Por Aldo Benítez, aldo.benitez@gruponacion.com.py – Fotos: Agustín Acosta y Carlos Juri

Con cada “enjambre amarillo”, esa caravana de taxis que se extiende por cuadras, Asunción termina con una buena parte de la ciudad sitiada. Es la medida de presión que se hizo conocida con los años y que los taxistas ejercen cuando quieren reclamar algún derecho o beneficio ante las autoridades.

El pasado 23 de julio, el enjambre volvió a Asunción, en protesta contra el funcionamiento de los servicios de MUV y Uber, empresas que utilizan una aplicación que permite que cualquier persona con vehículo pueda transportar a personas de un punto a otro, cobrando por ese servicio, por supuesto.

Asunción tiene 79 paradas de taxis habilitadas con unos 1.350 vehículos, según datos oficiales de la Municipalidad de Asunción. Sin embargo, se estima que hay muchas más paradas que operan irregularmente. Las mismas están ubicadas en espacios públicos que el municipio otorga a permisionarios.

Es a partir de esta concesión municipal cuando el tema de las paradas se convierte en un negocio muy grande, en que un grupo pequeño de personas somete a una gran cantidad de trabajadores. Pero para entender esta historia, hay que ir desde el principio.

Casi todos los taxistas de Asunción forman parte de dos grandes organizaciones, la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA) y la Cooperativa de Taxistas 11 de Noviembre. De estos dos grupos, APTA es el que concentra a la mayoría y es, además, el que tiene la fuerza política a la hora de las movilizaciones.

De acuerdo con la reglamentación municipal, para que las esquinas de Asunción sean destinadas a paradas de taxis, deben tener la aprobación de la Dirección de Ingeniería de Tráfico, dependiente de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad. Esta dependencia estudia los pedidos y analiza si existe la “viabilidad” de poner en funcionamiento la parada solicitada.

La Ordenanza Municipal 26 de 1992, que regula el tema de las paradas en Asunción, permite que un dueño o permisionario tenga hasta tres paradas. Sin embargo, uno de los artículos establece que un gran porcentaje de los lugares para los taxis (que varían de 5 a 9, de acuerdo a cada esquina) sean para APTA. Esto hace que APTA se convierte prácticamente en un “tercerizador” de espacios públicos.

Toda esta situación genera un negocio que nadie controla. La APTA, como permisionaria, establece su propio precio para vender las paradas –que no olvidemos son espacios públicos– bajo la figura de “cesión de espacio” y ni siquiera paga un canon a la municipalidad por la venta. La ordenanza de 1992 establece apenas un tributo semestral por cada taxi que opera en la parada, que no supera de G. 80.000 cada seis meses.

Según taxistas o lo que se observa con alguna simple búsqueda en internet, el precio de una parada oscila entre los G. 200 millones a 500 millones, dependiendo de la zona. Por ejemplo, en lugares considerados “top” como Villamorra, una esquina puede tener un costo de G. 500 millones. El negocio es abrumador a favor de APTA, ya que negocia la parada, paga un ínfimo tributo por el espacio público y, además, genera un sistema casi extorsivo contra los taxistas que deben operar bajo sus reglas, ya que tuvieron que ser socios para tener lugar en las paradas.

Al ser APTA la permisionaria de casi todas las paradas, los taxistas que trabajan en ellas quedan al arbitrio del gremio. Si APTA anuncia una movilización, los taxistas están obligados a aparecer para formar el enjambre amarillo porque de lo contrario corren el riesgo de ser sancionados. En efecto, el gremio tiene su propio Tribunal de Conducta, que no tiene muchas demoras a la hora de las sanciones contra los “insurrectos”.

Esta situación es constantemente denunciada por taxistas independientes o dueños de taxis que desean operar sin el yugo del gremio, pero que no consiguen ni siquiera lugar en paradas cuando se muestran en contra de lo que establece la asociación.

La APTA

“El orgullo de ser taxista es superado solamente por el orgullo de ser paraguayo”, dice en letras grandes, amarillas, un predominante cartel que da la bienvenida al local de APTA, una entidad sin fines de lucro ubicado sobre la Avda. Félix Bogado. Desde allí comanda hace años esta organización Arístides Morales Sotelo, dirigente que en la semana de la “fiebre amarilla” por las manifestaciones tuvo una participación central. Fue el protagonista de las actividades. Subido en vehículos, arengando a su gente, con discursos bien marcados en contra de MUV y Uber y en contra de la prensa.

