La “pandemia”, excusa de la Policía para incumplir órdenes de desalojo

Mientras avanzan las invasiones de tierras, en un caso particular la Policía aduce alto índice de contagios por Covid-19 para evitar realizar desalojos pese a existir tres órdenes para el efecto.

Desde abril del 2019, la firma Gorostiaga Inmobiliaria SA no puede disponer de un inmueble de 1.500 hectáreas ubicado en el distrito San Vicente Pancholo, del departamento de San Pedro, porque allí están asentadas de manera irregular unas 500 personas sintierras lideradas por invasores profesionales y amparadas presuntamente por los políticos de la zona.

En reiteradas ocasiones, el fiscal Jorge Encina solicitó acompañamiento policial para la realización de una constitución hasta el inmueble, a los efectos de ordenar la aprehensión de las personas que allí se encontraban, pero la Comandancia de la Policía recomendó postergar el procedimiento por la pandemia.

El director general de Prevención y Seguridad, Saturnino Santiago Villalba, remitió el pasado 11 de mayo un documento a la Policía de San Pedro para pedir la postergación del procedimiento de expulsión de los invasores del inmueble de los Gorostiaga. En la misiva se lee que “debido al alto índice de contagios, internados, en asilamientos y muertes de efectivos policiales por Covid-19, el riesgo que implica para el personal policial la convocatoria de la cantidad requerida (…) se solicita la postergación hasta que se den las condiciones sanitarias para la ejecución del operativo”.

El abogado Luis Ayala, de la firma Gorostiaga, lamentó en entrevista con radio UNO que la Policía no cumpla con un principio fundamental que es la garantía del derecho a la propiedad privada y argumentó que la negativa a proceder a la expulsión de los invasores responde a una falta de voluntad política. "No es posible que al pedir que se garantice la propiedad privada y se cumpla una orden de desalojo, la Policía Nacional no pueda llevar a cabo argumentando la pandemia. Sin embargo, se realizan iguales procedimientos en otros casos. Hay falta de voluntad política para cumplir una orden fiscal. Se rompen normas básicas porque la Policía tiene la obligación de realizar estos procedimientos. Es la tercera orden a la que no dan respuesta", cuestionó el letrado.

 

Pabellón de Clínicas tendría oxígeno en una semana, estima ministro

La provisión de oxígeno es el impedimento para habilitar el nuevo pabellón de contingencia en el Hospital de Clínicas. El ministro de Salud Julio Borba estima que no pasará más de una semana para la solución del problema.

Los recursos humanos y los medicamentos están garantizados para el nuevo pabellón del Hospital de Clínicas. Sin embargo, el oxígeno, fundamental para los internados, sigue pendiente.

“El problema de Clínicas es el contrato que tiene con la proveedora de oxígeno, la capacidad no da abasto para lo que necesita, se está negociando ampliar el contrato y también ver la posibilidad de comprar para no depender de una empresa”, explicó Borba en entrevista con Gen.

En cuanto al plazo para una respuesta a estas gestiones y por ende la habilitación del pabellón, el ministro estimó que no pasará de la próxima semana.

Integrantes del Sindicato del Hospital de Clínicas se volvieron a movilizar esta mañana en reclamo a la apertura de este nuevo espacio, sin embargo, todo dependerá de la provisión.

La administración del hospital emitió un comunicado en el que anuncia que en los próximos días se habilitarán otras 8 camas destinadas para terapia respiratoria en dicho bloque.

 

Salud entregó medicamentos a pacientes de Cannabis Medicinal

Pacientes de Cannabis Medicinal recibieron “Gotas de CBD”, entregadas por el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados (PROINCUMEC), dependiente de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA). Actualmente, el Registro Nacional de Productos Derivados del Cannabis cuenta con 40 inscriptos.

El portal de la cartera sanitaria informó que la distribución fue realizada luego de que la empresa LASCA haya donado 1.000 frascos de 25 ml., 750 frascos de 50 ml. y 250 frascos de 100 ml., al Ministerio de Salud, en el marco de la Ley de creación del PROINCUMEC y su Decreto Reglamentario, que establece que el Estado promoverá la producción e industrialización de productos derivados de la planta de cannabis, para uso exclusivamente medicinal, terapéutico o de investigación.

Mediante esta producción se garantiza el acceso gratuito a pacientes incluidos en el Registro Nacional de Productos Derivados del Cannabis, que hasta la fecha cuenta con 40 inscriptos, de acuerdo a los datos registrados por PROINCUMEC.

Dentro del programa se encuentran pacientes con diagnósticos que tienen evidencia médica científica de la eficacia del cannabis según la Sociedad Paraguaya de Neurología; epilepsia refractaria y espasticidad muscular debido a las esclerosis múltiples.

