La unión temprana y forzada es aquella en la cual una de las partes es menor de 18 años. En el país afecta a niñas y adolescentes: más de 16 000 de ellas conviven con un hombre adulto, según reveló el reciente estudio Invisibles a plena luz. Uniones tempranas y forzadas en Paraguay, impulsado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y Plan International, con apoyo del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

El estudio confirmó que existe una estrecha relación entre las uniones tempranas y el embarazo, la pobreza y el abandono escolar, factores que condicionan el desarrollo de la vida de miles de niñas y adolescentes paraguayas. Pese a ello, estas uniones son una práctica naturalizada que se da independientemente de las disposiciones legales. En este contexto, la campaña Invisibles a plena luz busca poner en la agenda pública esta problemática.

Por ley, la edad para contraer matrimonio en Paraguay es 18 años. No obstante, permanece sin modificación la excepción que habilita a personas a partir de los 16 años cumplidos a contraer nupcias con el consentimiento de madres, padres, tutores o, incluso —en caso de incapacidad o pérdida de la patria potestad de los mismos— de un juez.

Otra normativa que protege a las niñas y adolescentes es la Ley 6002/17, que modifica el artículo 135 del Código Penal Paraguayo (Ley 1160/97). Establece que los hombres “que refieren ser parejas” y se encuentran unidos a niñas de menos de 14 años se exponen a ser imputados por abuso sexual, con una pena privativa de libertad de 15 a 20 años.

VIOLACIÓN DE DERECHOS

Que niñas y adolescentes tengan uniones de hecho con adultos es visto como algo normal por amplios sectores de nuestra sociedad, incluso por las mismas familias y las niñas y adolescentes que aceptan la unión. Sin embargo, esta práctica se considera una práctica nociva y una violación de los derechos humanos y los derechos de las niñas porque las afecta fundamentalmente en su:

– Salud: se exponen a embarazos no deseados y prematuros que arriesgan su vida y del bebé, pues a esta edad el riesgo de sufrir complicaciones durante el parto es mayor.

– Educación: abandonan sus estudios para dedicarse al cuidado del hogar y de sus hijos.

– Protección: sus relaciones sociales y sexoafectivas son asimétricas, y se exponen a mayor violencia física, sexual y económica. De ahí que en ningún caso, una unión temprana o forzada puede considerarse una relación de pareja. Además, no tienen la madurez suficiente para asumir los roles de esposa y madre.

Las uniones tempranas también son consideradas una forma de violencia contra las niñas y adolescentes. Provocan un corte abrupto de la infancia y la adolescencia, y fuerzan el ingreso a una vida adulta en condiciones absolutamente precarias: sin educación, sin protección, sin oportunidades, sin futuro.

Las niñas y adolescentes en uniones tempranas provienen en su mayoría de familias que se encuentran en condiciones de pobreza o extrema pobreza, tienen baja escolaridad y pertenecen a comunidades indígenas y rurales. En muchos casos son forzadas a aceptar una unión con la esperanza de salir de la pobreza, pero ocurre lo contrario: sufren abuso sexual y maltratos, terminan con embarazos forzados, dejan la escuela, se alejan de sus amigas y su familia. Al abandonar los estudios, las oportunidades de un empleo formal son escasas, por lo que la pobreza y las desigualdades se acentúan.

¿CÓMO ENFRENTAR EL PROBLEMA

La campaña Invisibles a plena luz, cuyos mensajes se difunden a través de las redes sociales del UNFPA Paraguay y de Plan International Paraguay, pone énfasis en la necesidad de erradicar las uniones tempranas y forzadas aunando esfuerzos con el Estado y la ciudadanía.

Algunas recomendaciones para enfrentar este problema desde el Estado son: aumentar y mejorar la calidad de la inversión social para reducir la pobreza, ya que en Paraguay se invierte aproximadamente 2.000 guaraníes por día por adolescente -15 a 17 años- (según estimaciones al 2019 a partir del Informe del UNFPA sobre el Gasto Público Social en adolescencia y juventud).

