La Línea 6 es una de las más cuestionadas por los usuarios del transporte público. Los buses son vetustos y ocasionan casi a diario accidentes, poniendo en peligro la vida de los pasajeros y en el mejor de los casos dejándolos varados a mitad de camino. Este miércoles una de sus unidades quedó sin las ruedas traseras como consecuencia del deslizamiento del tren trasero del transporte.

Sobre el punto, el ingeniero Pablo Rodríguez, director de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, manifestó su preocupación por el mal servicio y el lamentable estado mecánico en que se encuentran las unidades de “Capellanes del Chaco”.

Aseguró que la empresa usufructúa en forma precaria el itinerario, con orden judicial de por medio, y además porque en dos licitaciones del itinerario que realizó la comuna ninguna empresa se mostró interesada en cubrirlo, por tratarse de un recorrido difícil (Barrio Santa Ana-Zeballos Cué).

Rodríguez manifestó que con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ya plantearon el caso al Consejo Municipal de Seguridad Vial (COMUSEVI) de la Municipalidad, para comenzar una campaña de control de las líneas, no solamente de la seis, sino de todas las que son permisionarias del Municipio Capitalino.

TIERRA DE NADIE

Por su parte, César Ruiz Díaz, titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), dijo que ninguna empresa quiere cubrir el itinerario de la línea 6 porque “es tierra de nadie”. “No existe seguridad a la noche y sindicalistas de la línea son de lo peor”, expresó.

Recordó que la línea 23 quiso ingresar a la zona pero los choferes fueron agredidos y optaron por retirarse. Ruiz Díaz sostuvo que la Municipalidad de Asunción debe hacer viable el camino para que otras empresas cubran el trayecto.

Esta etapa marca uno de los hitos más importantes de la obra, ya que concretará la conexión física entre ambos países tras cuatro años de construcción. No obstante, el paso internacional aún no será habilitado, debido a que restan trabajos de pavimentación, terminaciones y otras obras complementarias.

El Puente de la Bioceánica forma parte del Corredor Vial Bioceánico, considerado estratégico para la integración regional. La infraestructura permitirá conectar por vía terrestre los puertos brasileños del océano Atlántico con los puertos chilenos sobre el Pacífico, atravesando Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

La estructura tendrá una longitud total de 1.294 metros, con un tramo atirantado de 632 metros y un vano principal de 350 metros, características que permitirán mantener la navegabilidad del río Paraguay y el paso de embarcaciones de gran porte.

La construcción representa una inversión de G. 684.615.904.566, equivalentes a unos USD 103 millones, financiados con recursos de la margen paraguaya de Itaipú Binacional. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es el organismo ejecutor del proyecto.

Las obras están a cargo del Consorcio Binacional PYBRA, integrado por las empresas Tecnoedil S.A., Paulitec Construções y Construtora Cidade Ltda., bajo la fiscalización del Consorcio Prointec.

Con esta infraestructura y el desarrollo integral del Corredor Bioceánico, el Gobierno apunta a consolidar a Paraguay como un centro logístico multimodal, fortaleciendo la conectividad regional y generando nuevas oportunidades para el Chaco y la economía nacional.

Personal de la Comisaría 1ª de Ciudad del Este anoche tomó intervención ante un episodio de lesión con arma blanca registrado sobre las calles Abay esq. Adrián Jara de la capital departamental.

La víctima fue identificada como Ángel Rodrigo Díaz López, de 33 años, encargado del edificio Guaraní, quien sufrió un corte en la mano derecha.

El presunto autor de este ataque es Liao Hung Chung, de 49 años, de nacionalidad china, quien fue arrestado por los efectivos policiales tras recepcionar la denuncia.

Al momento de su detención, este extranjero no contaba con documentos de identidad, según detalla el informe.

En su poder incautaron un cuchillo de mesa de la marca Tramontina, con mango de color lila, que sería el arma utilizada en la agresión.

El caso fue comunicado a la agente fiscal Julia González, quien dispuso que el sospechoso permanezca a disposición del Ministerio Público.

El planteamiento fue realizado durante una reunión de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Yamil Esgaib, en el marco del análisis de la iniciativa que regula la actividad y la seguridad de los prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y reparto.

Los representantes del sector manifestaron su preocupación por la demora en el estudio del proyecto y señalaron que la ausencia de reglas claras dificulta la implementación de mecanismos que garanticen mejores condiciones de seguridad, protección y desarrollo para los trabajadores de plataformas.

Explicaron que la propuesta aún se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores, donde permanece pendiente de dictámenes e informes solicitados a diversas instituciones. En ese sentido, pidieron el acompañamiento de la comisión asesora para impulsar su avance.

El proyecto de ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico uniforme para la prestación de servicios mediante plataformas digitales en todo el territorio nacional. La iniciativa busca otorgar seguridad jurídica a usuarios, conductores, repartidores, empresas y organismos públicos, además de evitar diferencias regulatorias entre municipios.

La propuesta también apunta a acompañar el crecimiento de la economía digital en Paraguay, reconociendo que miles de personas obtienen ingresos mediante plataformas bajo modalidades de trabajo flexible e independiente, promoviendo al mismo tiempo la formalización del sector.

Entre los principales ejes del proyecto figura el fortalecimiento de la seguridad mediante la verificación de identidad de conductores y usuarios, la creación de un Registro Nacional de Prestadores de Servicios, mecanismos de denuncias y reclamos, protección de datos personales, protocolos de emergencia y políticas de no discriminación.

Además, la iniciativa contempla la conformación de un Grupo de Trabajo Permanente integrado por representantes del Estado, las empresas y los prestadores de servicios, con el objetivo de evaluar la evolución del sector, proponer mejoras regulatorias y buscar un equilibrio entre la innovación tecnológica, la seguridad y la protección de los usuarios y trabajadores.