El abogado Omar Valdez, director Jurídico de Salud Pública, confirmó a radio Ñanduti que Salud Pública acatará lo resuelto por la jueza Nancy Duarte, quien ordenó al Ministerio a pagar los gastos de terapia intensiva a favor de Francisca Cohene, paciente de Covid que lastimosamente días atrás falleció y sus familiares quedaron con una deuda de G. 130 millones.

Independientemente al fallo judicial, según aclaró, Salud iba a hacerse cargo de ese gasto, porque la Dirección de Terapia Intensiva había llegado a un convencio con el Sanatorio Universitario de San Lorenzo, donde estaba internada la paciente en cuestión. “Administrativamente ya se asumió ese compromiso, al igual que otros casos que estamos teniendo”, acotó.

Informó además que esta es la primera sentencia de la justicia y que al margen hay otros 10 amparos judiciales presentados y que ya cuentan con medidas cautelares a favor de los solicitantes. “Ahora tenemos diez casos nuevos, el juzgado dispone como medida cautelar que se les mantenga en el sector privado a costa del Ministerio de Salud. Eso nos comunica y nosotros tenemos tres días para elevar nuestro informe. En cada caso se analiza la situación del paciente y si reúne las condiciones del convenio, se asume ese compromiso”, indicó.

En cuanto al último punto, Valdez aclaró que Salud Pública no tendrá problemas en costear los gastos de los internados en uno de los 13 sanatorios que tienen convenios de cooperación con la cartera estatal. No obstante, reconoció que la decisión final la tendrá el juez que deberá determinar si condena o no a Salud a también pagar la internación en sanatorios que no están suscriptos al acuerdo de ayuda para ocupar las camas de UTI.

“Las personas ya están en camas de terapia intensiva, solo la parte monetaria es lo que se discute en el juicio de amparo. El Ministerio, bajo el convenio, acepta eso y se harán los trámites administrativos para el pago al sanatorio con el que tiene el acuerdo”, indicó por último.

ABOGADO INSTA A PRESENTAR MILES DE AMPAROS

Por su parte, el abogado Robin Miranda, el precursor de estas diligencias que están marcando un precedente, instó a sus demás colegas independientes a empezar a ayudar a las familias que no pueden costear sus tratamientos en el sector privado. Consideró que de esta forma se hace justicia, siendo que el Estado debe garantizar los servicios y tratamientos de la ciudadanía.

“Solo hoy metimos como diez amparos de gente con deudas de hasta G. 250 millones. Esto explotó. Otros colegas ya están presentando otros recursos en el mismo sentido. Si no existe un proyecto de ley que garantice esto que pedimos, el Poder Judicial se va a llenar de amparos”, expresó el abogado en conversación con La Nación.

El profesional en leyes aseveró que no pueden dejar de insistir y que este es el momento de empezar a hacer patria, por lo que instó a más abogados a unirse a la causa para ayudar a más familias que sufren millonarios impactos económicos por los costosos tratamientos en sanatorios. “US$ 1.600 millones de préstamo fueron para Salud, es momento que el dinero retorne al pueblo que sufre la enfermedad”, declaró.

Por otra parte, el trabajador consideró que es momento de que abogados de renombrados gremios empiecen a movilizarse de forma solidaria con los compatriotas. “Y si tenemos que meter 20 mil o un millón de amparos, pues hagámoslo. No hay de otra, mañana le va tocar al juez, al actuario o cualquier persona común el COVID-19″, expuso.

El primer amparo, aprobado por la jueza Nancy Duarte, del Juzgado de Fernando de la Mora, está a punto de quedar firme y sentar un precedente histórico. “Salud no apeló y va a quedar firme. Presentó un recurso de aclaratoria, pero eso no suspende los plazos”, comentó.

Las acciones jurídicas lograron obtener la declaración de caducidad en una demanda caratulada “José Luis Duarte Machuca y Mario Alberto Duarte c/ Alfredo Ramón López Ruggeri, Luis Alberto Ferriol, Rolando Isaac López y Entidad Binacional Yacyretá, sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual”.

El expediente fue tramitado en el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial del vigésimo turno, Asunción. Por parte de la EBY, intervinieron los abogados Alfredo González y Marcelo Codas Fontanilla, bajo la coordinación del Dr. Silvino Benítez.

Según los datos, el 19 de abril de 2022, José Luis Duarte Machuca y Mario Alberto Duarte, iniciaron un juicio contra la EBY, reclamando indemnización por un supuesto ataque perpetrado por parte de guardias de seguridad de la empresa, cuando los mismos se encontraban pescando en el río Paraná.

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Posteriormente, la EBY solicitó la intervención y contestó la demanda. Tras eso, se admitieron las pruebas, sin embargo, esta providencia fue recurrida por Yacyretá por considerar que las pruebas ofrecidas por la parte actora fueron realizadas en forma extemporánea.

El pasado 5 de mayo de 2025, el juzgado declaró la caducidad de la instancia, imponiendo las costas a la parte actora. La sentencia se encuentra firme.

Don Leo fue hallado en zona de Marina de Asunción, entre unas barcazas en el río Paraguay.

Su familia recibió información de que una persona con las características del hombre ingresó al parque Carlos Antonio López, y de allí a la Marina, donde se habría lanzado al río.

Estaba desaparecido desde el domingo, Día del Padre, cuando salió de su vivienda ubicada en el Barrio Obrero.

Su familia inició una búsqueda desesperada debido a que el hombre de 73 años padecía Alzheimer, diabetes e hipertensión.

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La declaración fue establecida en virtud de la relevancia histórica, cultural, productiva y simbólica en torno al cultivo, industrialización, innovación y difusión de la yerba mate en la mencionada localidad.

En ese sentido, el documento insta a las instituciones públicas y privadas vinculadas a la cadena de valor de la yerba mate, a reconocer formalmente esta denominación en acciones promocionales, educativas, culturales y productivas.

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“En esta ciudad se encuentran algunas de las empresas más antiguas y emblemáticas dedicadas a la producción de yerba mate del país, cuya trayectoria ha contribuido, decisivamente, al posicionamiento del producto paraguayo en los mercados regionales e internacionales”, reza una parte de la exposición de motivos de la iniciativa.

Se establece además, remitir copia de la presente declaración a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), para su debida constancia, en atención a la marca registrada “Capital Nacional de la Yerba Mate”.