que se analicen para que luego no digan nada”. Finalmente, la rendición patrimonial tuvo sanción ficta al no ser tratado por los ediles.

IRREGULAR PEDIDO DE INTERVENCIÓN

La misma está acompañada por algunos concejales que la defienden y aseguran que los 15 puntos de la acusación son “absurdos”. Además esgrimieron que se violaron los procesos y adulteraron los documentos para impulsar el pedido.

El edil Alejandro Zacarías McLeod, sobrino de la intendenta, explicó que sus colegas modificaron el reglamento interno de la Junta Municipal, de manera irregular, para poder impulsar el pedido de intervención. “Incluso ni se leyó el documento y no sabíamos lo que estábamos votando. Aprobaron esto atropellando y salieron corriendo luego. Hay una adulteración del documento aprobado en sesión de la Junta”, esgrimió.

El concejal entregó la documentación que sustenta su denuncia y también mostró las acusaciones que realizó ante la Fiscalía sobre lo ocurrido, pero que no fue investigado debidamente.

En estos momentos continúa la reunión con los diputados.

Con esto quedan sin efectos las demandas por difamación y calumnia, que tenían dichos actores políticos, que se sumergieron en una seguidilla de acusaciones verbales en las que resaltaban, en gran parte, alusiones a cuestiones íntimas.

La “guerra” la había desatado la parlamentaria liberal, que en redes sociales afirmó una supuesta relación extramatrimonial qué afectaba al jefe comunal asunceno, ademàs de que supuestamente Nenecho consumía drogas. La réplica de este se tradujo en un comentario que aludía a la presunta relación íntima que mantuvo con Amarilla. En idas y venidas de epítetos, ingresó luego la senadora Valiente, demandando a su colega por difamaciòn.

Cuando todo indicaba que las querellas llegarían a instancia de definición en el ámbito judicial, amistades comunes de los implicados intermediaron para llegar a conciliación.

Cabe indicar que entre las exigencias de resarcimientos, había requerimientos de fuertes sumas de dinero como reparación ante daño moral. Uno de estos montos era de indemnización de hasta 1000 millones de guaraníes.

Por otro lado cabe indicar que la senadora Amarilla se vio de nuevo envuelta en un fuerte cruce de acusaciones en el seno del parlamento. Está vez con su colega Javier Zacarías Irún, de quien dijo, habría utilizado fondos públicos para pagar estudios de su hijo en el exterior. El aludido reaccionó desmintiendo la acusación y retrucando que la legisladora se enriqueció ilícitamente gracias a almuerzo y merienda escolar.

Te puede interesar: De templo donde “rezaba” Marset a PC de expertos anticrimen, en parajes de Macho, Silva hû y ña Selva

En la jornada de ayer, una comitiva fiscal y policial encabezó una serie de allanamientos en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Dichas diligencias se llevaron a cabo en el marco de la investigación abierta tras la denuncia de explotación a menores de edad por parte de supuestas monjas pertenecientes a la que denominan como Congregación “Hijas de la Virgen de Caacupé”.

Nota relacionada: Disfrazadas de monjas explotaban laboralmente a niñas, investigan si eran abusadas

Las autoridades están tras los pasos de una falsa religiosa imputada por trata de personas, identificada como Rufina Salinas Acuña (54), quien permanece en calidad de prófuga.

Los allanamientos, a cargo de los fiscales Vivian Coronel, Luis Trinidad y Diana Gómez, resultaron infructuosos, puesto que no lograron hallar a la mujer en ninguna de las viviendas visitadas.

Pese a ello, encontraron algunas evidencias que hacen suponer que Salinas estuvo en uno de estos lugares el día anterior, de acuerdo al informe del diario La Clave.

Leé también: Explotación y servidumbre: más de 10 víctimas de congregación no reconocida

En uno de los domicilios intervenidos, constataron la presencia de un adolescente en estado de abandono y con una enfermedad, quien es hijo de la propietaria. La misma será investigada igualmente por la Fiscalía en otra causa penal.

Rufina Salinas Acuña fue imputada junto con Olga Bogado Cubas (quienes se presentaban como religiosas) luego de haber sido denunciadas por una adolescente de 14 años, quien las acusó de someterla a trabajos forzosos, además de maltratos físicos y psicológicos.

Magalí Bazán comentó al canal GEN que, en noviembre del año pasado, desconocidos se habían comunicado con su esposo haciéndose pasar por empleados de la empresa Tigo. “Primero le llamaron de un número y luego le escribieron al WhatsApp de otro número”.

En aquel momento, le habían dicho que supuestamente fue adjudicado con un premio, por lo que le solicitaron algunos datos para cotejar su identidad. Gracias a ello, lograron acceder a su banca web del banco Itaú, entidad de la que la víctima es cliente.

A partir de ese momento, los delincuentes tuvieron posibilidad de hacer la solicitud de un préstamo por la suma de G. 28.300.000, sin que el titular de la cuenta haya dado su consentimiento, indicó la denunciante.

Te puede interesar: Con celular robado, vaciaron cuenta bancaria e hicieron compras, ¿sin su contraseña?

Posteriormente, los estafadores bloquearon el número de la víctima para evitar que haga un nuevo contacto, a lo que Bazán decidió utilizar su número particular para volver a escribirles y reclamarles lo ocurrido.

Según relató, la persona que estaba del otro lado amenazó con “hacer lo mismo con su cuenta”, haciendo alusión a que supuestamente también intentarían acceder a sus datos para robarle dinero.

La mujer cuestiona el hecho de que los ciberdelincuentes pudieran solicitar el préstamo sin que el banco se haya contactado con el titular de la cuenta o hecho las verificaciones de rigor para este tipo de casos. “A él no le llamaron, ni siquiera le mandaron un correo, al entrar en su aplicación recién se dio cuenta”.

Leé también: Acusan a exministro de Abdo por coima, robo y lavado

En este caso, el monto total fue transferido en dos partes, a nombre de Natividad Nancy y Ever Hugo Rodríguez, respectivamente. “Cómo al banco no le llamó la atención que se hizo esa transacción y que automáticamente se transfirió el dinero a otras cuentas”, repudió.

Tras varios meses de este episodio, los afectados siguen sin tener ningún retorno por parte del banco Itaú, por lo que reclaman la falta de interés, así como el hecho de tener que encargarse de pagar mensualmente el préstamo, pese a no haber hecho la solicitud del mismo y no disponer de ese dinero.

#AlAire970 | 📞 Magali Bazán, denunciante

😮Hicieron un préstamo a través de la App del banco y no fue el titular: "Desde el año pasado nos dicen que nos darán una respuesta desde la entidad y nada".

🎙@mikeotr @martidiazm
👥#2EnLaCiudad
📺@SomosGEN📻#Universo970AM pic.twitter.com/L4J8Jbdi85

— Universo 970 AM (@Universo970py) April 25, 2024