El 23 de abril de 2023, una semana antes de las elecciones generales, el magnate ruso Andrey Leonidovich Kostin aterrizó con su moderno jet en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Lo hizo, según la explicación oficial dada por el entonces titular de Dinac, Douglas Cubillas, para cargar combustible a su aeronave y para que su tripulación acceda a los sanitarios.

Desde organismos de seguridad del Estado, sin embargo, señalan que Kostin, sancionado por EE. UU., Canadá, Gran Bretaña y la Unión Europea por maniobras consideradas dolosas, mantenía una agenda de conexiones con el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Sobre la base de dichas conexiones, mencionan que el magnate ruso, quien en su paso por Gran Bretaña colaboró con la KGB, en realidad pudo haber realizado ciertas “gestiones” en nuestro país con el objetivo de influir en las elecciones en Paraguay trayendo dinero, informaciones o tecnología.

El gobierno de Santiago Peña le denegó, por razones de seguridad, el pasado 4 enero una autorización para sobrevolar y aterrizar en el territorio paraguayo. La tripulación estaba compuesta por el magnate ruso Kostin, su esposa Natalia Gordeeva, sus familiares Ivan, Petr, Egor Kostin, y Borislav Belenov.

CONEXIÓN PARAGUAYA

¿Qué interés tendría Rusia en incidir en la política paraguaya? En el ajedrez político la suma de países a favor o en contra de ciertas situaciones tiene su valor en la pulseada de la alta política internacional.

Antes de imponerse en las elecciones del 30 de abril, Santiago Peña había lanzado sus cartas sobre la mesa en cuanto a política internacional. La posición a favor de Occidente (pro-Israel, a favor de Ucrania, continuidad de la alianza con Taiwán) dejó en claro cuál iba a ser el rumbo exterior del país.

En el otro frente, en tanto, la oposición con Efraín Alegre a la cabeza, también delineó lo que sería su política exterior si se imponía. En ese sentido, la oposición daba el pulgar para arriba a favor de la relación diplomática con China (dejando de lado a Taiwán), significativos guiños en contra de Israel y una postura sinuosa con relación a Estados Unidos.

PAPEL DE ABDO BENÍTEZ

A este nivel de posicionamientos, ¿que interés pudieron impulsar a Mario Abdo Benítez para “gestionar” conexiones con el sancionado magnate ruso Andrey Kostin? Al interior de la ANR es un secreto a voces que Abdo operó hasta los últimos días por evitar la victoria colorada en las presidenciales. Y que las incursiones misteriosas de Kostin en el país, además de jugadas de la política internacional rusa, tendrían una extensión con asuntos de negocios.

SANCIONES, KGB Y POLÍTICA

Andrey Leonidovich Kostin fue miembro de la KGB (policía secreta de la extinta Unión Soviética). Tras la caída del telón de acero, en 1989, el hombre pasó de ser “un funcionario” a convertirse en un magnate. Kostin está sancionado por el Gobierno de Estados Unidos y tiene bloqueadas sus cuentas por su presunta participación en la primera etapa de la invasión de Rusia a Ucrania en 2014, en la península de Crimea.

A Kostin lo había sancionado la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) el 16 de marzo de 2014 durante el segundo mandato de Barack Obama en Estados Unidos. Se bloquearon todas sus cuentas y no puede disponer de gran parte de su patrimonio. Esas sanciones fueron ratificadas luego por el gobierno de Joe Biden.

El 15 de marzo de 2019, Canadá impuso sanciones a varias personas, entre ellas Kostin, por violaciones de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Por decreto del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, Kostin está bajo sanciones de Ucrania desde el 24 de junio de 2021. El 23 de febrero de 2022 fue incluido en la lista de sanciones de todos los países de la Unión Europea. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, el Reino Unido impuso sanciones a Kostin que implicaron la congelación de sus activos y la prohibición de viajar. Después de la invasión rusa a Ucrania, Suiza, Japón, Nueva Zelanda y Australia también le impusieron sanciones. Fue sancionado por Nueva Zelanda en relación con la invasión rusa a Ucrania en 2022.

La comitiva realizó la verificación e investigación, que requirió más de tres horas de desplazamiento por caminos de difícil acceso. Del levantamiemto del cuerpo del adolescente, participaron el fiscal Rodrigo J. Espínola, acompañado de personal de Criminalística, del médico forense y de la Policía Nacional.

La presencia institucional en el lugar tuvo como propósito garantizar una actuación inmediata, transparente y respetuosa de los derechos de la víctima y de su familia, así como documentar las circunstancias que rodearon el hecho, presuntamente suicidio. El representante del Ministerio Público destacó que estas diligencias forman parte de la política de la institución de no discriminar ni relegar la atención de los casos que afectan a comunidades indígenas, tradicionalmente relegadas y expuestas a diversas formas de vulnerabilidad social.

