El objetivo de este proyecto fue fortalecer la capacidad del Gobierno para manejar la pandemia de COVID-19 a fin de lograr la cobertura universal de salud en el país. En este contexto, 973 servicios de salud, entre ellos el Centro Nacional de Vacunas (CNV), almacenes regionales de vacunas, hospitales, unidades de salud familiar, entre otros, han sido beneficiados con equipos de cadena de frío para almacenamiento de vacunas contra el COVID-19 y para las dosis del esquema regular del PAI.

Los equipos entregados consistieron en:

• 5 cámaras frigoríficas que han sido entregadas al CNV y a los almacenes regionales de vacunas de los departamentos de Itapúa, Central y Asunción, con un aumento en la capacidad de almacenamiento de vacunas a más de 1.200.000 dosis.
• 147 refrigeradores entregados a hospitales y USF.
• 15 congeladores de ultra baja temperatura distribuidos al CNV y a los almacenes de Concepción, Coronel Oviedo, Ciudad del Este, Hernandarias, San Juan Bautista, San Estanislao, Encarnación y J. Augusto Saldívar.
• 13 refrigeradores y congeladores de funcionamiento a energía solar entregados a servicios de salud del Chaco, donde la provisión de energía eléctrica es inestable.
• 10 monitores para el Sistema de Monitoreo Remoto de Temperatura de Cámaras Frigoríficas para el CNV y los almacenes de Itapúa, Central y Asunción.
• 2920 registradores electrónicos de temperatura.

Además, este proyecto de cooperación contempló la capacitación de 1129 profesionales de salud del PAI y de 212 funcionarios técnicos de los almacenes regionales y distritales de vacunas en cuanto al uso y mantenimiento de los equipos de conservación de la cadena de frío, para asegurar su durabilidad y de esta manera garantizar la adecuada conservación de vacunas del PAI.

Por otro lado, se realizó un mapeo de la cadena de frío a nivel nacional y la sistematización de la experiencia para contribuir con la mejora de gestión de vacunas, el fortalecimiento de la cadena de frío, la capacidad de recopilación, el análisis de datos y la formulación de políticas y regulaciones técnicas.

Estas acciones han permitido fortalecer al PAI a través del incremento de la capacidad de almacenaje de vacunas en las distintas regiones sanitarias del país, facilitando la descentralización de los servicios de distribución de vacunas, así como los servicios de vacunación que brinda el MSPBS, con el involucramiento de los gobiernos locales.

El proyecto se llevó a cabo gracias a la cooperación financiera del Gobierno de Japón a la República del Paraguay por el valor de US$ 2.391.000, con lo cual se estima que más de 5 millones de personas de todo el país son beneficiadas con un mejor acceso a la vacunación.

Apoyo al despliegue de la vacuna contra el COVID-19

El evento se realizará el 29 de noviembre, a las 09:00 horas, en el salón Cristal del Hotel Crowne Plaza y contará con la participación del ministro de Salud, Julio Borba; el viceministro de Atención Integral a la Salud, Hernán Martínez Acosta; la viceministra de Rectoría y Vigilancia, Lida Sosa; el director del PAI, Héctor Castro; la embajadora de Japón en Paraguay, Nakatani Yoshie; el representante de UNICEF, Rafael Obregón, otras autoridades nacionales y de las 18 Regiones Sanitarias

En la ocasión también se presentará el informe de la valoración en tiempo real del apoyo de UNICEF al despliegue de la vacuna contra el COVID-19 y el fortalecimiento del programa de inmunización realizado en siete países de la región de América Latina y el Caribe, del cual nuestro país formó parte.

Dicha valoración destaca el apoyo que UNICEF Paraguay brindó para el fortalecimiento de la cadena de frío del sistema sanitario, siendo significativo para el beneficio de todas las regiones sanitarias del país. El informe además deja recomendaciones para continuar con el fortalecimiento del programa regular de inmunización y la atención primaria de la salud.

La fiscal Fátima Girala cuestionó al oficial José Jiménez por difundir a través de sus redes sociales las grabaciones de sus procedimientos. Además, criticó que estos materiales sean monetizados.

Al respecto, el oficial Jiménez manifestó que con esta disputa, los “únicos que salen beneficiados son los actúan fuera del marco de la ley”.

“Yo no hice una denuncia en contra de ella. Ella fue la que envió una nota a la Comandancia objetando el trabajo que hacemos, todo por haber publicado un audio en el que ella libera a un adolescente aprehendido. Si hizo bien su trabajo, no sé porqué se enoja, algo hay por eso se enoja”, señaló el uniformado en conversación con Monumental.

“Si ella cree que se está violando los derechos, yo tengo más de 150 videos, entonces ya tenía que abrirme 150 causas”, agregó.

Sobre el dinero recaudado a través de las monetización de las grabaciones en Youtube, señaló que esos fondos son destinados a la adquisición de equipos y refacciones de la Comisaría 24 de Asunción.

“No es que yo esté lucrando con eso. No estoy dejando de lado mi profesión, además considero que el dinero que se está monetizando corresponde a la Policía Nacional y por eso estoy dando para las refacciones de la unidad”, subrayó.

El oficial comentó que hasta ahora, el mayor monto recaudado fue de 1.000 dólares. “Quiero que la Comandancia me pida un informe de lo recaudado y con gusto lo haré. Pintamos la Comisaría, mandamos arreglar los aire acondicionados y ahora queremos equipar nuestra unidad”, enfatizó.

El proyecto, remitido por la Cámara de Diputados, generó un amplio debate. En ese contexto, el senador Eduardo Nakayama, vocero de la Comisión de Legislación, destacó el trabajo conjunto con las comisiones de Niñez y Adolescencia para ajustar los últimos puntos del documento, cuya versión se recomienda aprobar con modificaciones.

La iniciativa legislativa busca garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes a estar protegidos de toda forma de explotación laboral y trabajo forzoso, prácticas asociadas al criadazgo.

La senadora Hermelinda Alvarenga, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, expresó su apoyo al dictamen de aprobación con modificaciones. Igualmente, el senador Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, acompañó el dictamen y subrayó que la tipificación del criadazgo como hecho punible ha sido un punto central del debate.

El Pleno decidió postergar el tratamiento del tema para una próxima sesión extraordinaria, fijada para el martes 20 de mayo.

Un equipo de fiscalizadores del MIC y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) este lunes llevó a cabo un trabajo de monitoreo en seis servicentros.

Dichas estaciones de servicio se encuentran ubicadas en el departamento Central y fueron objeto de la extracción de muestras de los carburantes que se encuentran en sus máquinas de expendio.

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La finalidad de este trabajo es poder constatar el nivel de cumplimiento del Decreto N° 3241, que establece la mezcla de etanol hasta un 30% con las gasolinas y del 5% de mezcla de biodiesel con el gasoil tipo III.

El director de Combustibles Líquidos del MIC, Juan Paredes, indicó que en estas visitas también se realiza una revisión de la cartelería, que cambian según la calidad del combustible.

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El objetivo principal es monitorear, in situ, la calidad de los diferentes carburantes ofertados a la ciudadanía, para que se ajusten al decreto y normativas vigentes.

Con las inspecciones de este lunes, totalizan 62 estaciones de servicio monitoreadas hasta la fecha, desde que se inició este operativo en abril último.