Bruno Marabel, sindicado como el “monstruo de la casa del horror” guarda prisión hoy en la Cárcel Regional de Concepción, luego de pasar por varias penitenciarías del país desde el 2018, año en que ocurrió el recordado quíntuple homicidio en la “Casa del Horror”, ubicada sobre Oliva y Montevideo, en el microcentro de Asunción.

Las víctimas de aquel quíntuple homicidio fueron Dalma Rojas Rodas de 23 años, de sus hijos de 4 y 6 años, su mamá Elva Graciela Rodas y su padre Julio Rojas. El Tribunal de Sentencia condenó a Marabel, el 2 de noviembre del 2020, a la pena de prisión de 40 años.

Este 8 de octubre se cumplen 4 años de aquel macabro hallazgo y Marabe decidió recordar lo ocurrido, durante una entrevista concedida al canal C9N. Al respecto de su actualidad, dijo que está intentando trabajar en la Penitenciaría y así poder reducir su condena.

Se cumplen cuatro años del macabro hallazgo en la Casa del Horror. Foto: La Nación.

“Estoy dando mi máximo esfuerzo para cambiar y salir adelante. Tengo un hijo al que estoy tratando de ayudarle, tengo mi pareja, mis padres y familia. Lo que hice ya confesé con Dios y con las personas que debía hacerlo, no con las personas que me criticaban”, sostuvo.

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Agregó que no recibe la ayuda necesaria en el marco de una reinserción, pese a su conocimiento como barbero y su experiencia en la gastronomía.. “No me quieren ayudar por la condena que tengo y por el morbo que me puso la gente. Me tienen como una persona malvada y violenta, pero no es así. Todos tenemos un carácter fuerte, pero tampoco es que veo una persona y ya le voy a querer atacar”, indicó.

A eso, le sumó los constantes traslados por motivos de supuesta inconducta. Confesó que suele tener “peleas normales” dentro de prisión, pero que no pasan a mayores. Sin embargo, dijo que las amenazas del Primer Comando Capital (PCC) no le dejan tranquilo.

El Tribunal de Sentencia condenó a Marabel, el 2 de noviembre del 2020, a la pena de prisión de 40 años.

“Acá no puedo estudiar bien porque el PCC puso  precio a mi cabeza. Están por todos lados, por eso pedí mi traslado a una cárcel donde no estén ellos. Con el Clan Rotela no tengo problemas, pero sí con el PCC”, relató Marabel.

Incluso, comentó que hace poco, durante un motín, intentaron matarle y fue salvado por las autoridades de la cárcel.

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En contrapartida, mencionó que recibe mucho apoyo externo, principalmente de su pareja actual y de las “fanáticas” que aparecieron desde su estadía en prisión. “Tengo muchas fans que me envían ropa, dinero, calzado, comida, todo. Me piden visita a cambio, quieren conocerme”, precisó y contó que incluso recibe propuestas de hombres.

“Puede ser que les fascina así los hombres privados de libertad, los malandros o capaz porque les fascina como soy nada más”, expresó.

Por otra parte, reiteró que él asesinó solo a una persona, al señor Julio Rojas, y que no fue el autor de la muerte de los demás integrantes de la familia. “La fiscala se ensañó conmigo, yo dije que él me quería matar y por eso le maté. Tampoco iba a dejar que me mate él. Yo ni cuenta me di que las demás personas ya estaban muertas”, enfatizó.

La Junta Municipal de Asunción aprobó ayer el balance financiero correspondiente al ejercicio 2025. La votación sumó trece voluntades a favor frente a diez votos que mantuvieron la postura del rechazo. El documento contempló los primeros cuatro meses de Óscar Rodríguez, el periodo de intervención de Carlos Pereira y el cierre de año bajo la administración de Luis Bello.

Este dictamen favorable surgió tras el rechazo técnico ocurrido el pasado 10 de mayo. Durante el debate, los ediles opositores señalaron inconsistencias sobre el destino de Gs. 512.000 millones en bonos para infraestructura y el uso de la Cuenta Única Municipal, calificado anteriormente como irregular.

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Por su parte, la Intendencia justificó la escasa ejecución de mejoras viales y pluviales por las limitaciones de tiempo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el proceso de intervención estatal que alteró los procesos de gestión.

Representantes sindicales acompañaron la sesión bajo la premisa de que la falta de aprobación ponía en riesgo el pago de salarios y la operatividad de los servicios básicos.

