La agente fiscal Vivian Coronel representó al Ministerio Público en un juicio oral que culminó con la condena de un hombre a 17 años de prisión por abusar sexualmente de sus dos hijastras. El debate tuvo lugar en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

Según los antecedentes, los abusos sexuales ocurrieron en varias ocasiones de manera reiterada desde el año 2021 en una vivienda de la capital del Alto Paraná.

El acusado solía utilizar juegos para engañar a las víctimas y encubrir los abusos como si fueran parte de los mismos. “En este caso el padrastro utilizaba ciertos juegos para hacer creer a las niñas de que eso no estaba mal, utilizaba juegos para poder disfrazar los abusos”, expresó la fiscal en diálogo con la 1020 AM.

Durante el desarrollo del juicio, la fiscal presentó pruebas irrefutables que demostraron la existencia del delito y la responsabilidad del acusado.

En consecuencia, el Tribunal de Sentencia, presidido por el magistrado Marino Méndez y conformado por los jueces Zunilda Martínez y Herminio Montiel, impuso una condena de 17 años de prisión al acusado.

Conforme a lo establecido en el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, se mantiene en reserva el nombre del presunto abusador, en consideración a la protección de la identidad de las niñas involucradas en el caso.

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La SEN sigue en marcha con el denominado Operativo “Jaho’i”, a fin de brindar asistencia a indigentes cuando se registran temperaturas inferiores a los 10 °C.

Entre la noche de este lunes y la madrugada de hoy martes, un total de cuatro personas en situación de calle fueron trasladadas al albergue habilitado en la zona de la Costanera Sur.

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Así también, proveyeron colchones y frazadas a tres personas que fueron abordadas en la vía pública, luego de que las mismas optaran por permanecer allí.

José Duarte, uno de los encargados del albergue, comentó a ABC TV que la mayor cantidad de servicios corresponden a reportes por vía telefónica, aunque también realizan recorridos aleatorios en varios puntos de Asunción.

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Las personas trasladadas reciben alimentación, baño y abrigo, además de asistencia médica, en caso de que así lo requieran.

El albergue transitorio de la Secretaría de Emergencia Nacional posee capacidad para 30 personas (12 hombres y 12 mujeres, además de 6 madres con bebés).

El proyecto contempla una presa de 160 metros de altura en la garganta del río Pilaya, un afluente clave de la cuenca del Pilcomayo. “El Carrizal” busca generar energía eléctrica y habilitar sistemas de riego, pero veinte científicos internacionales de seis países rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. Los expertos señalan la sedimentación extrema como el mayor peligro técnico de la obra. El río Pilcomayo arrastra 200 millones de toneladas de materiales al año, una cifra récord a nivel mundial. Esta carga llena el embalse rápidamente y reduce la vida útil de la estructura de forma drástica.

Las naciones indígenas Weenhayek, Tapiete y Guaraní dependen del sábalo para su alimentación y economía. Uno de los puntos que se critica del proyecto, es que la represa actuaría como una barrera física que bloquea la ruta migratoria de los peces hacia sus zonas de reproducción.

Los líderes indígenas denuncian la falta de una consulta previa y obligatoria según las leyes locales. Francisco Nazario, capitán de la organización weenhayek, califica la obra como una sentencia de muerte para su cultura.

La construcción inunda también tierras agrícolas de comunidades como Camblaya y Los Sotos. Expertos ambientales descartan el éxito del sistema de riego prometido por las autoridades, argumentan que los canales sufren colmatación inmediata por la arena y el barro del río. El cañón del Pilaya, el sexto más profundo del mundo, corre riesgo de una alteración visual y biológica irreversible por la intervención.

Si bien los promotores defienden la obra como una respuesta a la crisis del gas, los científicos reiteran que el costo ambiental supera los beneficios energéticos. El destino del Pilcomayo y la biodiversidad de la zona permanecen hoy bajo una gran incertidumbre.

El Ministerio de Justicia puso en marcha una transformación radical en el sistema penitenciario con la eliminación total de la circulación de dinero en efectivo dentro de los nuevos centros de reclusión del país. En su lugar, las personas privadas de libertad (PPL) operan mediante billeteras electrónicas virtuales que se activan de forma exclusiva a través de un lector de huellas dactilares.

El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, explicó a radio Ñanduti que esta tecnología ya se encuentra plenamente activa en el Centro de Reinserción Social de Emboscada (Comple), comenzó a ejecutarse en la penitenciaría de Minga Guazú y su próxima parada de implementación será el penal Martín Mendoza.

Para evitar riesgos de seguridad, los internos no tienen acceso a teléfonos celulares, tarjetas ni a ningún dispositivo físico de pago, elementos que están estrictamente prohibidos en los regímenes de máxima seguridad.

El funcionamiento es 100% biométrico y a cada recluso se le habilita una cuenta virtual a la que se le asigna un crédito. Al momento de adquirir productos en las cantinas de las penitenciarías, el interno solo debe asentar su dedo en el lector de huellas para verificar su saldo disponible y autorizar los descuentos de su compra.

De acuerdo con el viceministro, este sistema corta de raíz los esquemas convencionales de corrupción que históricamente azotaron a las cárceles.

“Esto garantiza no solo transparencia y trazabilidad, evita también situaciones de coacción por parte de algún funcionario hacia la persona privada de libertad, como también a la inversa cualquier intento de soborno. Nos da bastante control porque podemos saber qué producto compra y con qué frecuencia”, detalló Maciel.

Asimismo, al ser consultado sobre el peligro de que estas billeteras sean utilizadas para recepcionar dinero proveniente de las conocidas estafas telefónicas desde las cárceles, el alto funcionario respondió que sería una torpeza absoluta de parte del interno que haga eso. Explicó que el monitoreo es en tiempo real y el sistema registra con precisión el nombre y los datos de cada persona que realiza una transferencia, facilitando el trabajo del Ministerio Público ante cualquier sospecha.

La plataforma no permite el libre flujo de capitales. El Ministerio de Justicia estableció límites estrictos al dinero que puede ser depositado en las cuentas de los reclusos, y existe una lista rigurosa de familiares autorizados para realizar dichas transferencias. “No es que se va a poder depositar 10 millones, existen límites”, acotó.

La autoridad contó que además de la ayuda familiar, la billetera electrónica se convirtió en la vía legal para que los internos bancarizados perciban sus “recompensas pecuniarias”. Esto corresponde al salario que reciben por parte de empresas privadas que aliadas a los programas de reinserción laboral de las penitenciarías.