La doctora Sandra Irala, directora de Vigilancia de la Salud, mencionó durante una entrevista con GEN que muchas veces no hay adherencia de las personas a los testeos de COVID-19 debido a motivos laborales.

“Hay gente que tiene síntomas leves y no se hace el testeo porque no quiere abandonar su trabajo”, indicó, recordando que ya se tuvieron casos de personas que, por no querer faltar a su puesto laboral, no fue a hacerse la prueba para determinar si se contagió o no de la enfermedad.

La profesional también recordó que la Ley Nº 6699 que dispone el uso obligatorio de tapabocas sigue vigente y por ello aún debe ser acatada por la población en general, sobre todo cuando uno estará en contacto con una gran cantidad de personas.

Mediante el uso de mascarillas se evita en gran medida que se produzcan contagios de COVID-19, por lo que todas las personas deben seguir con esta medida sanitaria.

Irala resaltó el acatamiento de los feligreses en la misa dominical de Caacupé -que nuevamente registró una masiva concurrencia-, ya que prácticamente todos los participantes tenían el tapabocas puesto. “Para mí es alentador eso”.

“Hay que hablarle a todos, a cada uno de los sectores que tiene contacto con las personas. Es importante que el liderazgo tome la posta en ese sentido. Salud puede dar recomendaciones pero no somos policías sanitarios, el control efectivo de las medidas sanitarias no pasa por Salud”, enfatizó.

La intervención se realiza a pedido de la fiscal Stella Mary Cano, quien abrió expediente sobre el tema, a base de denuncias de pobladores de ese departamento, que presentaron videos y fotos de momentos en que accionan los delincuentes aerotransportados.

“Se está trabajando al respecto. Desde la denuncia que recibimos en la Dinac, se montó una especie de control en la zona y no tuvimos más reportes. Sí, a través de videos y fotografías, estamos recopilando y vimos que no fue sólo en una ocasión, sino más de una vez”, señaló Nelson Mendoza, titular de la Dinac.

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Subrayó que serían tres las naves utilizadas por los que se dedican a la caza desde helicóptero. Y que operan con sobrevuelos aparentemente rutinarios.

Desde el sector de la Senad, por su parte, existe la presunción de que los que accionan de ese modo, podrían tener alguna conexión con elementos del narcotráfico. La actividad de los operadores de este tipo de ilícitos, se ha incrementado significativamente en la frontera sur (con Argentina) por lo cual se sospecha sobre la posibilidad de que los infractores están realizando cacerías ilegales “recreativas” en los extensos territorios que abarcan los humedales.

En la madrugada del lunes pasado, un asalto violento tuvo lugar en la ciudad de Capiatá, cuando Aníbal Ortiz, de 56 años, fue atacado por un desconocido tras salir de un patio de folklore. Según la denuncia presentada por la familia de la víctima, Ortiz fue abordado por el agresor, quien lo golpeó brutalmente en la cabeza y lo abandonó en la Calle Ombú, dejándolo inconsciente e herido.

La víctima fue encontrada por una vecina, quien alertó a los familiares a través de redes sociales. Ortiz, quien fue despojado de sus pertenencias, incluyendo un celular Samsung, dinero en efectivo y documentos, fue trasladado al Hospital Nacional de Itauguá para recibir atención médica.

La denuncia incluye material capturado por cámaras de seguridad, donde se observa a un automóvil Toyota Premio, de color blanco y sin chapa trasera, de donde desciende un hombre de estatura alta, robusto, de cutis blanco, con cabello corto negro y vestido de negro. El agresor abandonó a Ortiz en el lugar antes de huir rápidamente.

La familia de la víctima pide la colaboración de la ciudadanía para identificar al responsable, mientras la Policía Nacional continúa con la investigación del caso. Las personas con información pueden denunciar en la comisaría más cercana.

La investigación del Ministerio Público se encuentra a cargo de los fiscales antidroga, Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, en el marco de la causa denominada “Pavo Real II”.

El equipo de fiscales comunicaron al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado la atribución de los nuevos hechos a Alexandre Rodrigues Gomes. El juzgado aceptó el escrito y se prevé para el próximo miércoles 11 de diciembre la realización de la audiencia de imposición de medidas.

Los hechos atribuidos a Alexandre Rodrigues Gomes, quien es hijo del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, hacen referencia a que el mismo formaría parte de una organización criminal de carácter transnacional, que estaría compuesta por ciudadanos de nacionalidad paraguaya, brasileña y boliviana. Todos ellos operarían principalmente en el territorio nacional, concretamente en las ciudades fronterizas del departamento de Amambay.

Las presuntas actividades ilícitas identificadas incluirían todas las etapas del tráfico de sustancias ilícitas, desde la negociación, coordinación y adquisición de productos como cocaína, pasta base y marihuana, provenientes de zonas de producción, hasta las etapas finales de distribución y colocación en diversos mercados de consumo.

Asimismo, se reveló que el modus operandi de la organización criminal a la que pertenecería Alexandre Rodrigues Gomes, habría consistido en el envío sistemático de sustancias estupefacientes hacia Brasil, previamente adquiridas en Bolivia.

Las operaciones criminales habrían incluido la recepción de aeronaves provenientes de Bolivia, cargadas con pasta base y cocaína, que aterrizaban en pistas presumiblemente clandestinas situadas en establecimientos rurales estratégicamente ubicados en Amambay. Posteriormente, las sustancias ilícitas eran trasladadas al territorio brasileño, mediante diversos medios de transporte.

Además, se habría identificado una dinámica específica en la utilización de la aplicación de mensajería SKY ECC por parte de la organización criminal, la que habría consistido en la creación de grupos exclusivos entre sus miembros, establecidos específicamente para la coordinación de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.