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“Es deber de la Fiscalía estar presente en todo el territorio nacional, sin distinción de procedencia, etnia o condición social de las víctimas. No podemos permitir que estas situaciones queden invisibilizadas”, manifestó el agente fiscal interviniente al concluir la diligencia.

La Fiscalía prosigue con la recopilación de informes y testimonios, en coordinación con los líderes comunitarios y otras instituciones competentes, a fin de esclarecer los hechos y brindar acompañamiento integral a los familiares del afectado.

La paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. El refrán sur­gido de un pasaje bíblico puede explicar tranquila­mente el actuar del multime­dio Abc Color cuando se trata de hablar de casos de lavado de dinero.

El diario emblema del Grupo Zuccolillo, además de sus radios y su canal de televi­sión, se ha dedicado durante años a criticar con fuerza la supuesta falta de acción por parte de las autoridades en el combate contra el lavado de dinero en Paraguay.

De hecho, como se puede observar en la gráfica más arriba, el grupo económico realizó varias editoriales expresando su opinión al respecto.

En su edición del 12 de enero de 2021, la empresa periodística criticaba a los organismos de inves­tigación diciendo que “los peces gordos pueden nadar tranquilos”.

“Nuestro país ha aprobado varias leyes en la materia, pero los peces gordos de la delincuencia saben que no tendrán por qué preocu­parse mientras los organis­mos estatales se limiten a actuar como engañabobos, controlando pequeñas ope­raciones en vez de perseguir el contrabando, el narcotrá­fico y la corrupción”, señalaba el editorial.

Hace apenas unos días, Abc publicó un extenso informe refritando la información de que se habría utilizado dinero proveniente del narcotrá­fico para comprar la casa de verano que el senador Erico Galeano poseía en un barrio cerrado en Altos.

Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, vinculado a operaciones con banco Atlas

SE OLVIDAN DE SU CLIENTE

Precisamente si de dinero narco se trata, es ahí donde aparece el brasileño Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, consi­derado como el mayor narco­traficante de la región y quien operaba tranquilamente en nuestro país. Entre sus ope­raciones aparece un millona­rio préstamo otorgado por el banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo y empresa hermana de Abc Color.

El pasado 8 de mayo, Abc publicó un artículo en el que anunciaba que el juicio para los supuestos prestanombres del narco brasileño se realiza­ría en junio y citó algunas de las operaciones realizadas por los mismos. Pero se olvidó de una en particular.

En 2015, el banco Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millo­nes a la firma Biocombustible Brasilero (Biobras), cuyo presi­dente es Gilberto Suárez, uno de los señalados como supuesto prestanombres de Da Rocha, puesto que el mismo es en rea­lidad un modesto tractorista.

En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de la suma de USD 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.

Como garantía hipoteca­ria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estan­cia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria. Sin embargo, el inmueble en cues­tión ya estaba a cargo de Sena­bico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de con­tratar sobre el mismo.

CASI CONSIGUIERON REMATE

En el contexto de las clási­cas movidas judiciales de fin de año, en diciembre pasado se perfiló un remate judicial que favorecía los intereses del grupo empresarial Zuccolillo y perjudica al Estado.

Este remate buscaba recu­perar el crédito hipotecario millonario que el banco Atlas otorgó al tractorista testafe­rro del narcotraficante.

El 12 de diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comer­cial, Édgar Rivas, ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, propiedad de Cabeza Branca, en detrimento de la Senabico, que actualmente administra el inmueble incautado. Pese a los múlti­ples pedidos para realizar una subasta y pagar al acreedor, el juez dispuso que el remate se efectuara el 29 de diciembre de 2023, con publicaciones en el diario Abc Color, desta­cando las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble.

Con esta maniobra judi­cial, el Estado paraguayo podría haber perdido un bien valuado en USD 18 millones al ser rematado por una deuda de USD 3 millones recla­mada por el banco Atlas, tras su cuestionable negocio con el tractorista testaferro del narco Cabeza Branca.

Si el remate prosperaba, el banco Atlas podría adjudi­carse un inmueble cuyo valor supera con creces la deuda pretendida, frustrando así los esfuerzos del Estado por recu­perar activos del crimen orga­nizado y abriendo la puerta a que en el futuro procesados puedan recuperar sus bienes mediante deudas simuladas.

EL MAYOR LAVADOR

En una entrevista realizada por Mabel Rehnfeldt, una de las estrellas de Abc, la enton­ces ministra de la Senabico Teresa Rojas había confir­mado que Cabeza Branca superaba el nivel de inver­sión del también brasileño Darío Messer.

• Unidad de Investigación Nación Media
• investigacion@nacionmedia.com

Por Cinthia Mora, periodista.