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Con esta aprobación, la Municipalidad recupera su principal credencial ante el sistema financiero. La Intendencia ahora posee vía libre para solicitar préstamos destinados a cubrir el déficit temporal de caja y asegurar los compromisos operativos.

Los 16 concejales a favor fueron: Arturo Almirón, Carlos Ozorio, César Escobar, Marcelo Centurión, Nasser Esgaib, Daniel Ortiz, Juan José Arnold, Miguel Sosa, Gabriel Calonga, Karina Acuña, Carlos González, Jesus Lara y Mariano Cáceres.

La decisión destraba la entrega de nuevos camiones recolectores de basura, pues los bancos exigían el balance aprobado como requisito contractual para finalizar la compra de los activos

De acuerdo al Cronograma Electoral establecido para los comicios municipales, a partir de este jueves 16 de julio queda habilitada la propaganda electoral en todos los distritos del país.

La misma se podrá efectuar hasta las 23:59 hs del jueves 1 de octubre, conforme al Artículo 290 de la Ley Nº 7135/23 “Que establece el Código Electoral Paraguayo”.*

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Siguiendo con el cronograma elaborado por la Justicia Electoral, se fijó este viernes 17 de julio como fecha límite para que los Tribunales Electorales de las organizaciones políticas remitan por nota el Informe Final generado por el SINAFIP.

Se trata puntualmente del informe de cumplimiento de la presentación de Rendición de Cuentas de candidatos y movimientos internos, derivados de las internas partidarias de julio pasado.

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En las elecciones municipales previstas para el domingo 4 de octubre, un total de 263 distritos elegirán a sus próximas autoridades municipales, entre ellas intendentes y miembros de las Juntas Municipales.

Los candidatos electos ejercerán sus funciones durante el período 2026-2031.

El gerente de la empresa Ombú SA, Gilberto Enciso, declaró ante el Tribunal de Sentencia y aportó datos sumamente comprometedores sobre la estrecha relación entre el entonces secretario de Estado del Gobierno abdista y el presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola.

El testigo confirmó que el empresario brasileño y el exministro del Interior mantuvieron conversaciones en reiteradas oportunidades sobre licitaciones públicas del Estado.

Según detalló el directivo, la firma buscaba convertirse en proveedora de chalecos antibalas y adjudicarse contratos para la reparación de vehículos blindados de las fuerzas de seguridad, siendo Giuzzio y el viceministro de Seguridad, Pablo René Ríos, los enlaces directos de Marcus Vinicius dentro de la institución pública.

El gerente de la firma admitió que la estructura empresarial se encontraba en pleno proceso de preparación para participar activamente de las licitaciones estatales. Estas gestiones y el intercambio de información estratégica entre el empresario y el exministro cesaron de manera abrupta únicamente cuando Marcus Vinicius fue detenido por la justicia debido a sus vínculos con el narcotráfico.

Durante su comparecencia, el testigo también reveló que la empresa realizó trabajos de mantenimiento a una camioneta táctica Dodge Ram del Ministerio del Interior, además de efectuar retoques a otros vehículos oficiales del Estado y elaborar presupuestos de servicios. Sobre estos trabajos, el gerente manifestó desconocer si la institución pública llegó a realizar algún tipo de pago por los arreglos efectuados.

Sobre el polémico viaje familiar que realizó el exministro al Brasil, el gerente de la firma ratificó que Giuzzio utilizó una camioneta de la empresa Ombú SA para sus vacaciones familiares, vehículo que le fue facilitado de forma directa por el propio dueño de la firma.

Para formalizar la entrega de la camioneta, el exministro firmó un pagaré meramente simbólico por el valor de 700 dólares, el cual jamás fue cobrado por la empresa proveedora.

Al ser abordado por los medios de comunicación tras culminar la audiencia judicial, Arnaldo Giuzzio evitó responder con claridad si llegó a pagar por el uso del rodado, y solo argumentó que el documento firmado constituía un compromiso de pago.

El exministro también intentó restar importancia a los intercambios de mensajes telefónicos que lo vinculan con el esquema del presunto narcotraficante.

Las audiencias de este juicio oral proseguirán durante la siguiente semana con la continuidad de la declaración de Gilberto Enciso ante el tribunal juzgador integrado por los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathías Garcete.