Otra de las recomendaciones es establecer políticas públicas que eviten la deserción escolar y promuevan la reinserción educativa, ya que el 80 % de las niñas y adolescentes en unión se encuentra fuera del sistema educativo formal.

Asimismo, se recomienda fortalecer el sistema de protección de niñas y adolescentes; incidir en el sistema jurídico para que los casos de abuso sexual sean correctamente tipificados como hechos punibles; identificar nudos críticos en la aplicación de normativas de protección y brindar servicios de salud adecuados para niñas y adolescentes.

La ciudadanía, por su parte, puede contribuir con las siguientes acciones: empoderar a las niñas, informarles sobre sus derechos y fomentar su educación formal; brindar educación sexual a niñas, niños y adolescentes; comprender que las uniones entre un adulto y una niña son un hecho penado por ley y ante el conocimiento de esta práctica nociva, denunciar la violación de sus derechos.

La semana pasada se registró la primera muerte por dengue en lo que va de esta epidemia. El paciente es un adulto oriundo del departamento del Guairá.

Desde la Dirección de Vigilancia de la Salud manejan una hipótesis sobre el atraso de dos meses en el inicio de la epidemia.

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“Son varios actores los que entran en juego, uno es el factor climático, ahí hay que darle su espacio porque, uno de los motivos por los que creemos que hoy no empezamos con el brote es el ambiente seco que tuvimos este tiempo, el que no haya lluvia hizo que se acumule agua y no tenemos el vector”, comentó la directora Andrea Ojeda, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

Otra razón sería el trabajo preventivo realizado en los barrios que, históricamente acumulan más casos de dengue. En ellos, se procedió a la eliminación de criaderos.

En las últimas tres semanas, la Dirección de Vigilancia de la Salud detectó 47 casos de dengue, de los cuales, el 80% corresponde a DENV-2 y 20% a DENV-1. Mientras los diagnósticos se limitan a esa cantidad, las notificaciones de pacientes sospechosos bordean el número de 800.

Enrique Riera, ministro del Interior, habló sobre el funcionamiento del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) , un órgano clave para la seguridad del país, que tiene como misión coordinar la evaluación de amenazas, mejorar la capacidad de anticiparse a posibles riesgos y reforzar el sistema democrático del país ante posibles desestabilizaciones.

Según detalló, el CNI está compuesto por ministros responsables de los ámbitos de seguridad y tiene como objetivo principal la protección de la estabilidad democrática del país. Explicó que el consejo es fundamental para el seguimiento de eventos potencialmente peligrosos, especialmente aquellos que podrían desconocerse en el momento pero que, a través de un monitoreo minucioso, pueden ser identificados a tiempo.

“Lo que hacemos es evaluar los acontecimientos, muchos de ellos desconocidos”, señaló el ministro en entrevista con Gen/Nación Media, destacando la importancia de la coordinación interministerial y la recopilación de información para prevenir cualquier tipo de amenaza. Indicó que en esta instancia, se analiza el cruce de datos provenientes de diversas fuentes, tanto abiertas como cerradas, para identificar actividades desestabilizadoras que puedan estar ocurriendo dentro o fuera del país.

Asimismo, dijo que uno de los ejes más destacados del trabajo del CNI es el monitoreo constante de la actividad digital y las fuentes abiertas, que se convirtieron en un clave vehículo para la propagación de ideas o movimientos potencialmente peligrosos. Riera mencionó que hay señales de intentos de desestabilización mediante convocatorias en redes sociales, en las cuales se intenta reunir personas con el fin de realizar manifestaciones que desafían a las autoridades legales.

“Hay gente que en algún momento dado prometió reunirse en cierto horario en ciertos lugares, convocó gente para reemplazar las autoridades establecidas. Estamos ya en el límite de la apología del delito”, explicó el titular del Interior, haciendo énfasis en la necesidad de estar atentos a cualquier intento de subvertir el orden constitucional. Aunque muchas de estas alertas resultan ser falsas o sin fundamento, el CNI se asegura de procesarlas para generar una respuesta adecuada y prevenir cualquier riesgo.