Gracias a la red de taxistas –se calculan casi mil miembros– la APTA representa una fuerza política importante, sobre todo en épocas de elecciones. De hecho, Morales llegó a ocupar una banca como concejal. Fue en el período 2001-2006 con el partido País Solidario. Durante la intendencia de Arnaldo Samaniego (2010-2015), Morales fue director de Tránsito municipal, nada menos.

En cada elección, APTA moviliza su gente para el “acarreo” de posibles votantes. Se trabaja tanto con la ANR como también con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Cuando se trata de favores políticos, la asociación se muestra plural, pero es con los colorados que el trabajo florece. En los días de votación, APTA obliga a que los dueños de taxis hagan trabajar sus móviles. Esta generosa actitud de la asociación de Morales encuentra, sin embargo, una respuesta positiva desde el propio Estado.

Desde el 2010 hasta el año pasado, la APTA se convirtió en un gran proveedor de servicios para la Ande en el traslado de personal. El portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) da cuenta de que este gremio fue contratado 10 veces por dicha institución por un valor total de 854 millones en contratos directos en el mencionado período.

APTA incluso importa vehículos, con aranceles más bajos, para venderle después a taxistas. Además, esta asociación logró otro beneficio casi inaudito. Los taxistas que son miembros del gremio pagan apenas un jornal (G. 84.340) por la Inspección Técnica Vehicular (ITV), cuando que el monto normal es de tres jornales para vehículos livianos (G. 253.020).

Son varias las denuncias contra Morales Sotelo al frente de APTA. En muchos de los casos, fueron ex taxistas que se animaron a denunciar, ya que dejaron de trabajar en el rubro. Quienes siguen en el sector y dependen de APTA no quieren dar sus nombres, pero cuentan la situación en la que trabajan.

En octubre del 2015, el entonces síndico de la organización, Juan Carlos Almirón, denunció un faltante de G. 180 millones en las arcas del gremio. La Fiscalía llegó a intervenir en este caso, pero finalmente no prosperó. Este caso saltó a la luz gracias a la denuncia de varios taxistas, quienes después declararon que fueron perseguidos y varios de ellos sancionados por la APTA.

Justamente, ese es el temor que mencionan a La Nación los taxistas consultados. Si algún trabajador reclama, el Tribunal de Conducta de APTA rápidamente actúa y llegan las sanciones. La más suave, en principio, es ser bloqueado para recibir llamadas de radio o se pierde turno en las paradas. Todo opera de una manera que hace casi imposible que haya una voz que proteste. Morales y su gente controlan todo.

Cambio de regulación

Desde la Junta Municipal de Asunción, la intención es cambiar el sistema de cesión de los espacios públicos para paradas. El concejal Óscar Rodríguez (ANR), presidente de la Junta, presentó la semana pasada el anteproyecto de ordenanza municipal para modificar la Nro. 26 del año 1992, que regula el tema de los taxis y servicio de transporte de pasajeros.

El proyecto de Rodríguez plantea una cuestión en concreto: la eliminación del artículo en donde el permisionario puede ceder el espacio a un tercero a título oneroso. La idea del concejal es que el permiso para la prestación del servicio de taxi sea de carácter personal e intransferible, además de que tenga una duración de tres años, para buscar una renovación.

El concejal Félix Ayala (PLRA), a su vez, dice que efectivamente una cuestión que encuentran en este caso es que existe un negocio en el que nadie tiene participación ni control, excepto la Asociación de Taxistas, cuando que se trata de espacios públicos.

Para Ayala, lo importante es avanzar en encontrar la forma de regularizar el tema de las paradas con una ordenanza que ayude a tener un mejor control del parque automotor de los taxis.

La propuesta desde la Junta no ha encontrado la misma predisposición desde la intendencia de Asunción. Si bien desde que asumió Mario Ferreiro se ha habilitado apenas una sola parada nueva, existen dos pedidos de informes que concejales han realizado a la gestión de Ferreiro sobre los taxistas que no han tenido la respuesta esperada por ellos.

En ese sentido, el concejal Álvaro Grau (PPQ) dijo que hace rato solicitaron a la intendencia un montón de informes y lo que facilitaron hasta ahora fue muy poco.

