El abogado Omar Valdez, director Jurídico de Salud Pública, confirmó a radio Ñanduti que Salud Pública acatará lo resuelto por la jueza Nancy Duarte, quien ordenó al Ministerio a pagar los gastos de terapia intensiva a favor de Francisca Cohene, paciente de Covid que lastimosamente días atrás falleció y sus familiares quedaron con una deuda de G. 130 millones.

Independientemente al fallo judicial, según aclaró, Salud iba a hacerse cargo de ese gasto, porque la Dirección de Terapia Intensiva había llegado a un convencio con el Sanatorio Universitario de San Lorenzo, donde estaba internada la paciente en cuestión. “Administrativamente ya se asumió ese compromiso, al igual que otros casos que estamos teniendo”, acotó.

Informó además que esta es la primera sentencia de la justicia y que al margen hay otros 10 amparos judiciales presentados y que ya cuentan con medidas cautelares a favor de los solicitantes. “Ahora tenemos diez casos nuevos, el juzgado dispone como medida cautelar que se les mantenga en el sector privado a costa del Ministerio de Salud. Eso nos comunica y nosotros tenemos tres días para elevar nuestro informe. En cada caso se analiza la situación del paciente y si reúne las condiciones del convenio, se asume ese compromiso”, indicó.

En cuanto al último punto, Valdez aclaró que Salud Pública no tendrá problemas en costear los gastos de los internados en uno de los 13 sanatorios que tienen convenios de cooperación con la cartera estatal. No obstante, reconoció que la decisión final la tendrá el juez que deberá determinar si condena o no a Salud a también pagar la internación en sanatorios que no están suscriptos al acuerdo de ayuda para ocupar las camas de UTI.

“Las personas ya están en camas de terapia intensiva, solo la parte monetaria es lo que se discute en el juicio de amparo. El Ministerio, bajo el convenio, acepta eso y se harán los trámites administrativos para el pago al sanatorio con el que tiene el acuerdo”, indicó por último.

ABOGADO INSTA A PRESENTAR MILES DE AMPAROS

Por su parte, el abogado Robin Miranda, el precursor de estas diligencias que están marcando un precedente, instó a sus demás colegas independientes a empezar a ayudar a las familias que no pueden costear sus tratamientos en el sector privado. Consideró que de esta forma se hace justicia, siendo que el Estado debe garantizar los servicios y tratamientos de la ciudadanía.

“Solo hoy metimos como diez amparos de gente con deudas de hasta G. 250 millones. Esto explotó. Otros colegas ya están presentando otros recursos en el mismo sentido. Si no existe un proyecto de ley que garantice esto que pedimos, el Poder Judicial se va a llenar de amparos”, expresó el abogado en conversación con La Nación.

El profesional en leyes aseveró que no pueden dejar de insistir y que este es el momento de empezar a hacer patria, por lo que instó a más abogados a unirse a la causa para ayudar a más familias que sufren millonarios impactos económicos por los costosos tratamientos en sanatorios. “US$ 1.600 millones de préstamo fueron para Salud, es momento que el dinero retorne al pueblo que sufre la enfermedad”, declaró.

Por otra parte, el trabajador consideró que es momento de que abogados de renombrados gremios empiecen a movilizarse de forma solidaria con los compatriotas. “Y si tenemos que meter 20 mil o un millón de amparos, pues hagámoslo. No hay de otra, mañana le va tocar al juez, al actuario o cualquier persona común el COVID-19″, expuso.

El primer amparo, aprobado por la jueza Nancy Duarte, del Juzgado de Fernando de la Mora, está a punto de quedar firme y sentar un precedente histórico. “Salud no apeló y va a quedar firme. Presentó un recurso de aclaratoria, pero eso no suspende los plazos”, comentó.

Magalí Bazán comentó al canal GEN que, en noviembre del año pasado, desconocidos se habían comunicado con su esposo haciéndose pasar por empleados de la empresa Tigo. “Primero le llamaron de un número y luego le escribieron al WhatsApp de otro número”.

En aquel momento, le habían dicho que supuestamente fue adjudicado con un premio, por lo que le solicitaron algunos datos para cotejar su identidad. Gracias a ello, lograron acceder a su banca web del banco Itaú, entidad de la que la víctima es cliente.

A partir de ese momento, los delincuentes tuvieron posibilidad de hacer la solicitud de un préstamo por la suma de G. 28.300.000, sin que el titular de la cuenta haya dado su consentimiento, indicó la denunciante.

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Posteriormente, los estafadores bloquearon el número de la víctima para evitar que haga un nuevo contacto, a lo que Bazán decidió utilizar su número particular para volver a escribirles y reclamarles lo ocurrido.

Según relató, la persona que estaba del otro lado amenazó con “hacer lo mismo con su cuenta”, haciendo alusión a que supuestamente también intentarían acceder a sus datos para robarle dinero.

La mujer cuestiona el hecho de que los ciberdelincuentes pudieran solicitar el préstamo sin que el banco se haya contactado con el titular de la cuenta o hecho las verificaciones de rigor para este tipo de casos. “A él no le llamaron, ni siquiera le mandaron un correo, al entrar en su aplicación recién se dio cuenta”.

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En este caso, el monto total fue transferido en dos partes, a nombre de Natividad Nancy y Ever Hugo Rodríguez, respectivamente. “Cómo al banco no le llamó la atención que se hizo esa transacción y que automáticamente se transfirió el dinero a otras cuentas”, repudió.

Tras varios meses de este episodio, los afectados siguen sin tener ningún retorno por parte del banco Itaú, por lo que reclaman la falta de interés, así como el hecho de tener que encargarse de pagar mensualmente el préstamo, pese a no haber hecho la solicitud del mismo y no disponer de ese dinero.

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😮Hicieron un préstamo a través de la App del banco y no fue el titular: "Desde el año pasado nos dicen que nos darán una respuesta desde la entidad y nada".

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— Universo 970 AM (@Universo970py) April 25, 2024

Un automóvil de la marca KIA, con chapa paraguaya CDV 798, colisionó frontalmente contra una motocicleta que resultó en la muerte del conductor.

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Los datos refieren que el automovilista perdió el control de su vehículo, invadió la pista contraria y se llevó por delante el biciclo que circulaba en sentido contrario. Había dos personas el auto, no obstante, los agentes del vecino país no brindaron más detalles sobre la identidad de las dos personas, pero se cree que serían paraguayos.

El accidente con derivación fatal se registró ayer de las 17:00 horas (16:00 de Paraguay), en las inmediaciones del acceso a la avenida República Argentina, zona céntrica de la mencionada ciudad brasileña. El fallecido fue identificado como Renivaldo Alves Pereira, quien era el conductor de la motocicleta.

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El agente fiscal Leonardo Cáceres, de la Unidad Regional de Capitán Bado, representó al Ministerio Público en el juicio oral en el que Elvio Ramón Quiñónez Bogado fue hallado culpable y condenado a 28 años de pena privativa de libertad por la comisión del hecho punible de feminicidio. El hombre tenía prohibición de acercarse a la víctima por una denuncia de violencia familiar.

Según los antecedentes de la causa, Quiñónez mató a su expareja en diciembre de 2020 en el distrito de Capitán Bado. El hombre había llegado a la vivienda de la mujer efectuando varios disparos que impactaron en la víctima que resultó con heridas. Ella ingresó a la casa para refugiarse, luego perdió fuerzas y cayó al suelo, donde falleció.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las juezas Librada Beatriz Peralta Céspedes, Marcelina Quintana de Acosta y Mirna Carolina Soto González.