El meteórico comisionamiento de la esposa de embajador, un privilegio vedado a los comunes

La añoranza al parecer fue un tema que a la familia del embajador paraguayo en Uruguay, Rogelio Benítez, le fue difícil de superar. Por tal motivo, el diplomático logró el comisionamiento de su esposa a una oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores en Montevideo.

Rogelio Benítez fue acreditado como embajador paraguayo en Montevideo el pasado 10 de junio. Sin embargo, su juramento se dio recién el 5 de agosto.

Exactamente un mes después, su esposa, Analía Celeste Mongelós Frígola, quien es antigua funcionaria del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), fue comisionada al Ministerio de Relaciones Exteriores

Lo llamativo es que la Cancillería dispuso que la esposa de Benítez preste servicio en la Misión Permanente ante la Aladi y el Mercosur, con sede en la ciudad de Montevideo. Coincidentemente en el mismo sitio en el que embajador paraguayo realiza la labor diplomática.

La resolución Nº 867 fue firmada por el actual canciller nacional, Antonio Rivas.

En el 2018, cuando el Mitic tenía rango de Secretaría, Mongelós Frígola ya había sido comisionada a la Entidad Binacional Yacyretá.

El embajador Rogelio Benítez fue apuntado como uno de los responsables de lo ocurrido con Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, prófugos de la justicia paraguaya que se encontraban en Uruguay y lograron huir a Finlandia tras conseguir el estatus de refugiados y documentos de dicho país europeo.

Benítez recién se enteró de la huída de los prófugos, el martes por la noche, cuando los mismos ya estaban en pleno vuelo hacia continente europeo.

 

Puente Remanso bloqueado por nativos: piden viviendas, víveres y que se vaya Allen

Viviendas, víveres y la destitución de la titular de Indi Ana María Allen son las reivindicaciones que exigen indígenas que desde las 10 de la mañana de este viernes bloquean el paso por Puente Remanso.

Momentos de fuerte tensión se vivieron cuando los manifestantes se negaron al paso de una ambulancia que iba para un servicio de emergencia. Tras un tira y afloje finalmente dejaron pasar, y en ese instante varios motociclistas que intentaron aprovechar el espacio que iba abriendo el vehículo, movilizó a un grupo de nativos que los amenazaron con recurrir a la violencia si seguían forcejeando.

La policía apostada en el lugar, conminada por automovilistas y conductores de buses y camiones, señalaron que no tenían orden judicial para despejar el puente. Dieron a entender que la orden no surgiría porque entre los manifestantes había muchos niños, lo cual imposibilitaría el uso de la fuerza.

 

Tres agresores de conductor de Uber fueron identificados y serán imputados por coacción

Los dos taxistas que bloquearon el paso del conductor de Uber en Villa Elisa y que posteriormente lo agredieron se exponen a dos años de cárcel.

Los dos taxistas que fueron vistos cerrando el paso y descendiendo de sus móviles para agredir al conductor de Uber fueron identificados como Carlos González Velázquez y Carlos Chamorro Gonzálezy el tercer involucrado sería Juan Gregorio Ferreira.

Ambos taxistas son de la Parada Nº 11 de Villa Elisa y los tres identificados fueron citados para declarar el próximo miércoles, explicó la asistente fiscal Norma Hellman.

Los identificados serán imputados por el hecho de coacción, indicó y se exponen a dos años de cárcel.

El hecho ocurrió en la noche del miércoles cuando el conductor Hugo de Uber llegó hasta un punto donde lo aguardaba un grupo de pasajeros cuando fue interceptado por dos móviles con taxistas al mando, este descendió, discutieron, cayó al piso y fue agredido quedando con lesiones.

 

Embajador pide no politizar decisión de jueza uruguaya

El embajador paraguayo en Uruguay, Rogelio Benítez, dijo que confía en que la postura de ese país de otorgar refugio político a tres activistas de izquierda reclamados por la Justicia paraguaya no sea "politizada ni ideologizada", después de que la medida sirviera para que Finlandia les diera cobijo esta semana.


Fuente: EFE

Tras dos meses en Uruguay, los paraguayos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán llegaron el miércoles a Helsinki gracias a una decisión de una jueza uruguaya y a la intercesión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Los tres están requeridos por la justicia paraguaya por su presunta participación en el secuestro de María Edith Bordón, nuera de un exministro de Hacienda paraguayo, en noviembre de 2001, y liberada a los 64 días de cautiverio tras el pago de una suma de dinero.

Benítez fue llamado a consultas por su Gobierno para explicar esa medida, que calificó de "dolorosa" para los paraguayos.

Recalcó además que Paraguay desconoció la situación de los tres hombres hasta la noche del martes, ya que el proceso de concesión de refugio es confidencial en Uruguay.

El embajador aseguró que había agotado todas las vías diplomáticas para informar a las autoridades uruguayas de lo que Paraguay considera "un tema de criminalidad común", y llegó a reunirse con la vicepresidenta del país, Lucía Topolansky.

"Ella es senadora, presidenta de la Asamblea y vicepresidenta. Me decía que Uruguay tiene una larga tradición de hospitalidad en conceder este tipo de situaciones, pero que Uruguay no es refugio de criminales, como dándome a entender que se entendía que esto no tenia un sesgo político, mucho menos ideológico", comentó Benítez.

El embajador insistió en que Paraguay y Uruguay mantienen sus relaciones diplomáticas, que siempre han sido "inmejorables".

La actuación de Uruguay provocó un enorme descontento entre las autoridades paraguayas, que esta vez veían posible la extradición de los tres hombres, después de que el pasado julio escaparan de Brasil, donde les acababan de retirar el refugio político tras 17 años de residencia.

Supuso además un revés después de que Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) absolviera al Estado paraguayo, por falta de pruebas, de la demanda por torturas presentada por Arrom y Martí.

En enero de 2002, ambos denunciaron haber sido secuestrados y torturados durante catorce días por agentes vinculados con los cuerpos de seguridad del Estado para que admitieran su responsabilidad en el secuestro de Bordón.