Si bien ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, la ley que crea el Consejo Asesor del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones, Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y crea normas de inversión, todavía genera muchas dudas, por lo que representantes de Hacienda, el Banco Central, el Ministerio del Trabajo y el IPS decidieron hablar en conjunto para despejar las incógnitas,

“Consideramos que es una necesidad urgente desde hace muchos años (…), no podemos tener administradores de fondos previsionales que no estén regulados y que se manejan de manera totalmente arbitraria, eso eso lo que hay hoy, un partido de fútbol sin reglas”, dijo la ministra de Hacienda, Lea Giménez.

La secretaria de Estado explicó que la intención de la ley es precisamente proteger el derecho de los trabajadores y transparentar la administración de estos fondos que circulan por el mercado.

Indicó que la transparencia implica: auditorías externas de forma regular, publicaciones periódicas de estados de resultados, estudios actuariales de las inversiones, operaciones que se realicen con instrumentos que cuenten con calificación de riesgos y otros criterios que aseguren el portafolio de esas inversiones que posea criterios básicos.

La Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones no tendrá ninguna facultad para decidir sobre la ejecución de esos fondos, sino que cada institución será responsable pero lo hará en base a los criterios, topes y recomendaciones del consejo asesor.

RESPONSABLES DE LAS OPERACIONES

Fernández Valdovinos afirmó que el directorio fija las pautas respecto a los límites máximos de inversión pero los responsables de todas las operaciones son los administradores de cada entidad.

NO SE AFECTA AL ASEGURADO

A su turno, el presidente del IPS, Benigno López, señaló que de ninguna manera esta ley perjudicará a la previsional sino que permitirá mejorar su “performance”.

“Analizamos mucho la supuesta pérdida de autonomía y encontramos que no ocurre eso, la responsabilidad va a ser siempre del consejo de administración en la decisión de qué hacer o dónde color los fondos, el consejo o el superintendente no toma ninguna decisión especifica respecto al destino de los fondos”, insistió.

REGLAS PARA LA JUBILACIÓN NO CAMBIA

Finalmente el ministro del Trabajo, Guillermo Sosa, reiteró que no hay ningún cambio de reglas ni se altera la cantidad de años para la jubilación, ni nada relacionado al respecto.

“Este es un proyecto que protege a los trabajadores, a todos los que están depositando su aporte para que se puedan jubilar”, concluyó.

Los decomisos se realizaron en comercios y supermercados de Capiatá, según informaron desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

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Aparentemente, los locales intervenidos no cumplían con las medidas establecidas por la Ley de Pesca y Acuicultura para comercializar productos pesqueros. Igualmente, hallaron como piezas de animales silvestres, tampoco sin los permisos.

Se decomisaron aproximadamente 130 kilos de surubí pintado que, según el Mades, serán donados a entidades benéficas para su consumo.

La intervención fue llevada a cabo por técnicos de la dirección de Pesca y Acuicultura y la dirección de Fiscalización Ambiental del Mades.

Desde la institución recuerdan que la venta de animales silvestres y pescados sin medidas está sujeta a sanciones administrativas y penales.

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Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional sobre la presencia de la recién nacida, tras escuchar el llanto de la misma.

Los uniformados se acercaron al lugar y constataron que aún tenía el cordón umbilical.

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La recién nacida fue derivada de inmediato al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro y en estado de observación.

La interviniente es la fiscal María Angélica Insaurralde, quien se encargará de indagar a la madre.

Nelson Medina, asesor legal de la ANDE, comentó que hasta el momento 64 denuncias fueron formuladas en el Ministerio Público, pero durante los procedimientos no lograron que se allanen todos los lugares y las máquinas incautadas se devolvía nuevamente.

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En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, explicó que están apuntando a nuevas alternativas jurídicas para sancionar y penalizar esta actividad que genera pérdidas millonarias a la institución y afecta al correcto suministro de la energía en el país.

“El problema de la ANDE no es el tema de la venta a las criptominerías que están legalmente constituidas, que sí pagan por el suministro eléctrico, tienen una tarifa diferenciada en dólares y es de conveniencia para la ANDE. Sino aquellas criptominerías en base a la sustracción de la energía electricidad cometiendo un hecho punible”, expresó Medina.

La ANDE no pudo recaudar G. 75 mil millones en un año con la instalación ilegal de las granjaminerías que utilizaron la energía y no pagaron por ella. Este millonario monto representa un daño económico a la institución.

Medina explicó que el cálculo del monto en juego se realiza con cada intervención, donde los técnicos verifican y realizan un promedio sobre el uso de la energía en la granja, allí se logran esos valores.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en el Senado para debatir sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de granjas de criptominería en nuestro país.

Plantean una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

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