“Él se defendió, se declaró insolvente, dijo que no tiene nada y le acusan de enriquecimiento ilícito, pidió que le defendamos pero nosotros no estamos para defenderle”, dijo el diputado liberal Édgar Ortiz.

Esto, en relación al pedido del Juzgado que solicitó el desafuero del diputado Ulises Quintana, por su nexo con el presunto narco Javier Cabaña, alias Cucho.

A pesar de la súplica que supuestamente también incluyó lágrimas para conmover a sus colegas, se cree que hay sobrada mayoría para aprobar el desafuero de Quintana.

El diputado de Colorado Añetete, Ulises Quintana, está imputado por tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de drogas en carácter de cómplice. Sin embargo, para avanzar con la investigación, la Fiscalía necesita que le retiren la inmunidad parlamentaria.

REGLAMENTARÁN PÉRDIDA DE INVESTIDURA

La Cámara de Diputados trabajará en reglamentar el artículo 201 sobre la pérdida de investidura porque “no está claro”. Mientras tanto, el caso Portillo y el de muchos otros legisladores tendrá que esperar.

El artículo 201 de la Constitución Nacional estipula que los senadores y diputados perderán su investidura por: violación del régimen de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la CN, y el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.

“La idea es justamente reglamentar para que sea claro para todos, porque no está reglamentada, lo que queremos es contratar un profesional para que nos dé un respaldo jurídico y legal de lo que estamos haciendo”, dijo el diputado liberal Édgar Ortiz.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.