El 23 de abril de 2023, una semana antes de las elecciones generales, el magnate ruso Andrey Leonidovich Kostin aterrizó con su moderno jet en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Lo hizo, según la explicación oficial dada por el entonces titular de Dinac, Douglas Cubillas, para cargar combustible a su aeronave y para que su tripulación acceda a los sanitarios.

Desde organismos de seguridad del Estado, sin embargo, señalan que Kostin, sancionado por EE. UU., Canadá, Gran Bretaña y la Unión Europea por maniobras consideradas dolosas, mantenía una agenda de conexiones con el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Sobre la base de dichas conexiones, mencionan que el magnate ruso, quien en su paso por Gran Bretaña colaboró con la KGB, en realidad pudo haber realizado ciertas “gestiones” en nuestro país con el objetivo de influir en las elecciones en Paraguay trayendo dinero, informaciones o tecnología.

El gobierno de Santiago Peña le denegó, por razones de seguridad, el pasado 4 enero una autorización para sobrevolar y aterrizar en el territorio paraguayo. La tripulación estaba compuesta por el magnate ruso Kostin, su esposa Natalia Gordeeva, sus familiares Ivan, Petr, Egor Kostin, y Borislav Belenov.

CONEXIÓN PARAGUAYA

¿Qué interés tendría Rusia en incidir en la política paraguaya? En el ajedrez político la suma de países a favor o en contra de ciertas situaciones tiene su valor en la pulseada de la alta política internacional.

Antes de imponerse en las elecciones del 30 de abril, Santiago Peña había lanzado sus cartas sobre la mesa en cuanto a política internacional. La posición a favor de Occidente (pro-Israel, a favor de Ucrania, continuidad de la alianza con Taiwán) dejó en claro cuál iba a ser el rumbo exterior del país.

En el otro frente, en tanto, la oposición con Efraín Alegre a la cabeza, también delineó lo que sería su política exterior si se imponía. En ese sentido, la oposición daba el pulgar para arriba a favor de la relación diplomática con China (dejando de lado a Taiwán), significativos guiños en contra de Israel y una postura sinuosa con relación a Estados Unidos.

PAPEL DE ABDO BENÍTEZ

A este nivel de posicionamientos, ¿que interés pudieron impulsar a Mario Abdo Benítez para “gestionar” conexiones con el sancionado magnate ruso Andrey Kostin? Al interior de la ANR es un secreto a voces que Abdo operó hasta los últimos días por evitar la victoria colorada en las presidenciales. Y que las incursiones misteriosas de Kostin en el país, además de jugadas de la política internacional rusa, tendrían una extensión con asuntos de negocios.

SANCIONES, KGB Y POLÍTICA

Andrey Leonidovich Kostin fue miembro de la KGB (policía secreta de la extinta Unión Soviética). Tras la caída del telón de acero, en 1989, el hombre pasó de ser “un funcionario” a convertirse en un magnate. Kostin está sancionado por el Gobierno de Estados Unidos y tiene bloqueadas sus cuentas por su presunta participación en la primera etapa de la invasión de Rusia a Ucrania en 2014, en la península de Crimea.

A Kostin lo había sancionado la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) el 16 de marzo de 2014 durante el segundo mandato de Barack Obama en Estados Unidos. Se bloquearon todas sus cuentas y no puede disponer de gran parte de su patrimonio. Esas sanciones fueron ratificadas luego por el gobierno de Joe Biden.

El 15 de marzo de 2019, Canadá impuso sanciones a varias personas, entre ellas Kostin, por violaciones de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Por decreto del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, Kostin está bajo sanciones de Ucrania desde el 24 de junio de 2021. El 23 de febrero de 2022 fue incluido en la lista de sanciones de todos los países de la Unión Europea. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, el Reino Unido impuso sanciones a Kostin que implicaron la congelación de sus activos y la prohibición de viajar. Después de la invasión rusa a Ucrania, Suiza, Japón, Nueva Zelanda y Australia también le impusieron sanciones. Fue sancionado por Nueva Zelanda en relación con la invasión rusa a Ucrania en 2022.

El proyecto contempla una presa de 160 metros de altura en la garganta del río Pilaya, un afluente clave de la cuenca del Pilcomayo. “El Carrizal” busca generar energía eléctrica y habilitar sistemas de riego, pero veinte científicos internacionales de seis países rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. Los expertos señalan la sedimentación extrema como el mayor peligro técnico de la obra. El río Pilcomayo arrastra 200 millones de toneladas de materiales al año, una cifra récord a nivel mundial. Esta carga llena el embalse rápidamente y reduce la vida útil de la estructura de forma drástica.

Rio Pilaya, Bolivia

Las naciones indígenas Weenhayek, Tapiete y Guaraní dependen del sábalo para su alimentación y economía. Uno de los puntos que se critica del proyecto, es que la represa actuaría como una barrera física que bloquea la ruta migratoria de los peces hacia sus zonas de reproducción.

Los líderes indígenas denuncian la falta de una consulta previa y obligatoria según las leyes locales. Francisco Nazario, capitán de la organización weenhayek, califica la obra como una sentencia de muerte para su cultura.

