El paciente Carlos Gaona llegó hasta la Clínica 12 de Junio con síntomas de COVID-19 como dificultad respiratoria, fiebre, mareos y con mucho malestar general, fue atendido primero por Enfermería y luego la doctora de turno sin inspeccionarlo le recetó antigripal y antialérgico, le dio una constancia de haber consultado y ante su consulta le dijo que podía ir al trabajo, sin problema.

No convencido del diagnóstico y para descartar algo más grave, Gaona junto a su esposa decidieron recurrir a un sanatorio privado donde fue inspeccionado, corroboraron que tenía fiebre, le realizaron una placa tomográfica y se confirmó que tenía una neumonía bilateral. Quedó internado, se sometió al test para COVID-19 y dio positivo.

“Atender es una forma de decir, no entiendo los sistemas que aplican, la doctora solo me preguntó los síntomas desde lejos, a más de dos metros, le conté lo que me dolía, como estaba y me iba dando posibles diagnósticos y al final me dijo gripe y me dio una receta par retirar un antigripal y antialérgico”, relató el paciente en contacto con Universo 970.

“Me sentía muy pero muy mal y me señora no me quiso llevar así a casa y fuimos hasta el Migone, me escucharon los pulmones lo que no hizo la doctora de IPS y si lo hubiese hecho capaz escuchaba algo y pudo darse cuenta de algo más”, señaló.

Gaonea quedó internado en el Migone donde se le indicó el antiviral Remdesivir que sí tienen disponible en IPS entonces se decidió su traslado para recibir la atención completa en caso de ser necesaria una intervención más compleja de acuerdo a su evolución.

“Me pareció más fácil estar en IPS para tratarme y se si complica tener una forma de acceder a un tratamiento más complejo. Estoy en Ingavi y hay que resaltar que estoy muy bien atendido, en sala de Clínica Médica, se ve el laburo de los trabajadores de blanco, se ve cómo le atienden a todos los pacientes, es un trabajo intenso el que tienen y están viviendo muchas cosas en estos momentos”, manifestó.

Lamentó las condiciones en las que se manejan los profesionales de salud que atienden en las periféricas y la “tremenda burocracia” del IPS para concretar una internación o para el retiro de ya sea medicamentos o estudios.

En la sesión de ayer, la Cámara Alta aprobó varios pedidos de informes relacionados a la criptominería en Paraguay.

El primero va dirigido a la ANDE a la que se le solicita datos sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras.

El segundo, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios sobre los impuestos que efectivamente pagaron estas 52 empresas en los últimos años, a fin de verificar el nivel de aportes al fisco.

Este punto lo había adelantado ayer el senador Gustavo Leite, quien explicó que las criptominerías, en general, generan pocas fuentes de trabajo y que, probablemente, no pagan muchos impuestos en comparación a la cantidad de energía valiosa que se llevan del país, electricidad que será muy necesaria en un par de años.

Igualmente, se solicita un informe a las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras. Además, al Instituto de Previsión Social sobre los trabajadores inscriptos por las criptomineras en la seguridad social.

Otra solicitud va dirigida al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el cumplimiento de la legislación ambiental y acerca del impacto de la actividad criptominera en el ambiente.

Esta serie de pedidos se da en coincidencia con un momento en el que las criptominerías están en la mesa de conversación de varias instancias, pero no precisamente por hechos positivos.

En el caso de la ANDE, está en marcha un operativo de caza de criptominerías clandestinas que son grandes consumidoras de energía, sin pagar un solo guaraní por ellas y causando un desequilibrio al sistema eléctrico. Hay 64 denuncias ante el Ministerio Público.

A esto se suma el descubrimiento del criptoshopping de la familia Zuccolillo que, según una investigación periodística, utilizó el nis del centro comercial, pese a que se dedicaba a la criptominería, según detectó la propia ANDE, que le remitió una nota para notificarle sobre la detección de “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desa­rrollando actividades aso­ciadas a la minería de criptoactivos” y de la existencia de otro grupo de consumo mayor para este tipo de rubros.

En los meses en que se dedicó a esto, se produjo una pérdida de más de 300.000 dólares a la ANDE, monto que está a cargo del equipo jurídico de la institución, en lo relacionado al eventual reclamo.

La agente fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, junto con el agente fiscal Carlomagno Alvarenga, llevan adelante una investigación sobre pornografía relativa a niños y adolescentes.

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En el marco de la causa, el representante del Ministerio Público lideró un allanamiento en el barrio San Antonio de la ciudad de Vallemí. El operativo fue desarrollado tras un trabajo de inteligencia que derivó en la detención de un hombre, investigado por extorsionar a un menor.

Durante el procedimiento fueron incautados dos aparatos electrónicos, consistentes en un aparato celular y una tablet. El procesado será trasladado hasta la localidad de Concepción para posteriormente ser remitido a la ciudad de Asunción, donde obra la carpeta principal.

Conforme al antecedente de la causa, el victimario extorsionaba y amenazaba con asesinar a los familiares del menor sino se sometía al pedido de compartir sus fotografías y vídeos íntimos.

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En la sesión de ayer, la Cámara Alta trató el mensaje del Poder Ejecutivo, por el cual remite el Decreto N° 870/23: Por el cual se objeta totalmente el Proyecto de Ley N° 7.220 “Que modifica el artículo 172 de la Ley ° 1160/1997 ‘Código Penal’.

El pleno resolvió por mayoría el rechazo al veto presidencial y el documento fue remitido a la Cámara de Diputados.

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La legislación ratificada establece que los hechos bagatelarios se configuren cuando la apropiación o el hurto se refiera a algo inferior a cinco jornales mínimos, equivalentes a G. 515.455. En caso de reincidencia, el Ministerio Público actuará de oficio.

En cambio, actualmente, todavía sin la nueva ley vigente, un robo cuyo valor sea inferior a 10 jornales mínimos es considerado bagatelario. Con el salario mínimo vigente, esto equivale a G.1.030.910,

Hipotéticamente, si se comete un robo en un local comercial, donde el botín alcanza el valor 950.000 o hasta un millón de guaraníes, el hecho todavía es bagatelario.

En la exposición de motivos son mencionadas las “bolsoneras”, definidas como una agrupación delictiva causante del 50 % de pérdidas de las ganancias anuales de los integrantes de los negocios que integran la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar).

Según argumentan, el problema radica en que, los autores de robos bagatelarios no son procesados pese a sus reincidencias, con lo cual, el perjuicio es enorme al tratarse de seguidilla de casos.

En el 2020, la Policía registró 4.345 robos bagatelarios y en el 2021, 5.438, lo que evidencia el incremento de estos hechos, entre ellos, robos de carne en los supermercados, ropas en las tiendas, bebidas en las bodegas, etc.

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