El abogado Jorge Ayala, representante legal de la señora Miguelina Brítez, presentó este lunes una denuncia ante la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, por el terrible caso que está pasando su clienta.

“Ella fue estafada al utilizarse su imagen. Ella trabajó para Jorge Palumbo y Lourdes Arévalos. Trabajaba sin retiro de lunes a sábado. Era cocinera de la familia Palumbo, y trabajó entre los años 2018 y 2020. Salió por una recarga de trabajo, salió en buenos términos”, dijo en charla con el canal GEN – Nación Media.

Sin embargo, hace una semana comenzó su calvario al enterarse mediante la prensa que utilizaban su identidad como supuesta funcionaria de limpieza en IPS, justamente en una de las empresas de la familia Palumbo.

De acuerdo con Ayala, se solicitó la protección al testigo tanto para la denunciante como para su familia ante el temor que tienen. “Alberto y Jorge Palumbo son amigos íntimos del vicepresidente Hugo Velázquez. Ella tiene muchos datos que va a ofrecer a la Fiscalía. Ella tiene un gran temor”, agregó el letrado.

Pidió además investigar a la cadena de mando del IPS por supuesta complicidad en este gran esquema.

Según expuso el diario La Nación, Alberto Palumbo como firma unipersonal y su empresa Potî SA presentaron el Formulario de Informes de Servicios Personales (FIS) de la ejecución del contrato de limpieza con el Instituto de Previsión Social (IPS), declarando en el documento a Miguelina Brítez de Martin en relación de contratista, estado activo y que cumplió con las funciones de la licitación. Sin embargo, la mujer de 65 años, aquejada por problemas de salud y beneficiaria de un programa social del Gobierno, se dedicaba a labores domésticas en su casa.

Una de las primeras sorpresas que salie­ron a la luz en la investigación de los limpia­dores “mau” del Instituto de Previsión Social (IPS) presentados por Alberto Palumbo a la Dirección de Contrataciones Públi­cas (DNCP) fue el caso de la señora Miguelina Brí­tez viuda de Martin, quien declaró que fue cocinera en la casa de Jorge Palumbo, hijo del contratista amigo del Vicepresidente, conocido como “Pulpo” por acaparar licitaciones en la previsional.

En aquella ocasión el equipo de investigación del diario La Nación/Nación Media se comunicó con la señora de 65 años, quien negó rotun­damente haber trabajado como limpiadora en IPS. La misma es además beneficia­ria del Programa Ñapu’ãke de la Oficina de la Primera Dama dejando entrever que no cuenta con un ingreso fijo como sería el de las limpia­doras que realmente tra­bajan para las empresas involucradas y que en teo­ría debieran contar con el seguro social.

El nombre de doña Migue­lina, sin embargo, estaba en el número 197 de los funciona­rios presentados en el Formu­lario de Información Perso­nal (FIP) por el señor Alberto Palumbo. Este documento es una declaración de identidad de los empleados vinculados al contrato; es decir, los asig­nados para la prestación del servicio, en este caso de lim­pieza en el IPS.

Asimismo, existen otros documentos aparte del FIP por los cuales se pueden verificar la asistencia de los funcionarios, los cuales son los Formularios de Informa­ción de Servicios Personales (FIS), en donde la empresa contratada declara los datos de los servicios prestados por cada persona física que conforma el plantel.

Silvio Corbeta, fiscal de la Unidad Anticorrupción y Delitos Económicos, formuló acusación y solicitó juicio oral y público para Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube.

Roa fue acusado por cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

En cuanto al empresario Koube, la acusación es por lavado de dinero, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

El documento consta de 117 páginas y queda a cargo del Juzgado Penal de Garantías, que, una vez recibidas todas las pruebas, deberá fijar fecha para el inicio del juzgamiento.

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El caso se desprende de las investigaciones iniciadas en el operativo “A Ultranza PY”, luego de que se haya dispuesto la inmovilización de una embarcación a nombre de la empresa Tapyracuai S.A., representada por el empresario Alberto Koube.

Según la pesquisa, Koube entregó el yate al exministro de Emergencia Nacional como para de una coima para ganar al menos 10 licitaciones entre los años 2018 y 2021 por una suma que ronda los G. 16.000.000.000.

El empresario y el exministro abdista se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos, a costa de los recursos públicos, entre ellos, la obtención de una embarcación AZ 42, valuada en USD 450.000 y sumas de dinero.

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La Senad conformó un equipo destinado a la intervención de cultivos ilícitos de marihuana en un sector rural de Bella Vista Norte, en el cual se encontraban varios centros de producción de la droga compuestos por campamentos en los que se trabajaba el procesamiento de unas cuatro hectáreas de la hierba. En la acción fueron eliminadas alrededor de 15 toneladas del producto ilícito.

Los intervinientes fijaron la destrucción de cinco campamentos ubicados en un establecimiento rural, para posteriormente destinar esfuerzos a la erradicación de cuatro hectáreas de la droga.

El operativo no solo le limitó a la anulación de la superficie plantada sino también a la eliminación de 1.500 kilos de la droga puesta al secado y 1.940 kilos listos para el empaquetado.

En total el operativo supervisado por el fiscal Celso Morales sacó de circulación más de 15.000 kilos de marihuana.

Las Oficinas Regionales se encuentran trabajando coordinadamente en la localización y posterior desmantelamiento de los centros de procesamiento de cargas ilícitas. Oficinas como Bella Vista Norte y Pedro Juan Caballero planean dar fuerza a nuevas incursiones que se irán acompañando con investigaciones paralelas.

El fiscal Manuel Rojas Rodríguez imputó a tres hombres que fueron detenidos con más de 2.000 kilos de marihuana prensada durante un allanamiento realizado este martes por la noche en la capital del Alto Paraná y a la vez requirió la prisión preventiva de todos ellos.

Los presuntos narcotraficantes están identificados como Francisco Javier Martínez González (54), Kevin Gabriel Fernández Britos (20) y Blas Antonio Fernández Britos (44), quienes enfrentan cargos por los hechos punibles de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes y se encuentran privados de libertad, a cargo de la Justicia.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Jardín del Este del kilómetro 8 Acaray de Ciudad del Este, a las 20:00 horas aproximadamente, y estuvo encabezado por el fiscal Rojas Rodríguez, quien contó con el acompañamiento de agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

Durante el operativo, los intervinientes incautaron 2.076,800 kilogramos de marihuana prensada, distribuidos en 744 panes y 45 paquetes grandes. Asimismo, se requisaron un aparato celular y varios documentos, apareciendo los citados ciudadanos como los presuntos responsables de las sustancias incautadas, que estarían destinadas para su distribución y comercialización en la triple frontera.

Tanto los detenidos como el cargamento de drogas fueron remitidos hasta la base de la SENAD Regional, a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.

Basándose en los elementos de sospecha, el fiscal resolvió imputar a los tres hombres y solicitó al Juzgado la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar a fin de garantizar la sujeción de los imputados al proceso.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico solicitó tres meses de plazo para la conclusión de la investigación y la presentación del requerimiento conclusivo.

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