Se trata de una superficie de 4.499 hectáreas que en junio de 1969, en plena dictadura, el Estado adjudicó a la empresa Perfecta S.A.M.I, dedicada a importar y comercializar armas y municiones, en permuta por un avión valorado en tres millones de guaraníes.

La Organización de Lucha por la Tierra (OLT), a la que pertenecen los pobladores de Primero de Marzo, denuncia que la adjudicación de estas tierras fue ilegal y argumenta, entre otras razones, que la ley no autoriza a transferir una finca a una empresa mercantil como Perfecta, sino únicamente a productores sujetos a la reforma agraria.

Critican además que el terreno, cuya tierra rojiza y arcillosa es excepcionalmente fértil, no está “racionalmente ocupado para la producción” por parte de la empresa, mientras que en la zona miles de campesinos sin tierras reclaman un espacio donde cultivar sus alimentos.

Cansados del hambre y las penurias económicas, varias familias campesinas, con el apoyo de la OLT, entraron el 1 de marzo de 2012 en la finca y fundaron un asentamiento donde vivir y producir.

A lo largo de estos cuatro años, cultivos de maíz, mandioca, batata, caña de azúcar, calabaza o papaya han brotado en el terreno, y han permitido alimentarse a las más de 1.600 personas que hoy integran Primero de Marzo.

Pero, desde sus comienzos, los agricultores enfrentaron el peligro: la familia Bendlin, propietaria de la empresa a la que el Estado cedió las tierras, denunció la ocupación de la finca ante la Fiscalía y desató la persecución contra los campesinos.

En tres ocasiones, cientos de policías con armas de guerra intervinieron en el asentamiento para desalojarlo, mientras que personal de seguridad privada irrumpió al menos dos veces en la finca, quemó casas y cultivos, robó ganado y dejó personas heridas, contó a Efe Verónica García, una de las pobladoras, que calificó a estas incursiones de “pesadillas”.

Para García, Primero de Marzo, adonde llegó hace dos años con dos de sus seis hijos, supuso una salvación después de que quedara sin trabajo y con muchas dificultades para subsistir en la cercana ciudad de Curuguaty.

“En la ciudad, si no tienes trabajo, no puedes vivir. En cambio en el campo, aunque no tengas trabajo, construyes tu casa, cultivas tu comida y tienes lo necesario”, expuso.

Sin embargo, la amenaza de un nuevo desalojo violento, que podría ser inminente, y los estrictos controles de policías y militares en los accesos al asentamiento hacen de su hogar un terreno sitiado.

Pese a la creciente tensión, los campesinos mantienen su reclamo: quieren que el Estado recupere las tierras adjudicadas ilegalmente en la dictadura y que ceda unas 3.300 hectáreas de la finca a los agricultores sin tierras de Primero de Marzo, explicó a Efe Jorge Mercado, líder del asentamiento.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.