El ministro también subrayó la importancia de la cooperación internacional en temas de inteligencia. Como ejemplo de ello, destacó la creciente colaboración con Israel, en la que Paraguay trabaja de cerca con las autoridades de seguridad de ese país para fortalecer las capacidades en materia de prevención de riesgos. Esta cooperación es parte de una estrategia más amplia para mejorar los sistemas de inteligencia y coordinarse con otros países en la lucha contra amenazas globales.

“Estamos trabajando en niveles de cooperación más avanzados con Israel, particularmente en el área de seguridad. A través de ellos, podemos aprender lecciones valiosas sobre cómo gestionar la inteligencia en situaciones de alta tensión”, afirmó Riera. La cooperación también incluye el intercambio de información relacionada con movimientos radicales y la identificación de posibles amenazas en las fronteras, particularmente ante la creciente preocupación por la actividad de grupos extremistas como Hamas.

En esa línea, también reflexionó sobre el caso de Israel y su tragedia del 7 de octubre, cuando un ataque sorpresivo de Hamás dejó millas de víctimas. Este evento generó un fuerte cuestionamiento sobre la eficacia de los sistemas de inteligencia, pues muchos observadores señalaron que hubo señales claras que no fueron procesadas adecuadamente.

Por otra parte, el ministro hizo mención de los esfuerzos conjuntos con Estados Unidos, especialmente en la lucha contra el ciberdelito. En este sentido, dijo que Paraguay está fortaleciendo su capacidad para proteger sistemas clave ante ataques cibernéticos, algo que cobra una relevancia creciente en la era digital.

“Es un tema complejo, pero es necesario. Nosotros en Paraguay estamos comprometidos a no repetir los errores que se vieron en otros países, como el caso de Israel”, indicó Riera, resaltando la importancia de contar con sistemas de inteligencia capaces de procesar la información correctamente y reaccionar con rapidez ante cualquier eventualidad.

Finalmente, indicó que el Consejo Nacional de Inteligencia juega un papel crucial en la protección del sistema democrático de Paraguay. A través de la coordinación entre distintos ministerios y con el respaldo de la cooperación internacional, el país busca anticiparse a cualquier amenaza que pueda comprometer su estabilidad política y social.

Las actividades de monitoreo, la evaluación de riesgos y la prevención de desestabilizaciones son algunas de las funciones más importantes del CNI , que se mantiene alerta ante las posibles amenazas tanto internas como externas.

El Estado paraguayo, a través de la Procuraduría, presentó una demanda contra el Consorcio Siderúrgico Paraguayo (Cosipar), conformado por las empresas Cerro Lorito S.A. y la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Aceros del Paraguay Ltda.

En el marco de esta acción, recurrió a la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) para la conformación de un tribunal arbitral, a fin de analizar el caso que involucra a la otrora empresa estatal Acepar, que en la década de los ‘90 fue entrega a Cosipar para su administración.

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Según explicó el procurador Marco Aurelio González, este arbitraje fue solicitado hace mucho tiempo, ante la falta de resolución del caso en instancias judiciales. “Se olvidaron de cumplir ciertos requisitos y por eso el Estado ha demandado en arbitraje”, indicó en entrevista con la 730 AM.

La solicitud puntual es que se anule la cesión al mencionado consorcio y que las acciones de Acepar vuelvan a pertenecer al Estado paraguayo, además del pago de una indemnización.

“En el compromiso de venta, había muchas obligaciones que estaban a cargo de los que compraron Acepar, como inversiones, ciertos cuidados, el deber de mantener unas pólizas e informes”, añadió el procurador.

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El mismo sostuvo que las expectativas de ganar el arbitraje “son altas”, en vista a todas las pruebas que certifican el incumplimiento del compromiso asumido años atrás con el Estado.

En la actualidad, Acepar se encuentra declarada “en bancarrota” y bajo administración judicial, mientras se resuelva la cuestión del arbitraje.