Michelle Betancourt, repre­sentante legal de los propieta­rios, explicó al Grupo Nación que la medida cautelar emi­tida por la jueza no especifica el lugar en el que este grupo de indígenas debería permane­cer y solo menciona que debía ser ubicado en la colonia La Fortuna. Los indígenas alen­tados por los activistas bus­carían ocupar un total de 100 hectáreas, 24 de las cuales pertenecen a los clientes de la mencionada abogada.

“Estas activistas instaron a los indígenas a ingresar de manera violenta, protegidos por los policías. Al final prote­gieron a ellos (los activistas) y no a nosotros que tenemos los títulos de propiedad, ampa­ros constitucionales dictados por jueces competentes de Itakyry, pero ahora no sabe­mos qué va a suceder”, explicó la profesional del derecho.

Un gran despliegue policial de casi 50 agentes realizó la Poli­cía Nacional para que estas personas puedan ingresar al inmueble privado, según se pudo observar en varios videos que fueron publica­dos en redes sociales.

Los propietarios afectados por el atropello dieron a conocer su postura en un escrito difundido por redes sociales. “Estamos trasladando a nues­tros animales por seguridad y nadie está para proteger nues­tra integridad. Hace 3 años sufrimos el acoso por parte de la comunidad Ka’apoty y las ONGs que les respaldan, sin ningún fundamento legal sobre sus supuestas tierras, que el propio INDI denunció en el 2019 como solo pape­les, resultado de una gran estafa al Estado y a los próji­mos hermanos indígenas uti­lizados por esta gente”, men­ciona parte del escrito dado a conocer.

“No existe Estado de dere­cho para el respeto a la pro­piedad privada. Giuzzio y el comandante están haciendo este procedimiento peligroso con una turba de campesinos e indígenas que están llegando a nuestra comunidad de Tape Yke Yke Itakyry y pretenden confiscar nuestras tierras de 7, 10 y 26 hectáreas desde 1995, donde los invasores y sus alia­dos las ONGs, con falsedades, nos dan trato de delincuen­tes”, mencionan.

“Desde Itakyry, los pobla­dores responsabilizamos a la jueza Magalí Zavala y a las ONGs Plataforma Social, DDHH, Memoria y Demo­cracia por este atropello y por nuestra integridad y nuestros bienes. Soportamos amena­zas, siendo legítimos propie­tarios, donde ni la Justicia ni la Policía cumplen en nuestro resguardo”, explican los pro­pietarios.

JUSTICIA POR MANOS PROPIAS

“Marta Díaz de Gonçalves, lideresa del grupo de invaso­res, amenazó a los propieta­rios diciendo que tienen que salir de sus casas, pues ellos solo van a salir muertos de allí. Estamos con el riesgo de que cualquier cosa pueda suceder, hasta puede haber justicia por manos propias porque está muy candente la situación por acá. Mis clien­tes son gente de edad y tienen sus vacas, sus chanchos, sus plantaciones y sus huertas”, agregó Betancourt.

Los afectados por la invasión son ciudadanos paraguayos que viven desde hace 25 años en el lugar y cuentan con todos los títulos de propiedad desde el año 1994.

La abogada anunció que denunciarán a la jueza Zavala ante el Jurado de Enjuicia­miento de Magistrados por las medidas irregulares que emitió. “Esto que ella está haciendo es inadmisible, este caos jurídico y social y todo lo que está haciendo por gente de la tercera edad y que pone en riesgo la vida de mis clientes”, concluyó.

QUERÍAN DESHACERSE DE ELLOS

Georgia Arrúa, senadora del Partido Patria Querida, publicó en su cuenta de Twit­ter varios videos del momento del procedimiento realizado. Mencionó que si bien los pro­pietarios exhibieron sus títu­los y la medida cautelar de protección de sus inmuebles, esto no sirvió de nada porque finalmente la Policía no actuó en defensa de ellos a pesar de la orden judicial vigente.

Relató que los propietarios estaban asustados con la lle­gada de los invasores de las propiedades privadas en Tape Yke. “Como siempre usan a niños y mujeres de escudo y atropellan, incitados por sus dirigentes con gritos y prepo­tencia”, añadió.

