La ministra Lea Giménez aseguró que seguirán conversando sobre el proyecto de creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, al resaltar que existe gente abierta al diálogo para poder así llegar a buen puerto. Añadió que están cediendo (modificando la forma en que se escribió el proyecto) respecto a los puntos que no están de acuerdo los gremios, pero que en otros aspectos se mantienen.

En entrevista radial con la 970 AM, la autoridad reconoció que existió al principio una especie de “teléfono cortado” con relación a que fluyó una información equivocada, ya sea con una buena o una mala intención.

En cuanto a eso, detalló que se habla de que con este proyecto se les restará autonomía a las administraciones de las cajas y que el Estado pasará a ser el administrador directo. Sin embargo, negó categóricamente que se dé esa situación. “Eso no es cierto, no es posible, no podemos tocar esos fondos. Solo se establecerán reglas de cómo se administrará, entonces luego nosotros podemos monitorear y eliminar la discrecionalidad del manejo de los fondos como se hace actualmente”, aseveró al dejar en claro que la propuesta no restará autonomía a los administradores de las cajas jubilatorias.

Otro punto erróneo, según contó, es la idea que se tiene respecto a que supuestamente se cambiará la edad de las jubilaciones. “Eso no es el fin de esta ley, que sí establecerá normas para la diversificación de las inversiones. Además de auditorías externas y balances actuariales”, añadió.

También de manera equivocada se cree que el Superintendente “tendrá superpoderes o hará lo que quiera”, porque no será el caso, de acuerdo con la ministra, quien subrayó que esta normativa -que posee media sanción del Parlamento- unidamente modela lo que hacen las superintendencias de Seguros o de Bancos. “Son experiencias que tenemos y son positivas. Son modelos que queremos replicar para los fondos provisionales”, esgrimió.

Respecto a la postura de las centrales obreras y de los empresarios que desean formar parte de la Superintendencia, dijo que no es posible ser “juez y parte”. “El regulado no puede formar parte del regulador. Hay que separar las cuestiones porque ambos deben ser independientes”, dijo. Sin embargo, aclaró que en el Comité de Inversiones sí estarán cuatro representantes del Gobierno y otros cuatro por parte de los que serán regulados.

De esta manera, la Secretaria de Estado aseguró a todos los detractores que los recursos que están en “disputa” sí están completamente resguardados, y que lo que se pretende hacer ahora “va a cambiar el curso de nuestra historia” para bien.

Manifestó que la necesidad de regular es necesario de los 90’ y citó el caso de la Caja Bancaria, donde se deben utilizar los impuestos de los contribuyentes para cerrar el agujero generado a causa del mal manejo de los fondos por parte de los administradores.

“Acá se busca transparencia y confianza de que lo fondos previsionales del trabajo de la gente están resguardados. Que todo esté bajo reglas claras”, resaltó y puntualizó que “se va a eliminar la discrecionalidad absoluta que tienen (los administradores). La realidad es que ahora nadie puede controlarles, mirar qué están haciendo y así luego nos desayunamos el vaciamiento de una caja (de jubilaciones”.

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Las fuertes precipitaciones provocaron grandes raudales en varios puntos de la ciudad, especialmente, en la zona del arroyo San Juan donde hoy murieron dos mujeres arrastradas por el agua.

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Esta situación motivó a los ediles luqueños a declarar la ciudad en emergencia y determinar qué acciones tomar para ayudar a los pobladores afectados y prever que otra situación similar, no vuelva a ocurrir.

Para buscar una salida a los inconvenientes ocasionados por las intensas lluvias, la concejala Belén Maldonado planteó como primera medida, crear un Comité de Emergencia, lo cual fue aprobado por los demás miembros de la Junta.

Este comité estará conformado por dos representantes liberales y dos representantes colorados, quienes serán los encargados de determinar qué acciones tomar ante una crisis.

Luque fue golpeada este miércoles luego de que Sara Benítez (48) y su hija Nilda Lujan Barrios Benítez (19) murieron tras ser arrastradas por un raudal hasta un arroyo ubicado detrás del Club Valderrama.

En conferencia de prensa tras reunión entre representantes de gobernadores, intendentes y autoridades del Poder Ejecutivo, se dio anuncio de la reglamentación de la ley «Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en Nuestras Escuelas y Sistema Educativo)”.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, comentó que la reglamentación establece el delineamiento general de la implementación de la alimentación escolar, aspectos legales y la intervención de las autoridades competentes.

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“Con esto arranca el gran desafío de llevar adelante esto. El objetivo va a ser empezar la provisión de la alimentación escolar a partir de los primeros días de agosto, después de las vacaciones de invierno”, sostuvo el ministro Rojas.

Señaló además que en una primera fase, la provisión se hará en 75 distritos de 7 departamentos con mayor prioridad, conforme a los indicadores de mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Anunció también que el llamado a licitación se estaría dando entre el 6 y 10 de mayo.

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Por su parte, el ministro de Educación, Luis Ramírez, manifestó que el objetivo es llegar con alimentos los 280 días de actividad escolar. “Es un día de mucha alegría para la educación paraguaya, para las escuelas y sobre todo para nuestras familias. Aquí hay un trabajo en conjunto en beneficio de nuestros niños”, indicó

“Sin alimentación, no puede haber aprendizaje. Hoy los que estamos en educación tenemos que estar muy felices. Es un día de celebración para todos”, subrayó Ramírez.

La muerte súbita se produjo sobre Tavyterã casi Avda. Fernando de la Mora, del barrio San Pablo de Asunción.

Al respecto, el agente fiscal Hernán Galeano, de la Fiscalía Barrial 1, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a los familiares del hombre.

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Tras las diligencias de la representación fiscal y de acuerdo al informe dactiloscópico, se trata de Lorenzo Samaniego Olivera, de 37 años, oriundo de la localidad de Ypané, cuyo cuerpo se encuentra en la Morgue Judicial.

Para cualquier información, comunicarse a los teléfonos (021) 550 – 649 / 550 – 810 / 550 – 640, o bien al +595 981 507598, perteneciente a la morgue.