El ministro se refirió en concreto al grupo de manifestantes que se acercaron al Palacio de Gobierno con intención de entrar en el mismo, siendo impedidos por el cordón policial instalado.

“El hecho de atropellar el Palacio nada tenía que ver con lo que estaba sucediendo en el Parlamento, y esto es algo que tiene que llamar la atención de la ciudadanía”, dijo Villamayor, citado en un comunicado del ministerio.

Los manifestantes estaban liderados por el senador Paraguayo Cubas, del partido Cruzada Nacional, quien está sancionado con dos meses de suspensión de funciones y dietas por insultar este mes a varios legisladores.

Los hechos se produjeron después de que el Senado rechazara un proyecto de Cubas que proponía listas abiertas completas como alternativa a las denominadas “listas sábanas” que no permiten a la ciudadanía elegir de forma directa a sus representantes.

El Senado debatió otros dos proyectos para desbloquear las listas electorales cerradas, mientras que centenares de personas de diferentes grupos cívicos aguardaban en el exterior.

El mayor incidente se produjo cuando unas dos decenas de personas traspasaron la valla que separa la Plaza de Armas del edificio del Congreso, a lo que la Policía respondió con el lanzamiento de gases lacrimógenos.

En Ciudad del Este, segunda urbe del país, también se produjeron incidentes por parte de partidarios del desbloqueo de las listas sábana, que cerraron varias rutas, lo que obligó a suspender sus servicios a algunas empresas de transporte de la capital.

En ese sentido, Villamayor calificó de grave el cierre de rutas y criticó el accionar de la Policía Nacional al no garantizar el derecho a la libre circulación.

Al mismo tiempo, el ministro anunció que solicitará un informe a los responsables policiales de la zona ya que las instrucciones del Ministerio eran de no “permitir por ningún motivo el cierre de rutas”.

El desbloqueo de las listas electorales es una antigua reivindicación de varios grupos civiles que contemplan las listas cerradas como impulsoras de la corrupción y del prebendarismo.

La versión final aprobada por el Senado desbloqueaba el orden de los candidatos en las listas electorales e incluyó a la modificación del Código Electoral una moción que establece la paridad entre hombres y mujeres a la hora de la confección de las listas.

El proyecto pasó luego a Diputados, que casi de madrugada aprobó el desbloqueo, pero eliminó el apartado correspondiente a la paridad de género en la confección de las listas.

El procedimiento estuvo encabezado por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, en el marco de la causa n.° 40/24, denominada “Miguel Prieto y otros / Lesión de Confianza”.

El Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en la provisión de kits alimenticios para familias de escasos recursos durante la pandemia del Covid-19, para lo cual se habrían realizado pagos millonarios a la empresa mencionada, sin embargo, los productos entregados no coinciden con las especificaciones estipuladas en el contrato firmado entre las partes. Se detectó que productos como el azúcar y el aceite, no corresponden a las marcas contratadas, lo que levantó sospechas de un posible esquema fraudulento.

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La intervención fue impulsada con el propósito de realizar una exhaustiva búsqueda e incautación de documentos que pudieran estar relacionados con los hechos investigados. Cabe destacar que la presente causa surge luego de una serie de intervenciones hechas por la Contraloría General de la República y las documentaciones remitidas al Ministerio Público.

Según la hipótesis investigativa, la Municipalidad a cargo de Miguel Prieto habría desembolsado la suma de Gs. 2.637.408.000 para la adquisición de productos que no cumplían con las especificaciones acordadas y sin los permisos necesarios para la comercialización de productos de consumo humano.

Además, se sospecha que estos alimentos fueron distribuidos de manera irregular a las familias beneficiarias sin que se haya podido determinar su origen o si cumplían con los requisitos legales.

La Fiscalía tiene previsto continuar con la investigación en los próximos días para esclarecer la magnitud del fraude y determinar las responsabilidades de los involucrados, incluyendo funcionarios de la Municipalidad y representantes de la empresa contratista.

El procedimiento fue supervisado por el agente fiscal Juan Ramón Sandoval, de la Unidad Especializada de la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado de Asunción, junto a la Dirección de Control de Aeropuertos y Seguridad Portuaria (DCASP) de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD

El Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado, a cargo la jueza Lici Teresita Sanchez, tomó intervención en el caso.

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El procedimiento de apertura de encomienda se llevó a cabo en la sede de Atención Permanente del Palacio de Justicia. La encomienda, una caja de cartón de color amarillo, había sido remitida desde la ciudad de Ciudad del Este.

En el operativo intervino personal del Departamento de Control Aeroportuario Silvio Pettirossi de la SENAD, incluyendo agentes especiales.

El proyecto de ley además de declarar en situación de emergencia tres departamentos, amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, aprobado por Ley N° 7408, del 30 de diciembre de 2024 – Presidencia de la República – Secretaría de Emergencia Nacional”.

Cabe destacar que el proyecto fue remitido nuevamente al Senado con modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. En ese contexto, el senador Orlando Penner, impulsor del documento, solicitó que el Pleno se constituya en comisión para su análisis. En su intervención, argumentó que la aprobación es urgente debido a las graves inundaciones que afectan a los mencionados departamentos.

Por su parte, el senador Natalicio Chase subrayó la crítica situación de las zonas afectadas, completamente aisladas por vía terrestre, y abogó por una respuesta inmediata a través de asistencia aérea y provisión de víveres. Destacó que el objetivo del proyecto es dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas necesarias para agilizar los procesos de compra y contratación requeridos ante la emergencia.

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Finalmente, se resolvió transferir los recursos a las gobernaciones, dado su mayor grado de cercanía con las zonas afectadas, aunque se canalizarán a través de la Secretaría de Emergencia Nacional. El proyecto contempla una ampliación presupuestaria de G. 15.000 millones, distribuidos equitativamente entre los tres departamentos.

El texto sancionado corresponde a la versión de la Cámara de Diputados y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.