En conversación con la 650 AM, el fiscal Federico Delfino, quien junto con Alicia Sapriza y Manuel Doldán se encarga del operativo Turf, confirmó que investigarán la implicancia del ahora exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, tras su escandaloso vínculo con un presunto narcotraficante detenido en Brasil, Marcus Vinicius Espindola Marqués de Padua. “Son todas aristas de nuestra investigación. Ante esa sospecha, de esas situaciones, el Dr. Doldán pidió la apertura de esa causa el viernes último. Esto es producto de un trabajo que se llevaba en el Brasil hace tiempo ya, fracasó en nuestro territorio, a raíz de esto es que el Dr. Doldán es que pidió la apertura de la investigación”, sostuvo. El investigador no quiso opinar sobre qué le parece el vínculo entre Giuzzio y el narco, porque podría ser recusado posteriormente. Además tampoco quiso ahondar mucho sobre los siguientes pasos en la investigación. “Objetivamente, son informaciones relevantes, es una de las aristas que llevamos a cabo. Se realizarán las investigaciones a los efectos de confirmar o deslindar responsabilidad”, indicó sobre si se llamará a declarar al destituido Secretario de Estado. LO QUE PODRÍA INVESTIGARSE Al admitir que él mismo llamó al narco Marcus Vinicius detenido en Brasil y que el empresario le ofreció productos de protección personal para el Estado, el entonces ministro Arnaldo Giuzzio se expone a ser procesado por cohecho, figura que aparece en el Código Penal. El funcionario que solicitara, se deja prometer o aceptara un beneficio a cambio de una contraprestación proveniente de una conducta propia del servicio que haya realizado o que realizará en el futuro, será castigado con una pena privativa de libertad de hasta tres año o con multa. Así lo establece el artículo 300 del Código Penal en su inciso primero, el cual da pie a la apertura de un proceso contra el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. GIUZZIO MINTIÓ: NO ARRENDÓ RODADO, FUE PRESTADO El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio utilizó para vacacionar en el Brasil, una camioneta de la marca KIA con chapa número WCGC 805, registrada a nombre de la empresa Ombu S.A. de Marcus Vinicius Espindola Marqués de Padua. El presunto narco también aparece en varias fotografías con Giuzzio ya que él mismo pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. El vínculo entre Giuzzio y el presunto narco podría arrojar conclusiones acerca de la negligente labor de la Senad en el operativo que permitió la fuga de otro de los buscados, Lidomar Reges Furtado. El propio ex Secretario de Estado confirmó que utilizó el rodado del supuesto narcotraficante porque el suyo se había descompuesto, y como justamente estaba proyectando hacer negocios con Marcus, lo llamó personalmente a su celular para que le arrende un automóvil. Sin embargo sospechosamente no posee factura alguna que sustente su justificación. Al respecto, Gilberto Enciso, gerente de Ombu SA, desmintió a Giuzzio, al indicar que Marcus Vinicius le prestó el automóvil que utiliza su esposa, y no fue arrendado como alegó el exministro del Interior.

Los decomisos se realizaron en comercios y supermercados de Capiatá, según informaron desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

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Aparentemente, los locales intervenidos no cumplían con las medidas establecidas por la Ley de Pesca y Acuicultura para comercializar productos pesqueros. Igualmente, hallaron como piezas de animales silvestres, tampoco sin los permisos.

Se decomisaron aproximadamente 130 kilos de surubí pintado que, según el Mades, serán donados a entidades benéficas para su consumo.

La intervención fue llevada a cabo por técnicos de la dirección de Pesca y Acuicultura y la dirección de Fiscalización Ambiental del Mades.

Desde la institución recuerdan que la venta de animales silvestres y pescados sin medidas está sujeta a sanciones administrativas y penales.

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Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional sobre la presencia de la recién nacida, tras escuchar el llanto de la misma.

Los uniformados se acercaron al lugar y constataron que aún tenía el cordón umbilical.

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La recién nacida fue derivada de inmediato al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro y en estado de observación.

La interviniente es la fiscal María Angélica Insaurralde, quien se encargará de indagar a la madre.

Nelson Medina, asesor legal de la ANDE, comentó que hasta el momento 64 denuncias fueron formuladas en el Ministerio Público, pero durante los procedimientos no lograron que se allanen todos los lugares y las máquinas incautadas se devolvía nuevamente.

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En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, explicó que están apuntando a nuevas alternativas jurídicas para sancionar y penalizar esta actividad que genera pérdidas millonarias a la institución y afecta al correcto suministro de la energía en el país.

“El problema de la ANDE no es el tema de la venta a las criptominerías que están legalmente constituidas, que sí pagan por el suministro eléctrico, tienen una tarifa diferenciada en dólares y es de conveniencia para la ANDE. Sino aquellas criptominerías en base a la sustracción de la energía electricidad cometiendo un hecho punible”, expresó Medina.

La ANDE no pudo recaudar G. 75 mil millones en un año con la instalación ilegal de las granjaminerías que utilizaron la energía y no pagaron por ella. Este millonario monto representa un daño económico a la institución.

Medina explicó que el cálculo del monto en juego se realiza con cada intervención, donde los técnicos verifican y realizan un promedio sobre el uso de la energía en la granja, allí se logran esos valores.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en el Senado para debatir sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de granjas de criptominería en nuestro país.

Plantean una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

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