Así también, se cuenta el registro de médicos del sector privado y del Hospital Niños de Acosta Ñu, especialistas del área de neuropediatría, quienes llevan a cabo el tratamiento de pacientes con el cannabis medicinal.

 

Con guiño de políticos, invasores profesionales ocupan 1.500 hectáreas en San Pedro

Desde abril del 2019, la firma Gorostiaga Inmobiliaria SA no puede disponer de un inmueble de 1.500 hectáreas ubicado en el distrito San Vicente Pancholo, del departamento de San Pedro, porque allí están asentadas de manera irregular unas 500 personas sintierras lideradas por invasores profesionales y amparadas presuntamente por los políticos de la zona.


Fuente: La Caja Negra - Unicanal

Desde su adquisición en abril del 2004, la tierra es sumamente productiva y tanto la empresa Gorostiaga como los arrendatarios han llevado adelante exitosos trabajos agropecuarios en el sitio. Sin embargo, en el año 2008, el inmueble comenzó a recibir la “visita” de personas extrañas que tenían la intención de adueñarse de las tierras, alegando que existían supuestos excedentes fiscales.

Tras concretar la expulsión de los invasores, en abril de 2019 nuevamente un grupo ingresó sin autorización al lugar para instalarse de manera irregular. En noviembre de ese año, el fiscal Jorge Encina y agentes policiales procedieron a realizar un operativo de expulsión, pero los ocupantes pidieron un plazo para cosechar sus plantaciones. Se acordó cuando eso que solo 4 iban a ingresar con acompañamiento policial hasta el 28 de febrero del 2020, sin embargo, los invasores no cumplieron con lo estipulado y tampoco se retiraron del inmueble una vez cumplido el plazo. En el acta fiscal de ese procedimiento se menciona el nombre de Francisco Moreno entre los responsables de la invasión.

Según la denuncia hecha por los propietarios, durante ese tiempo de tregua, los sintierras mostraron hostilidad en todo momento, incluso robaron los postes de un alambrado perimetral y no permitieron a los encargados siquiera construir un pozo artesiano.

La situación empeoró el 4 de mayo de 2020, cuando un nuevo grupo de invasores ingresó al inmueble en forma clandestina y sin autorización de la propietaria, construyendo más viviendas precarias e introduciendo en el lugar tractores y herramientas, con los cuales comenzaron a realizar trabajos de siembra.

En reiteradas ocasiones, el fiscal Jorge Encina solicitó acompañamiento policial para la realización de una constitución hasta el inmueble, a los efectos de ordenar la aprehensión de las personas que allí se encontraban, pero la Comandancia de la Policía recomendó postergar el procedimiento por la pandemia.

A la sospechosa inacción policial se sumó el acompañamiento de las autoridades de la zona a las pretensiones de los invasores. En ese sentido, en octubre de 2020, la Mesa Coordinadora de Sintierras del departamento de San Pedro se reunió con el Gobernador Carlos Giménez, el intendente de Santa Rosa de Aguaray, Esteban González, y el entonces presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Mario Vega Mereles, quien fue destituido del cargo por un presunto pedido de coima de US$ 200 mil para trámites de títulos; entre otros políticos. En la ocasión, los líderes de la coordinadora rural concretamente pidieron dejar sin efecto las acciones judiciales para el desalojo de las ocupaciones irregulares y hacer mensuras judiciales, de modo a saber si eran excedentes fiscales y en el caso de no serlos, que el Estado adquiera de los propietarios para repartir entre los necesitados.

El apoyo político que más estaría recibiendo el grupo de invasores del inmueble de la firma Gorostiaga provendría aparentemente de parte del intendente de San Vicente Pancholo, Nicolás Vargas Navarro, y su hermano, Armando Navarro, alias Mberu’i. Coincidentemente, ambos hermanos habían protagonizado un sonado caso en junio del 2018, cuando atacaron la comisaría de esa localidad con la finalidad de rescatar al detenido Francisco Moreno, quien al año siguiente apareció como uno de los responsables de la invasión que sufre hasta la fecha la empresa Gorostiaga.

Si bien el derecho a la propiedad privada tiene rango constitucional, en Paraguay se viola cada dos por tres ante la inacción de los organismos encargados de velar por el cumplimiento de las normativas vigentes. Detrás de estas ocupaciones irregulares hay un fuerte componente político, por lo que es evidente que la justicia queda doblegada ante los oscuros intereses que tienen las autoridades que siguen apañando a estos invasores profesionales. ¿Hasta cuándo se seguirá violando impunemente la ley?