La jueza Sandra Porto remitió documentación a nuestro diario mediante la cual muestra que solo declaró en rebeldía a la señora Lidia Lopez de Smith, de 70 años, por no haberse presentado a su audiencia indagatoria donde se debía adoptar una medida cautelar, al solicitarse su arresto domiciliario, tras ser denunciada por sus hijos por presuntamente maltratar a su esposo.

“La audiencia se fijó para el 11 de junio. Los funcionarios me informaron que fue notificada en tiempo y forma, pero que no compareció y no justificó. Cuando el procesado no se ha presentado y no justifica, necesariamente es declarado en rebeldía y cuenta con orden de captura, para que comparezca a la audiencia. Cuando ya se presenta, se extingue el estado de rebeldía”, refirió.

La magistrada explicó que la imputación por violencia fue presentada por la fiscal Gladys Torales, no así por el yerno de mujer, el fiscal Alfirio González, tal como se mencionó. “Me sorprendió e indignó esto porque no hubo decisión de desalojo. Nunca hablé con el fiscal Alfirio. Lo que haya hecho (de haber existido el desalojo) yo no presencié ni autoricé”, indicó.

Ante el involucramiento a un hecho que no tuvo participación, Porto ratificó que ya remitió los documentos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para explicar lo ocurrido.

FISCALÍA INVESTIGARÁ

Con relación a este caso, la Fiscalía General tomó intervención a fin de esclarecer la veracidad de los hechos y la aparente intervención por parte de miembros del Ministerio Público.

La denuncia, difundida también en las redes sociales, señala sobre una supuesta intervención fiscal de desalojo, el procedimiento habría sido realizado por un agente fiscal en la localidad de Nueva Londres, departamento de Caaguazú.

Como informe preliminar, se tuvo conocimiento que la víctima identificada como Lidia López Smith de 70 años, no está detenida, ni estuvo privada de su libertad, con lo cual esta situación ya fue descartada por sus mismos familiares. Con relación a los otros hechos denunciados (desalojo con intervención fiscal) se ha solicitado informe a la Fiscalía Adjunta del área para tener un conocimiento acabado de lo acontecido y si constituía un procedimiento regular.

El trágico hecho ocurrió cuando Osvaldo Darío Jacquet, Kristin María Blumenrother y su hijo murieron al instante tras ser embestidos frontalmente por el vehículo conducido por Eugenio María Sanabria Vierci, quien, según testigos, manejaba en estado de ebriedad. La única sobreviviente fue Florentina, de 8 años, quien milagrosamente escapó sin secuelas físicas graves, aunque quedó huérfana y profundamente afectada por la pérdida de su familia.

Nancy Jacquet, hermana de Darío, relató al canal GEN el impacto emocional de la tragedia: “Mi sobrina lo perdió todo. En Paraguay solo vivió tragedias, y ahora nos enfrentamos a un sistema judicial que no avanza. Esto nos llena de miedo. La justicia debería ser igual para todos, pero este caso parece demostrar lo contrario”.

Sanabria Vierci, el conductor acusado, permanece recluido en la Agrupación Especializada, una decisión que sigue generando indignación entre los familiares. Según ellos, la medida responde a privilegios ligados a su poder económico y contactos políticos. “No entendemos por qué esta persona recibe un trato especial. Un ciudadano común no tendría acceso a estas condiciones. Queremos justicia, no venganza”, expresó Jacquet.

La pericia clave para determinar las responsabilidades del accidente fue pospuesta en dos ocasiones a solicitud de la defensa de Sanabria. Este retraso, aseguran a los familiares, obstaculiza el acceso a la justicia y aumenta su frustración.

Florentina será enviada a Alemania bajo la custodia de sus abuelos maternos. Aunque rodeados de amor, los familiares reconocen que la niña enfrenta un largo camino de recuperación emocional, ya que está muy triste tras lo ocurrido con su familia. “Ella me dijo un día que quiere volver a su país, porque en Paraguay solo pasan cosas malas. (...) Ella merece estar en un lugar seguro, donde se respete la vida. Nosotros seguiremos luchando aquí por justicia en nombre de su familia”, enfatizó Nancy.

Los familiares de Darío y la otra familia afectada trabajan unidos para asegurar que el caso no quede impune. Presentaron una querella adhesiva y confiada en que la presión mediática pueda impulsar el proceso judicial. “Esto no es solo por nuestras familias, es por todas las víctimas de la imprudencia al volante. No queremos más tragedias como esta”.

La Policía detuvo a Sebastián Alderete (29), vecino del mismo, que lo incriminó como el autor material de la muerte de la comerciante.

En efecto, según lo declarado a la Policía, Sebastián fue el que primero la golpeó fuertemente en el rostro, luego la acuchilló en el muslo y finalmente la estranguló.

Una vez fallecida, dijo Sergio Ayala, ambos se deshicieron del cuerpo, envolviéndolo con una sábana y llevando (cargada en una moto) a 200 metros del escenario criminal.

La declaración de Sebastián, en tanto, no difiere mucho de su acusador, salvo en la autoría del homicidio, ya que acusa a Ayala de haberlo contratado para matar a la mujer, propuesta que rechazó, pero que después lo ayudó para tirar el cadáver. Por esta “ayuda”, agregó, le pagò la suma de 80 mil guaraníes.

Con este cruce de incriminaciones, se va revelando parte de la trama de este crimen, que hasta el momento tiene la carátula de homicidio doloso.

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¿Por qué la mataron?, es la respuesta que los investigadores siguen buscando. Inicialmente se planteó como feminicidio (supuesta relación de la mujer con el pasero Sergio Daniel). Luego eso se fue desestimando, para apuntar a un problema de deuda, pero el hombre no cuenta con disponibilidad de dinero. En cuanto al robo, Leidy Karina no portaba mucha plata, ni al momento en que la mataron, ni antes. En una de las declaraciones de Sergio Daniel, este alegó que la mujer le debía plata, pero no especificó monto.

Otra hipótesis del crimen apunta a que tanto Ayala como Alderete, son adictos (confesos) al chespi y otros estupefacientes, y que presuntamente bajo efecto de los estos, habrían abusado y asesinado a Leidy Karina.

Marcos Maidana, director de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, confirmó que ya está aclarado el caso del inspector captado por la cámara de un celular al momento del cobrarle dinero a una automovilista.

El procedimiento en cuestión está avalado por un acta de intervención y por una factura legal, no obstante, en respuesta a la denuncia ciudadana, se procedió a la apertura de una investigación.

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“Corroboramos las documentaciones, los documentos están, la correlatividad existe, mientras tanto, el inspector está a disposición de la Dirección de la PMT”, comentó el Maidana, en un contacto con la 730 AM.

Como todo sumario, explicó, el investigado tiene el derecho a la defensa y, en este caso, presentó los elementos que avalan el procedimiento en el que realizó el cobro de una multa por la colocación de un cepo a un automóvil mal estacionado.

En la red social X fue difundido un video en el que se ve a un inspector de tránsito al momento de recibir billetes. Como música de fondo le agregaron “Faltan 5 pa las doce”, en alusión a un supuesto operativo pan dulce.

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