Además, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió esta semana al Gobierno que mejore las condiciones de los internos y evite el uso excesivo de la prisión preventiva.

El comisionado del MNP, Dante Leguizamón, comentó que desde esa institución ven “satisfactorio” el proceso emprendido con la modificación, promulgada el pasado 19 de julio por el Gobierno, de la normativa que se venía aplicando.

La ley promulgada por el Ejecutivo volvió a la redacción original del artículo en cuestión, el 245 del Código Procesal Penal, para dar de nuevo al juez esa competencia y que decida si corresponde la prisión preventiva o la imposición de medidas alternativas.

Antes de esa modificación, el juez se veía obligado a imponer la prisión preventiva en casos de crímenes, lo que desembocó en una superpoblación de los centros de reclusión y en el encarcelamiento de personas sin una sentencia en firme.

Los datos del MNP manifiestan que siete de cada diez hombres y seis de cada diez mujeres privados de libertad se encuentren procesados y todavía no cuenten con una condena.

Leguizamón recordó que el MNP reclamaba desde 2013 la derogación de esa normativa, ya que “restringía las posibilidades de que el juez analice la pertinencia o no de la prisión preventiva”.

“Nosotros creemos que hay una gran cantidad de personas privadas de libertad por hechos punibles que no corresponden con la prisión preventiva”, insistió el comisionado del MNP.

Las estimaciones del Ministerio de Justicia apuntan a que con estos cambios podrían quedar en libertad unas 4.000 personas, una cifra que ha generado cierta alarma entre la población.

Para Leguizamón, no existe motivo de preocupación ya que “esas personas no deberían haber ingresado en prisión” y deberían haber seguido “su proceso en libertad”, hasta que se demostrara si son inocentes o no.

Además, la potencial puesta en libertad de esos 4.000 presos no será inmediata, ya que otra ley promulgada por el presidente, Mario Abdo Benítez, el mismo día que la anterior, estipula plazos para que no se produzca una liberación masiva y que el juez pueda evaluar caso por caso.

De esta forma, en lugar de tener 48 horas para convocar a una audiencia, tendrá cinco días hábiles.

Además, si el abogado del recluso presenta un urgimiento de pronto despacho para la resolución ficta (automática), en vez de 24 horas tendrán que pasar diez días hábiles, según explicó la semana pasada a los medios el asesor legislativo de la Presidencia, Hernán Huttemann.

No obstante, estos cambios de los artículos 129, 141 y 251 del Código Procesal Penal, relativos a los plazos, solo regirán hasta el 31 de enero de 2020.

Leguizamón recalcó que aunque desde el MNP valoran de forma positiva los esfuerzos de los poderes del Estado por paliar la situación de emergencia de las cárceles, temen que se quede solo en propuestas temporales.

“Por ahora, se están tocando medidas que son urgentes, pero no atacan el fondo del problema”, subrayó Leguizamón.

Al respecto, citó como ejemplos la necesidad de implementar políticas de prevención del delito y de abordar otras cuestiones, como el microtráfico de drogas, desde el punto de vista de la salud pública y no desde el Derecho Penal.

La reunión en las oficinas del Puerto de Asunción se inició alrededor de las 14:00 y tuvo una duración de casi 6 horas, donde los estudiantes expresaron sus inquietudes y dudas al respecto de la ley de Arancel Cero universitario.

Las autoridades presentes se encargaron de responder a las consultas de los universitarios, para finalmente llegar a un compromiso de avanzar en el diálogo en un plazo no mayor a 15 días.

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En ese sentido, el compromiso es integrar a todas las mesas de trabajo existentes hasta la fecha e incluir a todos los sectores involucrados en el arancel cero universitario.

✍️Carta de compromiso firmada entre universitarios y representantes del Gobierno en relación al avance del diálogo sobre la ley de arancel cero.

Vía @benegaseverr

📻#Universo970AM pic.twitter.com/oKyep0pzLP

— Universo 970 AM (@Universo970py) April 20, 2024

Desde el gobierno reiteraron que la ley arancel cero está garantizada con Recursos del Tesoro y posee un blindaje extra a través de la misma.

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Por su parte, los universitarios insisten en una ley que abarque además de la financiación del arancel cero, otros programas sociales y referentes a la educación superior.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, fue recibido ayer por la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente González, en la sede de la Cancillería chilena.

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En la oportunidad, conversaron sobre algunos puntos principales y sobre la próxima visita del presidente de Chile, Gabriel Boric, a la República del Paraguay prevista para julio del año en curso.

Boric vendrá a Paraguay para reunirse con Peña, en un encuentro donde se abordarán temas de la agenda bilateral.

En noviembre pasado fue Santiago Peña quien visitó Chile y se reunión con su homólogo, empresarios y parlamentarios.

El presidente chileno vendrá por segunda vez a nuestro país, la primera fue en agosto del 2023, cuando llegó para asistir a la asunción presidencial de Santiago Peña.

Estas propuestas serán evaluadas y calificadas por el MUVH antes de que estén a disposición de la ciudadanía.

Durante la segunda fase de capacitaciones concluida hoy, inmobiliarios, fiscalizadores, tasadores y organismos de control aprendieron sobre los componentes para la formulación de costos y plantearon consultas sobre temas específicos. Al mismo tiempo, los profesionales se registraron en la plataforma www.cherogapora.gov.py y cumplieron los requerimientos establecidos por el MUVH.

“Hoy es un día especial porque cerramos oficialmente las capacitaciones. Estamos muy contentos con cómo se vinieron desarrollando. El Gobierno del Presidente Santiago Peña ha mostrado una apertura con la participación de diferentes cámaras y de la academia para generar un producto auténticamente paraguayo, en el que han participado diferentes instituciones”, expresó el ministro del MUVH durante el cierre de capacitación.

Che Róga Porã beneficiará a familias de todo el territorio nacional con ingresos de entre 1 hasta 4 salarios mínimos, las cuales podrán acceder a una vivienda propia de hasta G. 400.000.000 con financiación de hasta 30 años, a 6,5% de interés anual.