La construcción inunda también tierras agrícolas de comunidades como Camblaya y Los Sotos. Expertos ambientales descartan el éxito del sistema de riego prometido por las autoridades, argumentan que los canales sufren colmatación inmediata por la arena y el barro del río. El cañón del Pilaya, el sexto más profundo del mundo, corre riesgo de una alteración visual y biológica irreversible por la intervención.

Si bien los promotores defienden la obra como una respuesta a la crisis del gas, los científicos reiteran que el costo ambiental supera los beneficios energéticos. El destino del Pilcomayo y la biodiversidad de la zona permanecen hoy bajo una gran incertidumbre.

Informe del Proyecto Hidroelectrico Carrizal

Basado en el reportaje original de Iván Paredes Tamayo (Mongabay Latam)

Desde hoy, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú pasa a llamarse Centro Nacional de Prevenidos y será exclusivamente para personas procesadas. Este cambio se da bajo el nuevo modelo de gestión penitenciaria.

Asimismo, a partir de la vigencia, se dispone no recibir a nuevos ingresos ni hacer traslados de personas con condena firme. Bajo el operativo “Umbral 3.0″ las personas privadas de libertad en carácter de condenados se trasladarán gradual y planificadamente hasta la total desocupación de condenados a establecimientos penitenciarios destinados exclusivamente al cumplimiento de penas conforme a criterios de calificación y seguridad.

Según el artículo 5, las medidas adoptadas tienen por objeto cumplir con lo que dice la Constitución Nacional, el Código de Ejecución Penal del Paraguaya y los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

La redistribución y el traslado estará bajo la organización del Viceministerio de Justicia.

“Paraguay está viviendo un nuevo amanecer”, dijo el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora. Con ello, resaltó, se da un paso sin precedentes en la reforma del sistema penitenciario nacional.

LA CAJA NEGRA

Este acuerdo se firmó en el año 2017 mediante la figura del fideicomiso, que en términos más sencillos consiste en una caja de seguridad o contrato de confianza donde uno entrega bienes, dinero o propiedades a un banco para que los cuide, gestione y use específicamente para un fin definido en el contrato.

En este caso, el IPS y Atlas acordaron que debía servir para financiar la construcción de cuatro hospitales: el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día y el Centro Hemato-Oncológico. Y para ese objetivo se fijó la suma de 828.000 millones de guaraníes.

A simple vista todo parecería conveniente para el IPS, sin embargo, en la práctica es otra la situación, ya que todo el dinero que la previsional recauda para salud pasa primero por el banco.

¿Cómo funciona el mecanismo? Cada mes, el IPS recibe aportes de trabajadores y empleadores para el fondo de salud. Según el contrato, el 100% de ese dinero se deposita primero en las cuentas administradas por el banco durante 30 días. Durante ese tiempo, el banco debe separar una reserva mínima de hasta 160.000 millones de guaraníes. Recién después de ese proceso, el resto del dinero vuelve al IPS para ser utilizado.

En pocas palabras, el banco actúa como una especie de aduana financiera. El dinero entra primero allí, se retiene una parte y luego se libera lo restante.

El contrato del IPS otorga grandes ventajas al banco Atlas porque el plazo de este acuerdo es de nada más y nada menos que de 30 años, es decir, durante ese periodo cada mes el banco tiene en sus cuentas sumas muy grandes de dinero provenientes de los aportes de los asegurados. Eso significa que la entidad financiera dispone de una enorme liquidez, y que puede utilizar dentro de sus operaciones habituales, sin asumir riesgos con su propio capital.

En el acuerdo firmado en el año 2017 y que sigue vigente, se fijó que los gastos de administración del contrato no los paga el banco Atlas. Es así que los honorarios profesionales, auditorías, impuestos o gastos legales se cubren con el propio dinero del IPS o con los fondos administrados en esa cuenta especial. Con esto el banco de los Zuccolillo no gasta ni arriesga su capital.

El principal problema de este contrato leonino es que los aportes de los trabajadores quedan retenidos cada mes en el banco, mientras los hospitales y servicios que debían construirse con ese dinero todavía siguen inconclusos o demorados.

Hay que recordar que los actuales administradores del IPS realizaron auditorías internas y externas por este contrato con Atlas, que derivaron en cuatro denuncias penales por las irregularidades detectadas en su manejo.

Uno de los informes reveló que solo el 26% del dinero de este pacto con Atlas se utilizó para los proyectos originales, que eran los cuatro hospitales, mientras que el 74% restante se destinó a obras o refacciones no previstas inicialmente. Para poder hacer esta jugarreta, se hizo una pequeña pero decisiva modificación al contrato para incluir un punto llamado “otros centros de salud” y así se comenzó a desviar la plata.

Pero lo más grave de todo es que algunos de estos supuestos trabajos para obras no previstas inicialmente no se ejecutaron; lo que a simple vista demuestra que se desviaron millones a obras fantasmas.

Como consecuencia, dos hospitales no se terminaron en tiempo y forma. El Hospital Día tuvo un avance mínimo y el Centro Hemato-Oncológico ni siquiera comenzó con esos fondos, lo que obligó a las actuales autoridades del IPS a buscar después recursos propios para continuar las obras, que se esperan que terminen recién este año.