En charla telefónica con la 650 AM, el político oficialista expresó que evidentemente existen intereses de algunos medios de comunicación, que están en contra del actual Gobierno y que quieren instalar que los verdaderos culpables del crimen de Rodrigo Quintana son autoridades que supuestamente dieron la orden de atacar la sede liberal.

Ante esto calificó de importante que salgan a luz evidencias de la implicancia de referentes liberales en el caso de la quema del Congreso el 31M, con la contratación de barras bravas, y la fabricación de bombas molotov en esas fechas, que a su parecer se utilizaron para el siniestro.

Si bien dijo que todos lamentan la pérdida de la vida humana, recalcó que en el interior del PLRA no estaban haciendo un curso de capacitación, sino que estaban fabricando bombas molotov. “De ahí salían líderes liberales a agredir policías, quemar patrulleras, vehículos, entre otros”, criticó. “Ellos estaban buscando algún muerto para tratar de parar la enmienda sobre la reelección”, acotó.

Así también indicó que como el caso 31M, en la invasión del Cuartel de la Victoria se busca un mismo resultado. “Con la invasión de tierras están buscando lo mismo, es tocar la oreja del paraguayo que quiere a su patria. Solo en la cabeza de los zurdos, se decide atropellar un recinto sagrado para el paraguayo. Hay montón de criaturas con estos (sintierras) del Frente Guasu y amigos de Efraín Alegre. Yo creo que es un pago de factura del FG al Partido Liberal”, indicó.

Alliana ahondó que todo forma parte de la campaña electoral, y que esta situación se suma al acompañamiento que se dan ambas nucleaciones partidarias, que acordaron -según él- la ley del matrimonio gay y el aborto.

“Hay una de dos acá: o buscan algún otro Rodrigo Quintana para culpar al Gobierno, esta gente busca una nueva víctima, recorrer el país con el cadáver de algún fallecido, como hicieron con Rodrigo Quintana, cuyo cuerpo usaron para política partidaria. O para dar la estocada final a Alegre, porque su candidatura no prende. La izquierda le está pasando factura, para que la victoria de Mario Abdo sea aplastante. No puede haber alianza luego de la traición entre ellos para quedarse con el Estado”, argumentó.

Sobre la declaración de su colega Desirée Masi, quien anunció que saldrán a luz más audios filtrados, el presidente de la ANR dijo que están preparados para un ataque fuerte de los medios de comunicación para algunos candidatos. “¿Será que con estos ataques a un partido político hacen bien a la República?”, cuestionó.

En la sesión de ayer, la Cámara Alta aprobó varios pedidos de informes relacionados a la criptominería en Paraguay.

El primero va dirigido a la ANDE a la que se le solicita datos sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras.

El segundo, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios sobre los impuestos que efectivamente pagaron estas 52 empresas en los últimos años, a fin de verificar el nivel de aportes al fisco.

Este punto lo había adelantado ayer el senador Gustavo Leite, quien explicó que las criptominerías, en general, generan pocas fuentes de trabajo y que, probablemente, no pagan muchos impuestos en comparación a la cantidad de energía valiosa que se llevan del país, electricidad que será muy necesaria en un par de años.

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Igualmente, se solicita un informe sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras. Además, al Instituto de Previsión Social sobre los trabajadores inscriptos por las criptomineras en la seguridad social.

Otra solicitud va dirigida al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el cumplimiento de la legislación ambiental y acerca del impacto de la actividad criptominera en el ambiente. Todos los datos serán utilizados para terminar de laborar un proyecto de ley de regulación de la criptominería, aunque también existe otro que plantea directamente la prohibición.

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Esta serie de pedidos se da en coincidencia con un momento en el que las criptominerías están en la mesa de conversación de varias instancias, pero no precisamente por hechos positivos.

En el caso de la ANDE, está en marcha un operativo de caza de criptominerías clandestinas que son grandes consumidoras de energía, sin pagar un solo guaraní por ella y causando un desequilibrio al sistema eléctrico. Hay 64 denuncias ante el Ministerio Público.

A esto se suma el descubrimiento del criptoshopping de la familia Zuccolillo que, según una investigación periodística, utilizó el Nis del centro comercial declarado para actividad coporativa, pese a que se dedicaba a la criptominería, según detectó la propia ANDE, que le remitió una nota para notificarle sobre la detección de “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desa­rrollando actividades aso­ciadas a la minería de criptoactivos” y de la existencia de otro grupo de consumo mayor para este tipo de rubros.

En los meses en que se dedicó a esto, se produjo una pérdida de más de 300.000 dólares a la ANDE, monto que está a cargo del equipo jurídico de la institución, en lo relacionado al eventual reclamo.

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La agente fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, junto con el agente fiscal Carlomagno Alvarenga, llevan adelante una investigación sobre pornografía relativa a niños y adolescentes.

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En el marco de la causa, el representante del Ministerio Público lideró un allanamiento en el barrio San Antonio de la ciudad de Vallemí. El operativo fue desarrollado tras un trabajo de inteligencia que derivó en la detención de un hombre, investigado por extorsionar a un menor.

Durante el procedimiento fueron incautados dos aparatos electrónicos, consistentes en un aparato celular y una tablet. El procesado será trasladado hasta la localidad de Concepción para posteriormente ser remitido a la ciudad de Asunción, donde obra la carpeta principal.

Conforme al antecedente de la causa, el victimario extorsionaba y amenazaba con asesinar a los familiares del menor sino se sometía al pedido de compartir sus fotografías y vídeos íntimos.

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En la sesión de ayer, la Cámara Alta trató el mensaje del Poder Ejecutivo, por el cual remite el Decreto N° 870/23: Por el cual se objeta totalmente el Proyecto de Ley N° 7.220 “Que modifica el artículo 172 de la Ley ° 1160/1997 ‘Código Penal’.

El pleno resolvió por mayoría el rechazo al veto presidencial y el documento fue remitido a la Cámara de Diputados.

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La legislación ratificada establece que los hechos bagatelarios se configuren cuando la apropiación o el hurto se refiera a algo inferior a cinco jornales mínimos, equivalentes a G. 515.455. En caso de reincidencia, el Ministerio Público actuará de oficio.

En cambio, actualmente, todavía sin la nueva ley vigente, un robo cuyo valor sea inferior a 10 jornales mínimos es considerado bagatelario. Con el salario mínimo vigente, esto equivale a G.1.030.910,

Hipotéticamente, si se comete un robo en un local comercial, donde el botín alcanza el valor 950.000 o hasta un millón de guaraníes, el hecho todavía es bagatelario.

En la exposición de motivos son mencionadas las “bolsoneras”, definidas como una agrupación delictiva causante del 50 % de pérdidas de las ganancias anuales de los integrantes de los negocios que integran la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar).

Según argumentan, el problema radica en que, los autores de robos bagatelarios no son procesados pese a sus reincidencias, con lo cual, el perjuicio es enorme al tratarse de seguidilla de casos.

En el 2020, la Policía registró 4.345 robos bagatelarios y en el 2021, 5.438, lo que evidencia el incremento de estos hechos, entre ellos, robos de carne en los supermercados, ropas en las tiendas, bebidas en las bodegas, etc.

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