El abogado Evelio López, bajo patrocinio del jurista Jorge Vasconsellos, presentó días atrás una acción de amparo contra el Ministerio Público, por haberlo bloqueado de manera arbitraria desde su cuenta institucional en Twitter, violando de esta manera su derecho al acceso a la información pública y además la libertad de expresión.

Finalmente, ayer jueves, la Fiscalía se vio presionada ante el reclamo del también abogado Ezequiel Santagada, director de Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), uno de los propulsores del acceso a la información. Es así que la institución pública comenzó a realizar un desbloqueo masivo a los usuarios que sufrieron misma medida en el pasado por haber realizado algún reclamo.

“Celebramos la decisión y espero se sostenga en el tiempo sobre la base del respeto irrestricto al derecho de acceso a la información pública. La medida que revierte el bloqueo y el restablecimiento de los derechos vulnerados hace innecesario la prosecución del amparo. La sentencia se pronunciaría sobre una cuestión abstracta, ya que la controversia ha desaparecido y el daño se ha reparado”, explicó el abogado accionante.

Vasconsellos indicó que le hubiera gustado contar con una sentencia que siente las bases de un criterio jurisprudencial sobre el punto en nuestro país, pero haciendo la aclaración de que el proceso judicial no persigue pronunciamiento de valor académico, sino la resolución de conflictos. “Confío – sin embargo – que el debate haya servido para que las demás autoridades del Estado entiendan el reclamo de la sociedad y el error de sus conductas cuando bloquean a usuarios por el simple hecho de manifestar críticas o repudio por sus decisiones o actuaciones”, tuiteó.

El letrado agradeció el apoyo de su colega Santagada, sobre quien resaltó que es un gran abanderado en la lucha por la democratización de la información pública.

OTRO QUE “BIEN” BLOQUEA

Quien pareciera no entender la importancia del acceso a la información es el viceministro del Mitic, Miguel Martin, quien justamente ayer decidió comenzar a bloquear al dos por tres, al verse atosigado por los cuestionamientos de conocidos informáticos, quienes reclamaban al Gobierno la falta de datos abiertos en el portal lanzado para controlar los gastos en la lucha contra el COVID-19.

Pese a que los bloqueados son personas conocidas en el ámbito de la tecnología, Martin se preguntó qué podría hacer ante los ataques de los perfiles falsos y los “trolls” (atacantes). “No tengo ninguna intención de incumplir si fuere una persona detrás del perfil”, agregó.

Sobre el punto, Santagada respondió que el perfil falso no permite que una autoridad impida que la persona que lo está utilizando pueda hacer uso de la libertad de expresión. “¿Cuál es el problema de que sea un perfil “falso”? Tenga la intención que tenga hay un ser humano detrás. El derecho de acceso a la información es un derecho humano (CSJ, AcySent 1306/13). El límite es la amenaza, la extorsión o algún otro hecho punible. Nada más”, aclaró.

El Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) esgrimió que en la actualidad las redes sociales se convirtieron en la gran mesa de entrada en la que los ciudadanos participan activamente para expresar sus inquietudes. Si las instituciones y personas públicas bloquean a los ciudadanos en sus redes sociales, cierran la puerta a la democracia participativa.

CASO TRUMP EN EEUU

En el plano internacional, en julio del año pasado la justicia estadounidense consideró inconstitucional que el presidente Donald Trump bloquee a sus críticos en Twitter, la plataforma favorita del presidente para comunicarse con los ciudadanos.

Fue un tribunal federal de apelaciones con sede en Nueva York el cual estableció que el mandatario no puede acallar a los usuarios que piensan distinto porque eso atentaría contra la Primera Enmienda, enmarcada en 1791 con el fin de proteger la libertad de expresión.

“Al resolver esta apelación, les recordamos a los litigantes y al público que si la Primera Enmienda significa algo, significa que la mejor respuesta al discurso desfavorecido en asuntos de interés público es más diálogo, no menos”, afirmó el juez de circuito Barrington Parker.

La reunión en las oficinas del Puerto de Asunción se inició alrededor de las 14:00 y tuvo una duración de casi 6 horas, donde los estudiantes expresaron sus inquietudes y dudas al respecto de la ley de Arancel Cero universitario.

Las autoridades presentes se encargaron de responder a las consultas de los universitarios, para finalmente llegar a un compromiso de avanzar en el diálogo en un plazo no mayor a 15 días.

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En ese sentido, el compromiso es integrar a todas las mesas de trabajo existentes hasta la fecha e incluir a todos los sectores involucrados en el arancel cero universitario.

✍️Carta de compromiso firmada entre universitarios y representantes del Gobierno en relación al avance del diálogo sobre la ley de arancel cero.

Vía @benegaseverr

📻#Universo970AM pic.twitter.com/oKyep0pzLP

— Universo 970 AM (@Universo970py) April 20, 2024

Desde el gobierno reiteraron que la ley arancel cero está garantizada con Recursos del Tesoro y posee un blindaje extra a través de la misma.

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Por su parte, los universitarios insisten en una ley que abarque además de la financiación del arancel cero, otros programas sociales y referentes a la educación superior.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, fue recibido ayer por la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente González, en la sede de la Cancillería chilena.

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En la oportunidad, conversaron sobre algunos puntos principales y sobre la próxima visita del presidente de Chile, Gabriel Boric, a la República del Paraguay prevista para julio del año en curso.

Boric vendrá a Paraguay para reunirse con Peña, en un encuentro donde se abordarán temas de la agenda bilateral.

En noviembre pasado fue Santiago Peña quien visitó Chile y se reunión con su homólogo, empresarios y parlamentarios.

El presidente chileno vendrá por segunda vez a nuestro país, la primera fue en agosto del 2023, cuando llegó para asistir a la asunción presidencial de Santiago Peña.

Estas propuestas serán evaluadas y calificadas por el MUVH antes de que estén a disposición de la ciudadanía.

Durante la segunda fase de capacitaciones concluida hoy, inmobiliarios, fiscalizadores, tasadores y organismos de control aprendieron sobre los componentes para la formulación de costos y plantearon consultas sobre temas específicos. Al mismo tiempo, los profesionales se registraron en la plataforma www.cherogapora.gov.py y cumplieron los requerimientos establecidos por el MUVH.

“Hoy es un día especial porque cerramos oficialmente las capacitaciones. Estamos muy contentos con cómo se vinieron desarrollando. El Gobierno del Presidente Santiago Peña ha mostrado una apertura con la participación de diferentes cámaras y de la academia para generar un producto auténticamente paraguayo, en el que han participado diferentes instituciones”, expresó el ministro del MUVH durante el cierre de capacitación.

Che Róga Porã beneficiará a familias de todo el territorio nacional con ingresos de entre 1 hasta 4 salarios mínimos, las cuales podrán acceder a una vivienda propia de hasta G. 400.000.000 con financiación de hasta 30 años, a 6,5% de interés anual.