Durante la habitual conferencia de prensa semanal, autoridades del Ministerio de Salud brindaron detalles sobre la situación epidemiológica del COVID-19 en el país.

El doctor Guillermo Sequera, titular de la Dirección de Vigilancia de la Salud, confirmó que Central y Capital se mantienen como los epicentros de la pandemia en Paraguay, pese a que en las últimas semanas se ha visto un ligero descenso en la cantidad de casos.

Actualmente estamos “en una meseta alta” pero el techo puede ser más alto aún, admitió. “Estamos mal pero puede ser peor”.

Asimismo, expresó su preocupación por el alto número de fallecidos por COVID-19 que se está teniendo en la actualidad, con un promedio de 100 decesos por día, según los reportes.

Durante la conferencia, confirmó que actualmente las variantes de mayor preocupación son la P1 de Manaos, que posee una mayor incidencia entre los contagios, y la variante británica, en menor medida.

Más del 70% de los fallecidos por COVID-19 se encuentran en el grupo de edad de entre 60 a 80 años en adelante, según Sequera, lo cual significa que de cada 10 personas que fallecen, 7 tienen más de 60 años.

Los factores más importantes que causan la muerte de gente joven por COVID-19 son la obesidad y el sobrepeso, aseguró el director de Vigilancia de la Salud. Asimismo, se encuentran entre los primeros lugares las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

“El primer factor de riesgo de la gente joven es la obesidad. El Índice de Masa Corporal (IMC) es mucho más importante que la edad”, expresó. Incluso, indicó que probablemente una persona con obesidad tenga un peor pronóstico si tiene COVID en comparación a alguien con VIH o una enfermedad autoinmune.

Finalmente, instó a la población a seguir cuidándose y cumpliendo con las medidas sanitarias, sobre todo en el ámbito familiar donde se producen muchos de los contagios por el relajo existente.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño, para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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