La unión temprana y forzada es aquella en la cual una de las partes es menor de 18 años. En el país afecta a niñas y adolescentes: más de 16 000 de ellas conviven con un hombre adulto, según reveló el reciente estudio Invisibles a plena luz. Uniones tempranas y forzadas en Paraguay, impulsado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y Plan International, con apoyo del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

El estudio confirmó que existe una estrecha relación entre las uniones tempranas y el embarazo, la pobreza y el abandono escolar, factores que condicionan el desarrollo de la vida de miles de niñas y adolescentes paraguayas. Pese a ello, estas uniones son una práctica naturalizada que se da independientemente de las disposiciones legales. En este contexto, la campaña Invisibles a plena luz busca poner en la agenda pública esta problemática.

Por ley, la edad para contraer matrimonio en Paraguay es 18 años. No obstante, permanece sin modificación la excepción que habilita a personas a partir de los 16 años cumplidos a contraer nupcias con el consentimiento de madres, padres, tutores o, incluso —en caso de incapacidad o pérdida de la patria potestad de los mismos— de un juez.

Otra normativa que protege a las niñas y adolescentes es la Ley 6002/17, que modifica el artículo 135 del Código Penal Paraguayo (Ley 1160/97). Establece que los hombres “que refieren ser parejas” y se encuentran unidos a niñas de menos de 14 años se exponen a ser imputados por abuso sexual, con una pena privativa de libertad de 15 a 20 años.

VIOLACIÓN DE DERECHOS

Que niñas y adolescentes tengan uniones de hecho con adultos es visto como algo normal por amplios sectores de nuestra sociedad, incluso por las mismas familias y las niñas y adolescentes que aceptan la unión. Sin embargo, esta práctica se considera una práctica nociva y una violación de los derechos humanos y los derechos de las niñas porque las afecta fundamentalmente en su:

– Salud: se exponen a embarazos no deseados y prematuros que arriesgan su vida y del bebé, pues a esta edad el riesgo de sufrir complicaciones durante el parto es mayor.

– Educación: abandonan sus estudios para dedicarse al cuidado del hogar y de sus hijos.

– Protección: sus relaciones sociales y sexoafectivas son asimétricas, y se exponen a mayor violencia física, sexual y económica. De ahí que en ningún caso, una unión temprana o forzada puede considerarse una relación de pareja. Además, no tienen la madurez suficiente para asumir los roles de esposa y madre.

Las uniones tempranas también son consideradas una forma de violencia contra las niñas y adolescentes. Provocan un corte abrupto de la infancia y la adolescencia, y fuerzan el ingreso a una vida adulta en condiciones absolutamente precarias: sin educación, sin protección, sin oportunidades, sin futuro.

Las niñas y adolescentes en uniones tempranas provienen en su mayoría de familias que se encuentran en condiciones de pobreza o extrema pobreza, tienen baja escolaridad y pertenecen a comunidades indígenas y rurales. En muchos casos son forzadas a aceptar una unión con la esperanza de salir de la pobreza, pero ocurre lo contrario: sufren abuso sexual y maltratos, terminan con embarazos forzados, dejan la escuela, se alejan de sus amigas y su familia. Al abandonar los estudios, las oportunidades de un empleo formal son escasas, por lo que la pobreza y las desigualdades se acentúan.

¿CÓMO ENFRENTAR EL PROBLEMA

La campaña Invisibles a plena luz, cuyos mensajes se difunden a través de las redes sociales del UNFPA Paraguay y de Plan International Paraguay, pone énfasis en la necesidad de erradicar las uniones tempranas y forzadas aunando esfuerzos con el Estado y la ciudadanía.

Algunas recomendaciones para enfrentar este problema desde el Estado son: aumentar y mejorar la calidad de la inversión social para reducir la pobreza, ya que en Paraguay se invierte aproximadamente 2.000 guaraníes por día por adolescente -15 a 17 años- (según estimaciones al 2019 a partir del Informe del UNFPA sobre el Gasto Público Social en adolescencia y juventud).

