En conversación con Radio UNO, Valentina Núñez, presidenta de la Asociación de Jueces del Paraguay, admitió que la entidad a su cargo había firmado un convenio en el 2013 con la Universidad Sudamericana para realizar cursos de maestría en derecho social.

Consultada si no estaba al tanto de que la institución carecía de habilitación legal, contestó que a través de los medios se enteró que el foco del problema se encuentra solo en la facultad de medicina.

“Acá los profesores son de reconocida trayectoria académica, el área de derecho presentaba todos los indicios de normalidad, no había nada malo”, expresó Núñez.

Indicó que una universidad no se puede cerrar “así porque sí” y que son los organismos de control los que deberían comenzar a funcionar para determinar si realmentee existen o no irregularidades en todas las facultades o si solamente se se centra en una sede.

El senador Robert Acevedo (PLRA) denunció que en Pedro Juan Caballero “proliferan” facultades de medicina, que venden títulos a ciudadanos brasileños, entre ellas, mencionó a la Universidad Americana.

El desaparecido Consejo de Universidades había rechazado el pedido de creación de la Universidad Sudamericana, sin embargo, el Congreso hizo caso omiso a ese dictamen y avaló la apertura de la institución.

Para arrancar el problema de raíz, el senador colorado Arnaldo Wiens planteó la derogación de la ley que habilita el funcionamiento de la Universidad.

El 10 de abril pasado, la senadora colorada Blanca Ovelar, había denunciado que universidades de “garaje” vendían directamente títulos universitarios a autoridades del Estado.

“Los legisladores quienes ocupaban las comisiones de Educación impedían un control estricto por parte del MEC, ya que ellos también eran dueños de centros educativos terciarios, los mismos que hoy están ofreciendo títulos universitarios en Derecho a legisladores sin estudios, especialmente en Derecho Constitucional”, había señalado Ovelar, en entrevista con la 780 AM.

El proyecto contempla la construcción de 82.000 m² de nuevas calles asfaltadas, distribuidas en 12 barrios de la capital, según el relevamiento técnico realizado. Incluye la rehabilitación de tramos empedrados y la creación de nuevas interconexiones viales, con el objetivo de brindar un tránsito más ágil y seguro.

“Una gran parte de esta inversión estará en el barrio San Pablo, porque nuestro corazón está aquí y porque era verdaderamente necesario. Las calles que más lo requieran serán asfaltadas y los empedrados más deteriorados serán mejorados, para elevar la calidad de vida de los vecinos de San Pablo y de toda Asunción”, afirmó el jefe comunal.

Bello destacó que esta iniciativa es parte de un plan de intervención más amplio que beneficiará a 12 barrios de la ciudad, en el marco del proyecto nacional impulsado por Itaipú, que prevé la construcción de 1.000 kilómetros de pavimento en todo el país. “Este trabajo en San Pablo marca el inicio de un proceso que superará las 100 cuadras asfaltadas en Asunción. Nuestro objetivo es claro: transformar los barrios, ordenar la ciudad y mejorar la vida de los vecinos con obras que perduren”, expresó.

Este primer módulo beneficiará directamente a más de 22.000 habitantes, proporcionando una infraestructura vial más cómoda y segura.

El intendente agradeció al presidente de la República, Santiago Peña, y al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, por el apoyo brindado para la concreción de este proyecto. “Hoy esto comienza en San Pablo, pero se va a extender por toda Asunción. Además, con recursos propios seguiremos asfaltando y mejorando distintas calles de la ciudad”, concluyó.

La ingeniera Mirtha Acha destacó que el plan forma parte de uno de los ejes prioritarios que ha fijado la gestión del intendente Luis Bello. “Los rubros que se van a ejecutar son: remoción y reposición del empedrado existente, corrección primero de todo lo que es el empedrado. Colocación de cordones donde falta, a los costados, por supuesto. Tenemos algunos badenes de hormigón hidráulico en los lugares en donde se necesita encauzar las aguas, por la baja pendiente que tiene para el escurrimiento de aguas superficiales”, explicó la directora general de Obras.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso con uno de sus ejes prioritarios: el mejoramiento y la actualización de la infraestructura vial, promoviendo obras que impulsen el desarrollo sostenible de Asunción y el bienestar de sus habitantes.

El viceministro de Trabajo, César Segovia, explicó en una entrevista con GEN que los trabajadores que emiten facturas pueden tener derecho al aguinaldo si cumplen con ciertas características que configuran una relación laboral.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y del Observatorio Laboral, unos 1.900.000 trabajadores deben percibir el aguinaldo antes del 31 de diciembre, tanto del sector formal como informal, público y privado.

Segovia indicó que la determinación se basa en el cumplimiento de horario, subordinación, exclusividad y continuidad en la relación laboral. “Cuando se dan estas condiciones, la relación es laboral y el trabajador tiene derecho al pago del aguinaldo, y la patronal tiene la obligación de cumplirlo”, sostuvo.

Por otro lado, aclaró que profesionales independientes que facturan sus servicios a varias empresas y no cumplen horarios ni exclusividad, como algunos abogados, contadores o asesores externos, no están obligados a recibir aguinaldo, ya que no configuran un vínculo laboral según la normativa vigente.

El viceministro recordó que estas interpretaciones ya fueron ratificadas por el Tribunal Laboral, tras resoluciones previas del Ministerio. Asimismo, destacó la necesidad de modernizar el Código Laboral de 1993, para contemplar nuevas formas de empleo, plataformas digitales y multiempleo, que actualmente no están reguladas.

Segovia informó que en enero de este año, a raíz de denuncias sobre incumplimientos, se recibieron 276 denuncias que afectaron a 232 empresas, de las cuales un 35% regularizó la situación, mientras que el resto pasó a fiscalización y multas.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y la Facultad de Arquitectura de la UNA presentaron el informe realizado en las 138 comisarías de Central y, según revelan, existen graves déficit de habitabilidad.

El relevamiento se realizó entre julio y noviembre, y combinó evaluación arquitectónica, mediciones técnicas y un enfoque de derechos humanos. Las conclusiones del informe indican un riesgo estructural generalizado en la mayoría de las comisarías.

De las 138 comisarías, 70 no cuenta con una sola celda, solo 68 tiene una o más, pero que ni siquiera están adaptadas para albergar a una persona.

El 52,7% de las celdas individuales no alcanza los 6 m² mínimos exigidos, y varias presentan superficies menores a 4 m².

La falta de ventilación, iluminación adecuada y sanitarios internos también es un problema y constituye una vulneración directa a la dignidad humana.

El 42,4% de las personas entrevistadas llevaba más de 72 horas detenidas.

El informe formula recomendaciones a instituciones clave del sistema de seguridad y justicia como, clausura inmediata de celdas menores a 6 m², atención médica independiente, registros adecuados y espacios para entrevistas privadas. Además. control estricto del límite de 72 horas de detención.