Las indagaciones se centran en los datos arrojados por la primera rendición de cuentas presentada el pasado 5 de septiembre por los 77.481 aspirantes de los distintos partidos y movimientos políticos, en cumplimiento de lo establecido en la ley electoral, según la cual todos los candidatos deben justificar el origen del dinero de sus campañas.

El director de financiamiento político del TSJE, Christian Ruiz Díaz, explicó a ABC TV que al menos 300 de los precandidatos declararon en “cero” su rendición de ingresos y gastos en campaña electoral.

Ruiz Díaz calificó de “sospecha” esa información, al advertir que esto significa que el aspirante no tenía “absolutamente nada” de dinero destinado para financiar sus actividades de proselitismo político y que alguien más las financiaría.

En ese sentido, explicó que los administradores de las campañas deberán explicar esa situación, para lo cual la ley prevé un plazo de hasta 40 días después de la elección para entregar un nuevo informe.

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“Vamos a tener que saber quién le estuvo dando dinero a este candidato y, si hay inconsistencia en su capacidad adquisitiva, entonces ahí puede haber una operación sospechosa”, comentó Ruiz.

El funcionario señaló que, en caso de que se determine que ha sido usado “dinero espurio”, el TSJE remitirá un “reporte de operación sospechosa” a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

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Y será la Seprelad la que podría “dar una condena firme”, agregó Ruiz, quien se abstuvo de precisar las identidades de los precandidatos bajo escrutinio.

Según la Ley 6497/2019 de Prevención de Lavado de Dinero, las sanciones administrativas a las que están expuestos quienes infrinjan esta norma van desde una “nota de apercibimiento” o una “amonestación pública” hasta la “remoción del cargo con inhabilitación por un período de tres a diez años para el ejercicio de cargo de dirección y administración”.

Un operativo de seguridad en una estancia de Corpus Christi derivó en un confuso enfrentamiento que dejó una persona herida, aparentemente víctima colateral.

Agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía ingresaron a la propiedad con orden judicial detrás de un objetivo que tenían identificado, pero inesperadamente se encontraron con móviles que llevaban la insignia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Riera relató a la radio 780 AM, que se trata de una zona de alta tensión y esta situación se sumó a la falta de coordinación entre ambas instituciones, lo que derivó en un intercambio de tiros entre los agentes.

“Como es una zona caliente hubo un intercambio de disparos y una vez que se aclararon de que ambas son fuerzas amigas, se resolvió el problema”, expresó el ministro.

Sostuvo que el hecho no dejó ningún agente herido ni víctima fatal, solo un guardia de la estancia que recibió un disparo en una de las piernas.

El ministro del Interior reconoció el error en la falta de coordinación y argumentó que, debido a la complejidad de la zona, existen muchas fuerzas operando.

El planteamiento fue dado a conocer durante una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el marco de las negociaciones para regularizar compromisos pendientes.

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, explicó que el esquema prevé un desembolso de aproximadamente USD 100 millones en abril y otros USD 80 millones en mayo. Indicó además que, de manera paralela, se continúa trabajando en el diseño y ajuste de herramientas financieras que permitan avanzar hacia la cancelación total de las obligaciones.

Según detalló, el 80% del monto propuesto será destinado al pago por provisión de medicamentos, mientras que el 20% restante cubrirá otros servicios sanitarios. “Con esta medida buscamos generar flujo mientras seguimos perfeccionando otras herramientas financieras”, afirmó Lovera, al tiempo de subrayar la necesidad de brindar previsibilidad al sector.

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Por su parte, la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán, destacó la importancia del trabajo conjunto con el sector farmacéutico, al que agradeció por su disposición a colaborar en el actual contexto. “Debemos seguir trabajando juntos, con un objetivo común: que la población paraguaya acceda a servicios de salud de calidad, con insumos y medicamentos adecuados”, señaló.

En tanto, representantes del sector farmacéutico valoraron el diálogo abierto con el Gobierno y los avances en la búsqueda de una solución a la deuda, en medio de la necesidad de sostener el abastecimiento de insumos esenciales para el sistema de salud.

Se trata de Luis Aníbal Ferreiro Roma, quien fue arrestado por agentes de la Policía Nacional en un departamento ubicado en la ciudad de Asunción.

Este sujeto es sindicado como supuesto autor de la amenaza contra el Colegio Cristo Rey, que tuvo como blanco principal al rector de la institución educativa.

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Según los datos que se manejan, Ferreiro lo habría amenazado a raíz de una solicitud de desalojo de la propiedad que venía alquilando y que pertenece a la congregación de los jesuitas.

En un mensaje enviado vía WhatsApp, este sujeto advertió con supuestamente realizar un “allanamiento armado” durante el horario de clases, lo cual motivó la activación de un protocolo de seguridad con la suspensión de clases.

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En publicaciones efectuadas a través de su cuenta de Facebook, Ferreiro ya venía amenazando con tomar algunas acciones contra el colegio, aunque expresándose de manera incoherente y con argumentos que carecían de sentido.

Se presume que el ahora detenido padecería problemas psiquiátricos, condición que explicaría su inusual conducta y también las amenazas efectuadas contra el rector del Cristo Rey.