La campaña de perse­cución que desató el diario Abc Color en contra de la actual titular de Seprelad, Liliana Alca­raz, con el objetivo de invo­lucrarla, sin motivos, en la causa penal donde se inves­tiga a Abdo Benítez y sus excolaboradores, forma parte de la estrategia de defensa mediática del exmandatario imputado.

En agosto de 2023, al asu­mir el cargo de ministra de Seprelad, la exfiscal Liliana Alcaraz constató que no se habían aplicado las reco­mendaciones del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat) respecto a las filtraciones ni tampoco sumarios a los funcionarios responsables por los gra­ves hechos. Las filtraciones de informes de inteligencia fueron motivo de alerta por parte de los evaluadores del Gafilat que en setiembre de 2022 recomendaron la apli­cación de protocolos para evi­tar tales situaciones y corre­gir los malos manejos.

Alcaraz ordenó la aplicación de sumarios a los funciona­rios asignados a la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico y la apli­cación de los protocolos reco­mendados por el Gafilat. Los resultados de estos sumarios fueron enviados al Ministe­rio Público por solicitud de los agentes fiscales Aldo Can­tero y Giovanni Grissetti, en diciembre de 2023.

Los informes remitidos desde la Seprelad al Ministe­rio Público aportaron infor­mación relevante que permi­tieron colectar datos, correos electrónicos y testimonios que hoy forman parte de los 42 elementos que sustentan la imputación contra Abdo Benítez y su gavilla.

El documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández fue descubierto gracias a la colaboración de la actual ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz (Crédito: Acta de imputación)

EL DOCUMENTO SECRETO Y LOS CORREOS

Entre los 42 elementos de prueba que sustentan la imputación contra Abdo Benítez resaltan dos infor­mes remitidos por la nueva administración de Seprelad. El primer informe es del 21 de noviembre de 2023, en el cual la Seprelad responde a un pedido de los fiscales Cantero y Grissetti sobre los procedimientos ejecutados dentro de la Unidad de Inte­ligencia Financiera.

La respuesta de la Sepre­lad aportó un detalle que se convertiría luego en la “brú­jula” de la investigación fis­cal, el documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández. Este docu­mento en formato word fue detectado en los archivos de la DGAFE (Dirección Gene­ral de Análisis Financiero y Estratégico), dirección que estuvo a cargo de Carmen Pereira y de Guillermo Preda Galeano, ambos imputados en la causa.

El documento secreto fue uti­lizado como base para la ela­boración del informe de inte­ligencia (10/2022) que luego fue presentado al Ministe­rio Público y enviado a EE. UU. en carácter de “informa­ción espontánea”. El archivo fue redactado en una oficina paralela dentro de la Seprelad y a cargo de un funcionario que no pertenecía a la institu­ción. En el borrador se intro­dujo información falsa y ter­giversada, según lo expuesto por el Ministerio Público.

Este revelador documento fue uno de los elementos de prueba que permitió a los agentes fiscales construir la tesis de la persecución polí­tica ya que fue elaborado por fuera de lo que establece la ley y bajo la orden específica de perseguir exclusivamente a Cartes y a sus empresas.

El otro informe remitido por la ministra Liliana Alcaraz y que permitió avanzar aún más en la investigación contra Abdo Benitez y su camarilla fueron los correos electróni­cos entre la exviceministra Carmen Pereira y los funcio­narios de la Unidad de Inteli­gencia Financiera de la Sepre­lad, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira, todos imputados en la causa.

En estos correos se detalla la manera en que fue incorpo­rado el documento secreto, redactado por Farías y Fer­nández, al circuito institucio­nal de la Seprelad para que sea utilizado como base para la elaboración de un informe de inteligencia contra Horacio Cartes. En estos correos tam­bién se ordenaba incorporar al documento oficial infor­mación tendenciosa y juicios de valor para perjudicar a los enemigos políticos.

DESMIENTE INFORMACIÓN FALSA DE ABC

Publicaciones de tinte mali­cioso y falso del diario Abc Color tienen como objetivo instalar que Liliana Alcaraz fue partícipe del esquema de filtración en su calidad de punto contacto del sis­tema que recibió el pedido de información de la fiscalía de Panamá.

La actual titular de Seprelad mencionó que recién tuvo acceso al sistema mencio­nado en marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Inte­rior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la fiscalía panameña.

Alcaraz explicó que la RRAG es una plataforma electrónica que se encuentra en el extran­jero (Costa Rica) a través de la cual los países que conforman el Gafilat pueden intercam­biar información de manera segura y recién una persona se convierte en punto de con­tacto cuando tiene acceso a la plataforma. Cada país tiene un coordinador y es este quien gestiona estos accesos. En ese entonces era el minis­tro de Seprelad Carlos Arre­gui. Actualmente ese cargo lo ocupa Liliana Alcaraz. “La responsabilidad siempre es del coordinador nacional”, subrayó.