Cuatro días después de haber recibido una dosis de dipirona aplicada con una jeringa para adulto en Urgencias de IPS Villeta, la bebé de 1 año y tres meses se encuentra con una infección en la pierna y podría quedar con secuelas, explicó la mamá Johana Ramírez tras una consulta privada con el pediatra.

Tras el hecho, la madre realizó el reclamo y la denuncia en IPS y aguarda el informe médico con el que presentará la denuncia ante la Fiscalía.

“No me queda de otra, siento mucho pero no es solo por mi hija sino por todas las criaturas que siempre acuden allí”, indicó la joven.

El hecho ocurrió el lunes a la noche cuando Johana llevó a su hija a la consulta porque no le bajaba la fiebre de casi 40º. Fue atendida por la doctora de apellido Sosa y esta le indicó al a enfermera Liz Ayala que le aplique dipirona sin examinarla.

“Me dijo que le acueste boca abajo y le ataje sus bracitos mientras ella le atajaba sus piernitas y le aplicaba la inyección; lo único que yo hacía era hablarle a mi bebé para tratar de consolarle y que no llore”, recordó la joven.

Luego de la aplicación y ya en la casa la mamá se percató de la sangre en el pañal y la pierna y provenía del lugar del pinchazo. Volvió al servicio a reclamar y la misma enfermera le confirmó que no había jeringa pediátrica.

Ayer se procedió a labrar un acta en el que se detalla lo ocurrido y fue firmado por el doctor Gustavo Colmán, Julio Román y Jacqueline Ortellado por el IPS.

En el documento, la madre señala que le molestó que la doctora Sosa en todo momento no mostró interés a la hora de atender a su pequeña y que sin evaluarla indicó medicación. Inclusive, la enfermera Ayala sugirió la aplicación de un supositorio para bajar la fiebre y de igual forma se indicó la dosis inyectable.

“Lo que más me duele es que en todo momento le mencioné a la doctora que (la bebé) estaba con la dentición pero que como la fiebre ya era muy alta le llevé. Y al final mi hija ahora apenas camina, está todo el día upa y malhumorada. Solo conmigo quiere estar porque le tiene miedo a todo el mundo y yo estoy programando mi cesárea ahora”, puntualizó.

La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo e inicialmente expresaba que los dispositivos sean costeados por los procesados, sin embargo, ese punto fue modificado en Diputados donde se determinó que es el Estado debe ser el encargado en financiarlo.

Ese mismo punto fue motivo de debate desde el 2017, año en el que fue promulgada la ley, pero no era posible aplicarla.

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Las tobilleras serán implementadas con la finalidad de mejorar el sistema de control para aquellos que cuentan con prisión domiciliaria. Está destinado para que sea utilizado de manera general, no solo con feminicidas.

Según el ministro del Interior, Enrique Riera, existen los recursos para un plan piloto para el uso de las tobilleras, por lo que, había destacado la importancia de avanzar con la reglamentación.

La inversión inicial para el plan piloto es de de USD 3 millones e implicaría la compra de un mínimo de 100 y un máximo de 3.000 dispositivos.

“Hasta el momento se reporta una PPL fallecida de nombre Pedro Javier Cabañas Florenciano”, informó el Ministerio de Justicia.

La cartera estatal indicó además que la situación en la penitenciaría de está controlada y agentes penitenciarios proceden en este momento a una requisa en los diferentes pabellones.

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Disparos al interior del penal de Pedro Juan Caballero movilizó a policías y militares de la ciudad, encendiendo la alerta de las autoridades.

Los primeros estruendos se oyeron alrededor de las 15:20 de este miércoles, y siguieron por varios minutos en un escenario de tensión.

🚨 AHORA | Reportan un violento enfrentamiento entre miembros del Clan Rotela y el PCC en la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero.

📌 Informes indican que habría dos fallecidos. Ya fueron enviados refuerzos policiales y antimotines en el lugar.

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— Universo 970 AM (@Universo970py) April 24, 2024

Los magistrados Laura Ocampos, Fabián Weisensee y Darío Báez dieron lugar al pedido de la defensa del exlegislador y declararon la extinción de la acción.

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La decisión fue tomada teniendo en cuenta la devolución del monto por el cual el exlegislador de Ybycuí fue imputado y la reparación social.

Cabe recordar que Rivas fue procesado por estafa al Estado. Según las denuncias, colocó a tres de sus caseros como funcionarios de la Cámara de Diputados desde junio del 2016 hasta febrero del 2017, por un monto de G. 45 millones.

Según informan, el exdiputado devolvió en total G 47.000.000, una suma superior por la cual fue procesado en cuanto a intereses.

En el marco de la causa, Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco, caseros del diputado Tomás Rivas, fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad con suspensión de ejecución de la condena y deberán reparar los daños causados al Estado paraguayo.