“Esto, lejos de resolver la situación, la acentúa más. Lo lógico era terminar la men­sura judicial y aclarar el ori­gen del título del INDI denun­ciado como falso. Se crea una falsa expectativa a los indíge­nas y se los deja tirados a ori­llas del río. Solo querían des­hacerse de ellos”, escribió la senadora.

La llegada de los agentes de la Policía Nacional permi­tió que se pueda ingresar a la propiedad, en un procedi­miento hecho en día inhábil, sin ningún control judicial y comandado por supuestos representantes de los dere­chos humanos.

SE EQUIVOCARON DE FINCA

En agosto del 2018, un grupo similar invadió, también de manera violenta, según la denuncia presentada en ese momento, una propiedad privada, específicamente la finca Nº 2891, en la localidad de Itakyry.

En aquella ocasión, un pri­mer grupo de invasores, todos ellos pertenecientes a la comunidad Ka’a Poty de la parcialidad avá guaraní, final­mente se retiró tras constatar que se equivocaron de finca, tal como lo afirmó el líder de este grupo, cacique Teodoro Ramírez.

Liz Carolina Alfonso, pro­pietaria del inmueble, al rea­lizar la denuncia ante las autoridades en ese entonces, presentó toda la documen­tación otorgada por el Insti­tuto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que la acredita como legí­tima dueña de la mencio­nada finca de 7 hectáreas, como los recibos de pago de servicios desde diciembre de 1994.

Vinculan al senador “Kencho” Rodríguez

Según denuncian propietarios y vecinos, con apoyo de impor­tantes políticos como el caso del senador Abdo-luguista del Frente Guasu, Miguel Fulgen­cio “Kencho” Rodríguez, un grupo de alrededor de 20 de estos invasores permaneció en el lugar, pero liderados por una ciudadana paraguaya identifi­cada como Marta Isabel Díaz de Gonçalves, pareja de un produc­tor sojero de origen brasileño, quien cultiva en la localidad de Itakyry importantes extensiones de tierra.

El legislador el 18 de junio pasado presentó una nota al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, lamentando que este grupo de alrededor de 20 personas haya sido desalojado de la propiedad que, según lo expresado en el escrito, se encuentra en “tierras ancestrales” y con título de propiedad del Instituto Nacional del Indígena, fechado en el año 1996.

En el escrito enviado al ministro del Interior, Rodríguez califica como de “dudosa procedencia” los títulos de propiedad pre­sentados por los legítimos propietarios, según los registros del Indert. Este grupo de al menos 20 indígenas en su momento se resistió a ser desalojados pese a la orden judicial y que recién pudo ser cumplida el 15 de junio de este año.

EN DESARROLLO.

En conferencia de prensa, las autoridades nacionales dieron a conocer materiales sobre los miembros del grupo Villalba Ayala, supuestos miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cuya extradición Paraguay requiere a Argentina, donde tienen estatus de refugiados políticos.

Las autoridades mencionaron que muchos niños del “clan Villalba-Ayala” con documentos de identidad argentinos terminaron en campamentos del EPP en Paraguay.

De acuerdo con los materiales expuestos, Mariana Dejesus Ayala López (79), quien cuenta con orden de captura por terrorismo y es la madre de los terroristas, asume en videos que luego de criar y adoctrinar a sus nietos en Argentina, donde actualmente radica, los devuelve a sus padres quienes están en el monte paraguayo. Esto se puede sustentar además con videos de los mensajes que enviaron los epepistas a sus hijos, diciéndoles que los extrañan, pidiéndoles que se porten bien con la abuela y señalándoles que pronto iban a reunirse en suelo paraguayo.

#Móvil970 @RosiPereirapy | 🚨 Inéditos materiales relacionados a las personas detenidas en Argentina, vinculadas al Clan Villalba y el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

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El clan familiar está compuesto por la madre Mariana Dejesus y sus hijos José Mariano Villalba Ayala (55), con orden de captura por secuestro; María Rosa, con captura internacional; y Myrian Viviana, con orden de captura por terrorismo, quien funge ser abogada del grupo criminal. Estos tres tienen refugio político en el vecino país y se aguarda que la justicia argentina los pueda deportar al Paraguay para que afronten la justicia.

