IPS avisa que emprendió acciones para evitar que navieros cobren millonaria jubilación
La Presidencia de IPS sale en contra de su propia Gerencia de Prestaciones y sostiene que los fondos jubilatorios están asegurados, pese al fallo de la Corte a favor de 126 marinos mercantes, quienes exigen cobrar sumas siderales, por encima del límite de la ley.
“IPS garantiza fondos de jubilaciones y emprendió acciones para evitar que jubilados navieros perciban jubilación que no corresponde”, señala el comunicado del Instituto de Previsión Social en relación a la posibilidad de que los recursos se acaban en cinco años si el fallo de la Corte favorable a 126 marinos queda firme.
Esta información provino de la propia Gerencia de Prestaciones Económicas del IPS, cuyo gerente Pedro Halley advierte que si la acción autónoma de nulidad presentada por la Dirección Jurídica de la previsional no prospera, el Instituto se verá obligado a acatar la disposición.
Esta especie de apelación apunta a revocar los fallos que vulneran los derechos de la mayoría de los asegurados y jubilados.
Si el resultado se mantuviera favorable a los navieros, el pago estará por encima del límite de 22 millones de guaraníes estipulados por ley y quedará en el 100 % de sus salarios, los cuales van de 80 millones de guaraníes para arriba. A ese ritmo, los fondos se acabarían en cinco a seis años.
Sin embargo, según la asesoría de la Presidencia del IPS los fallos de la Corte en materia de inconstitucionalidad son “meramente declarativos e interpartes”, por lo tanto no obligan al pago diferenciado, con lo cual los fondos no corren peligro.
“No existe motivo alguno de preocupación e instamos a no guiarse por informaciones carentes de verdad”, concluye el comunicado. Los datos que para el IPS son “carentes de verdad”, salieron del gerente de prestaciones económicas del IPS. A esto se suma que la misma Asesoría Jurídica ha iniciado la acción de nulidad, con lo cual admite la necesidad de revertir la sentencia.
Los distritos en los que empezará a regir la ley Hambre Cero
A partir de agosto comenzará a implementarse el programa de Universalización de la Alimentación escolar. El plan dará prioridad a los 22 distritos con mayores índices de pobreza.
Yryvu Cua, Capiibary y Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro; Tembiaporâ, R.I. 3 Corrales e Yhu, Caaguazú; General Morínigo y San Juan Nepomuceno de Caazapá; Alto Vera y San Pedro del Paraná, Itapúa.
Además, Villa Oliva, Villa Franca, Alberdi y Pilar de Ñembucú; San Antonio, Limpio, Luque, Capiatá, Itá, Ñemby de Central; y Juan E. O’ Leary, Itakyry son los distritos en los que regirá Hambre Cero en agosto.
Estas 22 ciudades aparecen como las priorizadas dentro de la Mesa de Protección Social, según el porcentaje de pobreza del censo 2012.
El presidente Santiago Peña firmó ayer el decreto mediante el cual reglamente el Programa “Hambre Cero en Nuestras Escuelas y Sistema Educativo”, a través de la Ley 7264/24 “Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar.
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La financiación correrá por cuenta del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) y los beneficiarios serán programa los estudiantes matriculados en los niveles de educación inicial, educación escolar básica y educación media en instituciones educativas del sector público o privado subvencionado.
La alimentación podrá estar constituida de una ración y/o la combinación de: desayuno, almuerzo, merienda, colación y/o cena, conforme a parámetros establecidos en el decreto.
Se deberá dar cobertura a todos los días del año lectivo, desde el primer al último día de clases, definido por el calendario escolar, establecido por el MEC.
Para ciertos casos en los que predomine la escasez de oferta local, se dará autorización para la sustitución de los productos de origen nacional por productos importados.
Hallan camioneta al costado del puente: conductor se habría lanzado al río Monday
Ayer, en horas de la tarde, pescadores denunciaron que un hombre se lanzó al río Monday, pero a pesar de la búsqueda, no lo encontraron. El caso está siendo investigado por el Ministerio Público
Un vehículo, que presuntamente fue abandonado por su propietario, fue hallado por los agentes de la subcomisaria 14° a la altura del kilómetro 14 del puente que conecta la ciudad de Minga Guazú con Los Cedrales, del departamento de Alto Paraná. La denuncia que realizaron los pobladores refiere que el hombre se habría lanzado al río Monday.
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Se trata de un vehículo de la marca Hyundai, modelo Creta, chapa AAIG 42. En el interior del mismo se encontró una billetera que contenía la cédula de identidad perteneciente a Carlos Ramón Collante Garcete, de 39 años, que se presume sería el propietario del rodado.
Los uniformados tuvieron conocimiento del hecho mediante la llamada al sistema 911. Una vez en el lugar, Porfirio González, de 51 años, relató que unos pescadores que estaban en el lugar vieron a un hombre lanzarse desde el puente. Lo buscaron, pero no lo encontraron.
El hecho fue informado a la agente fiscal Carolina Rosa Gadea, quien convocó a González para prestar declaración indagatoria. El caso está siendo investigado para corroborar la información y encontrar el cuerpo del conductor.
Esquema fue advertido por Gafilat y expuso a Paraguay a recibir sanciones
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. Sin embargo, la administración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
Por Cinthia Mora
Los actos cometidos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez al montar un esquema paralelo de investigación dentro de Seprelad para investigar a enemigos políticos y filtrar información expusieron al país a eventuales sanciones por no aplicar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Esta institución advirtió de la situación y exigió aplicar acciones para corregir los malos manejos. Estas recomendaciones fueron ignoradas durante el gobierno anterior.
La conducta desplegada por cada uno de los investigados en esta causa penal repercutió no solo en el plano nacional, sino también en el internacional, ya que la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normativas antilavado atribuyó a la Seprelad (dirigida por Carlos Arregui) la filtración de informes de inteligencia a la prensa.
Las recomendaciones dadas por el organismo especializado fueron ignoradas por la administración anterior, ya que no existe registro alguno de sumario aplicado ni tampoco constancia de implementación de protocolos sugeridos por la organización antilavado.
En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor cantidad de filtraciones de informes confidenciales desde la Seprelad, se consignó lo siguiente: “Respecto del uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, (…) preocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del informe de inteligencia, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.
RECOMENDACIONES SIN APLICAR
Al respecto, recomendaron que la Seprelad robustezca e implemente los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia.
El informe de evaluación mutua instaba además a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.
La Seprelad había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inteligencia, del cual se desprende que la institución debió abrir dentro de las 48 horas de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difusión indebida de información. Pese a los múltiples episodios de filtraciones registrados desde enero de 2022 y a la recomendación de la evaluación de Gafilat, este protocolo nunca se aplicó. Todas las filtraciones y los funcionarios responsables quedaron impunes hasta agosto de 2023.
Recién con la llegada de la nueva administración se pudo detectar tal situación y se comenzó a poner en orden la casa. La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, reveló que a su llegada pudo constatar que nunca se abrieron los sumarios respectivos contra los funcionarios responsables de las filtraciones y tampoco se pudo encontrar rastro alguno de aplicación de protocolos tal como lo recomendó Gafilat en su evaluación.
En el año 2022 iniciaron los sistemáticos ataques político-mediáticos que socavaron la institucionalidad de la Seprelad y otros organismos del Estado. Una investigación periodística reveló en julio de 2023 documentos y correos electrónicos que dejaron al descubierto el esquema montado desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad para dirigir investigaciones con fines políticos y filtrar información confidencial.