Otra de las recomendaciones es establecer políticas públicas que eviten la deserción escolar y promuevan la reinserción educativa, ya que el 80 % de las niñas y adolescentes en unión se encuentra fuera del sistema educativo formal.

Asimismo, se recomienda fortalecer el sistema de protección de niñas y adolescentes; incidir en el sistema jurídico para que los casos de abuso sexual sean correctamente tipificados como hechos punibles; identificar nudos críticos en la aplicación de normativas de protección y brindar servicios de salud adecuados para niñas y adolescentes.

La ciudadanía, por su parte, puede contribuir con las siguientes acciones: empoderar a las niñas, informarles sobre sus derechos y fomentar su educación formal; brindar educación sexual a niñas, niños y adolescentes; comprender que las uniones entre un adulto y una niña son un hecho penado por ley y ante el conocimiento de esta práctica nociva, denunciar la violación de sus derechos.

El informe policial refiere es que el accidente se registró ayer, en horas de la noche, sobre la avenida Monseñor Rodríguez casi Ruta PY07 de la mencionada ciudad.

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Se trata de un tractocamión de la marca Scania, modelo R124, color blanco, del año 1997, con semirremolque marca Guerra, conducido por Alberto Daniel Velaztiqui García (32).

Los agentes de la comisaría 7° se constituyeron en el lugar encontrando el camión de gran porte volcado y recostado hacia el lado izquierdo, con la carga esparcida sobre el asfalto.

El camionero relató a los intervinientes que circulaba sobre la avenida Monseñor Rodríguez en dirección este, y al llegar en la intercepción con la Ruta PY07, perdió el control del tractocamión, lo que ocasionó el vuelco.

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Silvio Corbeta, fiscal de la Unidad Anticorrupción y Delitos Económicos, formuló acusación y solicitó juicio oral y público para Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube.

Roa fue acusado por cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

En cuanto al empresario Koube, la acusación es por lavado de dinero, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

El documento consta de 117 páginas y queda a cargo del Juzgado Penal de Garantías, que, una vez recibidas todas las pruebas, deberá fijar fecha para el inicio del juzgamiento.

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El caso se desprende de las investigaciones iniciadas en el operativo “A Ultranza PY”, luego de que se haya dispuesto la inmovilización de una embarcación a nombre de la empresa Tapyracuai S.A., representada por el empresario Alberto Koube.

Según la pesquisa, Koube entregó el yate al exministro de Emergencia Nacional como para de una coima para ganar al menos 10 licitaciones entre los años 2018 y 2021 por una suma que ronda los G. 16.000.000.000.

El empresario y el exministro abdista se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos, a costa de los recursos públicos, entre ellos, la obtención de una embarcación AZ 42, valuada en USD 450.000 y sumas de dinero.

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La Senad conformó un equipo destinado a la intervención de cultivos ilícitos de marihuana en un sector rural de Bella Vista Norte, en el cual se encontraban varios centros de producción de la droga compuestos por campamentos en los que se trabajaba el procesamiento de unas cuatro hectáreas de la hierba. En la acción fueron eliminadas alrededor de 15 toneladas del producto ilícito.

Los intervinientes fijaron la destrucción de cinco campamentos ubicados en un establecimiento rural, para posteriormente destinar esfuerzos a la erradicación de cuatro hectáreas de la droga.

El operativo no solo le limitó a la anulación de la superficie plantada sino también a la eliminación de 1.500 kilos de la droga puesta al secado y 1.940 kilos listos para el empaquetado.

En total el operativo supervisado por el fiscal Celso Morales sacó de circulación más de 15.000 kilos de marihuana.

Las Oficinas Regionales se encuentran trabajando coordinadamente en la localización y posterior desmantelamiento de los centros de procesamiento de cargas ilícitas. Oficinas como Bella Vista Norte y Pedro Juan Caballero planean dar fuerza a nuevas incursiones que se irán acompañando con investigaciones paralelas.