Los tres citados son hermanos de la peligrosa Carmen Villalba (52), condenada y recluida en el Buen Pastor; de Liliana Villalba, líder del EPP que cuenta con orden de captura; de Osvaldo Villalba, líder del EPP abatido en enfrentamiento con la FTC, y de la condenada Laura Mariana Villalba Ayala (39), quien está recluida en la penitenciaria de Misiones.

A la última citada (Laura Mariana) se le extrajo recientemente una prueba de ADN, ya que la misma asegura ser la madre de una de las niñas abatidas (las fallecidas son María Carmen “Aurorita” Villalba y Lilian Mariana Villalba) por la FTC en un enfrentamiento en el monte, pero los investigadores paraguayos desconfían que ella sea la progenitora.

En ese sentido, fue expuesta una fotografía encontrada en uno de los campamentos del EPP. La imagen fue tomada en Puerto Rico Misiones, Argentina, y muestra a todos los niños con su abuela. Allí aparecen las niñas abatidas, quienes tenían documento argentino pero que estaban en el campamento epepista cuando fueron asesinadas durante el enfrentamiento. En la foto también aparece Claudia Anahí Oviedo Villalba, hija de Carmen Villalba. Esta joven actualmente se encuentra activando con el grupo terrorista en territorio paraguayo.

#Móvil970 @RosiPereirapy | 🚨 El comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestros de la Policía Nacional, expone paso a paso la forma en que operan los integrantes del EPP con los niños en la selva.

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También las autoridades mostraron un video de una de las niñas abatidas (incautado en uno de los procedimientos) que fue filmado en Argentina. Este material revela que la misma estaba reconocida por su tía Mirian Villalba, pero que en realidad sus padres eran Osvaldo Villalba y Magna Meza. “La madre que me dieron es muy buena”, se oye decir a la niña en un video dirigido a sus padres biológicos que estaban en el campamento.

Asimismo, en la conferencia se expuso un video de Osvaldo con su otra pareja, Jorgelina Silva, en el que se observa además a un niño que nació en el monte, y que actualmente tiene 3 años de edad. También esta criatura cuenta con documento argentino y vive en ese país. Las autoridades paraguayas lo tienen bien identificado.

Todas estas evidencias demuestran cómo el clan familiar tenía descendientes, los enviaban a la Argentina junto a la abuela para que tengan DNI y sean criados por la misma hasta que sean más grandes y puedan volver al monte a seguir los pasos de sus padres guerrilleros.

La Dr. Susana Repka, jefa del Departamento de Alergia, Asma e Inmunología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y el Hospital de Clínicas, informó que brindan a los pacientes la oportunidad de abordar sus problemas alérgicos de manera exhaustiva.

El tratamiento se centra en identificar el problema alergénico específico de cada paciente y determinar los estudios necesarios para un diagnóstico preciso.

En dicho contexto, para las alergias respiratorias, el Departamento cuenta con una amplia gama de pruebas, incluyendo paneles de baterías de test cutáneos, que permiten evaluar la sensibilidad a los alérgenos presentes en el ambiente, que entran por la mucosa del ojo, de la nariz, de la boca.

“Estas pruebas nos ayudan a identificar los desencadenantes de las reacciones alérgicas, ya sea a través de la inhalación o el contacto con la piel”, agregó la Prof. Dra. Susana Repka.

El asma, una enfermedad multifacética, también es objeto de atención en el Departamento de Alergia, Asma e Inmunología de la FCMUNA y su hospital escuela.

La Prof. Dra. Repka destacó la importancia de identificar los diferentes fenotipos de asma, incluyendo el asma alérgica.

Para agendamientos, pueden llamar al 021-3399366 al 8, y 021-3399371, además de poder acercarse a la ventanilla del primer piso de la Torre de Consultorios, donde se confirmar la cita, para solicitar turno de manera presencial.