Señala además que lo preocupante en este caso es que ellos sienten como que la intendencia no reconoce que hay un problema con el tema de los taxis y la operativa de APTA. “La preocupación principal es que realmente no hay voluntad política de solucionar”, dice Grau.

El pasado 23 de julio, Arístides Morales y otros siete taxistas fueron imputados por perturbación de la paz pública y resistencia tras los incidentes frente a la Municipalidad de Asunción. Se mostraron siempre en contra de las plataformas conocidas como MUV y Uber amenazando siempre con otro enjambre.

La resistencia a las aplicaciones terminó por mostrar a la ciudadanía una parte del enjambre que no se conocía.

El procedimiento se llevó a cabo en un establecimiento situado en la Colonia Villa Alta, sobre la ruta Py 07, a 3 km del Cruce Carolina, departamento de Canindeyú, donde intervinieron de forma conjunta la Policía Nacional, funcionarios de la ANDE y la Fiscalía.

La propiedad pertenece a Emerson Batista quien contaba con una conexión directa en Media Tensión de un transformador de 2.500 Kilovatios. Allí encontraron 388 procesadores de criptoactivos, conectados de forma clandestina.

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Con la demanda de energía eléctrica de estas máquinas, el valor del consumo mensual y, por ende, daño patrimonial a la ANDE, rondaba los 692 millones de guaraníes.

Los hechos punibles denunciados por la ANDE son: sustracción de energía eléctrica (Artículo 173), perturbación de servicios públicos (Artículo 218) y sabotaje (Artículo 274) del Código Penal.

Se dispuso el traslado de 201 procesados y del transformador de gran porte a la Agencia Regional de Salto del Guairá. En tanto, las 187 máquinas restantes fueron lacradas.

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Paralelamente a estos operativos de caza de ladrones de energía, el Poder Legislativo debate propuestas de leyes que regulen la actividad en nuestro país, la cual, es ejercida de manera legal por 52 empresas, pero de forma ilegal, por un número desconocido.

Un hombre falleció mientras se encontraba manipulando cables en un domicilio del cual era encargado. El trágico hecho ocurrió ayer en la Colonia Acaray de este distrito.

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La víctima fatal es Jair Alves de 49 años, domiciliado en la Colonia Paso Ita, quien era cuidador de dicho inmueble, propiedad de Fidencio Cardozo Quintana.

Según el reporte de la Comisaría 24° barrio Puerta del Sol, los familiares del fallecido manifestaron que ayer en horas de la siesta, Jair estaba manipulando algunos cables en el fondo de la casa, momento en que sufrió una descarga eléctrica ocasionado su fallecimiento instantáneo.

El caso fue comunicado al fiscal de turno, Víctor Adolfo Santander, quien realizó los procedimientos de rigor,

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Un vehículo Toyota, modelo Premio, en el que iban cinco personas para el egreso del curso Lince en el complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), fue arrastrado por el raudal hasta un arroyo ubicado detrás del Club Valderrama.

Tres uniformados pudieron salir del rodado, y dos personas fueron arrastradas hasta el cauce hídrico. De acuerdo con el reporte policial, se trata de Sara Benítez (48) y su hija Nilda Lujan Barrios Benítez (19).

El capitán José Cabrera, de la Compañía 4ta de Bomberos Voluntarios, confirmó al canal GEN el hallazgo del vehículo y el cuerpo sin vida de una de las desaparecidas. Se busca a la otra mujer en estos momentos.

Ambas son parientes del lince Braihan Ariel Gómez (20), quien iba al acto de egreso junto con sus demás compañeros de curso Carlos Sosa (21) y Renato Jara (21).

“Nos reportaron a las 04:00 de la caída del vehículo detrás del Club Valderrama. Aparentemente se rompió el soporte del puente. Estaban a bordo 5 personas, de los cuales 3 eran Linces. Lograron salir por las ventanillas. Hicieron lo posible para salvar a las dos mujeres, pero no lograron ubicarlas”, reportó a su vez el bombero voluntario de Luque, Alex Benítez, a radio Ñanduti.

Por su parte, el comisario Gustavo Ruiz Díaz, jefe del Grupo Lince, informó a GEN que las mujeres arrastradas por el raudal son la tía y la prima de uno de los uniformados.

El jefe policial confirmó que el acto de egreso seguirá de igual manera, pese al lamentable suceso, en atención a que mucha gente fue hasta el SND para el evento.